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Ing. Carlos Miranda |
Esta es la tercera vez que nacionalizamos los
hidrocarburos. Casi cada treinta años, no vacilamos en
tomar las medidas nacionalizadoras, depositando las
esperanzas que con el manejo a través del Estado,
lograremos obtener todos los beneficios de esos
preciosos recursos naturales que nos permitan esperar
días mejores.
Examinando nuestras
experiencias de las dos primeras nacionalizaciones,
podemos ver que hemos salido airosos fundamentalmente
por la coincidencia de dos factores: acontecimientos de
la coyuntura internacional, sobre los cuales no tenemos
ningún control y el desempeño de YPFB. Los cínicos
probablemente podrían decir: suerte afuera y suerte
adentro. Recordemos.
La primera
nacionalización tuvo lugar un par de años antes del
inicio de la II Guerra Mundial. Los reclamos de Standard
Oil pusieron al país en cuarentena internacional, pero
esa fue desarticulada frente a la necesidad de los
minerales bolivianos. Los reclamos desaparecieron con el
pago disimulado de una indemnización calificada
piadosamente como “compra de estudios” por $US 1.7
millones. Por su lado el naciente YPFB tuvo un
comportamiento ejemplar y creciente hasta obtener su
mayor éxito al lograr el autoabastecimiento del país,
sentando así la imagen de la industria estatal
emblemática, que todavía perdura en la conciencia
nacional colectiva.
La nacionalización de
Gulf casi coincidió con el inicio de la primera escalada
de precios del petróleo, que después se volvió
espectacular con el bloqueo árabe de los 70's. Estos
aumentos de precios pudieron ser aprovechados por el
país gracias a la solvencia técnica de YPFB, que
restituyó rápidamente los volúmenes de producción de los
campos nacionalizados. Brevemente, la indemnización y
crédito por el gasoducto que se había planeado pagar en
25 años con la exportación de esos campos, fue posible a
los 9 por la subida de precios. En resumen, los árabes e
YPFB solucionaron los problemas mayores de la
nacionalización.
Con esa tradición y
estando el país con leyes de hidrocarburos (1972 y 1990)
que le asignaban a YPFB un monopolio muy similar al de
la ley actual, el ente estatal se convirtió en la
principal empresa del país. Lamentablemente, la empresa
emblemática de los años previos cayó presa de la
filosofía de “lo que es bueno para YPFB, necesariamente
es bueno para el país. Si alguna disposición legal nos
contradice, se tendrá que cambiarla”. Sintiéndose por
encima de la ley, llegó a tener más de 8.000 empleados,
con casi 18 sueldos por año, y otros excesos,
convirtiéndose en el mejor botín político.
¿Y ahora, en la tercera
nacionalización, cómo estamos? Las condiciones
internacionales están inmejorables con los mejores
precios del petróleo y el gas que se hayan conocido.
Sentados sobre varios trillones de pies cúbicos de gas,
que es el combustible del Siglo XXI, y rodeados de
vecinos sedientos de energía. Solo falta que YPFB
cumpla como en el pasado. Ha retomado el mayoreo sin
mayores dificultades, pero de repente se halla en una
confrontación con la Superintendencia de Hidrocarburos.
La Superintendencia, al
examinar una solicitud de exportación de petróleo por
una empresa privada, toma conocimiento de que la empresa
es una intermediaria que compra el petróleo a YPFB, lo
vende a una refinería brasilera y paga a YPFB en dinero
y con diesel obtenido del petróleo que le fue vendido.
La Superintendencia
niega el permiso de exportación aduciendo que el Decreto
de nacionalización encomienda a YPFB hacerse cargo de
toda la comercialización y no a terceros. También
objeta que la internación de diesel, como parte del
pago, no está amparada por los trámites que cualquier
persona debe realizar si desea importar ese
combustible. Y más aún, al examinar el contrato de
venta de crudo, concluye que los precios están bajos, lo
cual podría significar un daño económico al Estado de
llevarse a cabo la operación y finalmente envía copias
de los papeles a conocimiento del Ministerio Público.
La reacción airada de
YPFB y la acusación de técnicos de la Superintendencia,
que se les ha tratado de forzar a retractarse, le han
dado al incidente característica de escándalo.
El esclarecimiento ha
sido encomendado a labores de auditoria de YPFB y la
Superintendencia, pero una cosa es clara, la
Superintendencia en cumplimiento de la ley, que es su
función, no podía otorgar ese permiso de exportación de
petróleo.
También cumpliendo con
la ley, la empresa intermediaria tenía el derecho a
pedir que la Superintendencia revoque su decisión, si se
le negaba podía apelar a la Superintendencia General y
en última instancia a la Corte Suprema de Justicia.
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