GAS Y PETRÓLEO

Seis muertos por acción militar ante un atentado en planta de YPFB

Al menos seis personas murieron en una acción militar durante un atentado dinamitero en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en la zona alteña de Senkata. Un grupo afín al expresidente Evo Morales incendió, además, vehículos dentro de ese predio, después de que un convoy de carros cisternas con combustible salió hacia La Paz de forma pacífica.  

“Están tumbando  los muros, los militares ya  están fregados, se están replegando. Ahora es guerra civil. ¡Ahora sí, guerra civil!, están disparando de adentro, ya le han dado a uno”, describió uno de los manifestantes que filmaba lo que ocurría ayer en la avenida 6 de Marzo.

Unas 200 personas regresaron a la planta de Senkata minutos después de que 45 cisternas cargadas salieron del lugar, custodiadas por más de 25 vehículos militares y policiales, rumbo a La Paz. Rodearon el lugar, primero lanzaron piedras y después se acercaron con explosivos al muro. 

Las imágenes muestran cómo dos lugares de la pared son derribados, se escucha la detonación de explosivos y seguidamente se observa fuego dentro de la planta. Luego de unos segundos se escuchan disparos de armas de fuego.

Cuando cayó el primer herido, otros manifestantes fueron a auxiliarlo, pero ya era tarde, el disparo le había llegado en el pecho. “Son personas que tumbaron el muro a dinamitazos, cómo se puede reaccionar frente a eso, estamos hablando de una planta de gas y gasolina”, dijo un coronel de la Policía que estaba en el lugar en pleno resguardo. 

Con los muros caídos, la gente enardecida entró y prendió fuego al menos a cinco coches. “¡Échale (combustible) al tanque”, gritaba un bloqueador.

Los muertos

Horas después, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado e informó sobre tres personas fallecidas: Deybi Posto Cusi, de 31 años, Edwin Jamachi Paniagua y un tercer fallecido no identificado, además de al menos 30  heridos. Los tres decesos se debieron a impactos de bala.

Sin embargo, más tarde la cifra de personas fallecidas subió a cinco y, antes de medianoche, el jefe médico del Centro de Trauma del hospital Corazón de Jesús confirmó un sexto deceso.

En la noche, el ministro de Defensa, Fernando López, aclaró que hubo 25 heridos. Informó que pasadas las 11:30 un grupo violento intentó tomar la planta en actos que calificó como “terrorismo de Estado”. “Aclarar que de las Fuerzas Armadas no salió ni un proyectil”, aseguró la autoridad y añadió que espera el informe forense para determinar qué tipo de bala mató a las personas. 

La Defensoría pidió la desmovilización de las Fuerzas Armadas. “Se observa que hay protestas protagonizadas por sectores sociales en las que se requeriría sólo la intervención policial con fines disuasivos y de diálogo”.

Si bien la Defensoría asegura que los muertos fueron por disparos de arma de fuego, desconoce las circunstancias en las que se produjeron. “La institución defensorial pide al Ministerio Público se inicie la inmediata investigación para esclarecer estas muertes y sancionar a los responsables”, destaca. El fiscal departamental William Alave, anunció que hay 110 causas abiertas por lo sucedido.

No obstante, en un comunicado, las FFAA explican que había información de inteligencia la cual indicaba que los vándalos querían destruir las instalaciones de YPFB por lo que se tuvo que responder como manda la Ley Orgánica de la institución.

“Después de la salida de los cisternas, los agitadores y vándalos enardecidos destruyeron parte de las instalaciones, muro perimetral y portones de ingreso utilizando explosivos de alto poder, ocasionando daños que pueden generar un peligro mayor para la población en caso de una explosión en cadena”, aseguran las Fuerzas Armadas.

La institución castrense explicó que la salida de los cisternas se la hizo de forma pacífica una vez agotada la negociación con los bloqueadores, pero después se toparon con la intransigencia de la dirigencia de ese movimiento.
 

Human Rights habla de “abusos” del Gobierno

“Las autoridades bolivianas deberían derogar de inmediato un decreto del 15 de noviembre de 2019 que otorga a las fuerzas militares excesivas facultades discrecionales para el uso de la fuerza. Asimismo, deberían dejar de hostigar a periodistas independientes y opositores al gobierno”, afirma  Human Rights Watch (HRW).

“Desde que Jeanine Añez asumió la presidencia interina, el gobierno ha adoptado y anunciado medidas alarmantes que violan los estándares de derechos humanos fundamentales. El decreto  contribuye a la impunidad de los abusos militares en el contexto de los operativos de control de manifestaciones públicas”, señala.

“Estamos profundamente preocupados por las medidas adoptadas por las autoridades, que parecen priorizar la represión brutal de opositores y críticos y otorgan a las fuerzas armadas un cheque en blanco para cometer abusos, en vez de concentrarse en reestablecer el Estado de Derecho en el país”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

El  peligro

  • Tesis Las redes informaron que según la tesis de Grado de la UMSA Seguridad Ocupacional y Plan de Contingencias de la Planta Engarrafadora de Senkata, la investigadora Ana Luisa Pari Ticona advierte que si explotaran las dos esferas de gas licuado de la planta de YPFB, desaparecería El Alto. A cinco kilómetros alrededor de estas esferas se lamentaría al menos 10.000 muertes.
  •   Agresiones Un periodista y un camarógrafo de Bolivia Tv fueron agredidos y víctimas del robo de sus equipos. Los vándalos no dejaron pasar una ambulancia en Senkata.  

(Página Siete)



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