GAS Y PETRÓLEO

Despejar la incertidumbre, la clave del informe de Sánchez

El contexto internacional está raro en general y la relación con nuestros vecinos y compradores de gas más rara. Bolivia en sí está en plena convulsión electoral y la dinámica en el Ministerio de Hidrocarburos tiene ya su propia inercia: el ministro Luis Alberto Sánchez completará – salvo imprevisto – toda la tercera legislatura de Evo Morales al frente de la cartera más importante para el país y su desarrollo soberano. Por eso, ni políticos ni analistas esperan otra cosa que “buenas noticias” del informe que hoy brindará en Yacuiba.

El petróleo sube sin muchas ganas desde enero, cuando se cayó a los 45 dólares por aquellas cosas de los cálculos de la OPEP. Ayer cerró en 57,31 dólares que es lo que los expertos preveían para este 2019: entre 55 y 65, que para Bolivia es 12 dólares por encima de lo contemplado en el Presupuesto General del Estado. De lo que se habla en realidad es de la segunda generación de “fracking” y la estrategia de Donald Trump para tener petróleo barato para su reelección sin dañar demasiado a los amigos saudíes a costa de Venezuela. EEUU quiere ser exportador neto y eso genera no pocas tensiones en la industria más sensible del capitalismo.

Con los vecinos, Brasil es ahora Bolsonaro, un presidente que como sus anteriores prioriza la política, pero desde las tesis contrarias. Si el tándem Lula-Dilma honró con creces los compromisos de compra y no los de inversión, el equipo de Bolsonaro ya ha empezado a generar todo tipo de informes – como el de la Agencia Nacional del Petróleo – que desaconsejan seguir comprando a Bolivia sin mayores argumentos, pues no en vano, Bolsonaro está en las antípodas ideológicas del régimen de Morales, aunque por el momento todo es prospección. El contrato sigue permitiendo vender 30,5 millones de metros cúbicos pero se compran más o menos 24 que es lo obligatorio de pagar. El contrato acaba en junio y se entra en una fase especial de la que Sánchez también podría hablar en su informe.

Con Argentina sin embargo la tensión se ha palpado, pues Mauricio Macri también quería ser el paladín antibolivariano, que unido a las recetas del FMI y la necesidad de cuidar sus dólares, hizo que desde mayo hasta noviembre no pagaran por el gas entregado por Bolivia. El plan incluía el azote permanente a la credibilidad de la producción en Bolivia. El objetivo era forzar una negociación para reducir los volúmenes obligatorios de compra, que rondaban los 20 millones de metros cúbicos. Ahora han bajado a 11 a en verano y 16 en invierno con un ligero alza en el precio. Argentina calcula ahorrarse 450 millones de dólares y es conocido que el gas que honra ese contrato sale esencialmente de Tarija, lo que tendrá un impacto directo en las regalías departamentales y de la Región Autónoma del Chaco.

Los planes en el país

Los críticos señalan que en esta coyuntura internacional, que de alguna forma era previsible, al Ministerio de Hidrocarburos le ha faltado cintura para tomar las previsiones. O se ha dormido. Las divergencias políticas son recientes, pero que la Argentina desarrollaba Vaca Muerta – el mayor yacimiento no convencional del cono sur – y Brasil el Presal – un proyecto arriesgado en aguas profundas – con el objetivo de ser más temprano que tarde autosuficientes en materia energética lleva años en la agenda.

El plan de postnacionalización de 2006 preveía la implementación petroquímica (urea, amoniaco, polipropileno, polietileno) hasta 2020 – 2022, fecha en la que culminaba el contrato con Brasil y maduraba el de Argentina – con plazo hasta 2026 -, para dejar de exportar gas en bruto y empezar a exportar producción local, los más soñadores hablaban de un emporio del plástico en el Chaco.

La escasez de reservas en el país, que soporten los planes de industrialización, ha motivado que el Ministerio opte por dos proyectos en clara oposición con la línea pachamamista exhibida por Evo Morales: la exploración en áreas protegidas y la apuesta por el no convencional. Las dos decisiones se han materializado en 2018 con Tariquía por un lado y la entrega de Miraflores a una empresa supuestamente especialista en fracking.

A nivel local, además de la preocupación por los retrasos en industrialización y por Tariquía, donde los comunarios exigen consulta previa para expresar su rechazo, preocupa también el resultado en Boyuy, el declive en San Alberto y la sustitución de volúmenes de exportación desde Incahuasi, lo que reducirá las regalías.

(El País)

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