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Ing. Carlos Miranda |
La provisión de fondos para el YPFB “refundado” se está
volviendo una historia sin fin, llena de sorpresas y
sobresaltos dignos de las novelas televisivas.
Con la capitalización,
por Ley se asignó a YPFB el 6% de la producción para que
supervise los contratos de riesgo compartido. Vino la
Ley 3058, que le encomienda realizar todas las
actividades de la industria, le estableció la
organización más inoperante que pueda existir, eliminó
el 6% y no le asigna un centavo. Con el Decreto de
Nacionalización se instruye terminantemente a YPFB
participar en toda la cadena productiva y se le asigna
el 32%, por seis meses, de la producción de San Alberto
y San Antonio. Esta asignación representa unos $US 240
millones que es una suma respetable en cualquier parte
del mundo para una empresa que recién está
reorganizándose y no tiene ninguna actividad operativa
claramente definida.
Ahora se nos comunica
oficialmente, que se está preparando un proyecto de ley
para la reorganización de YPFB. Para modificar la
pésima organización que manda la Ley 3058 es necesaria
otra ley. Hasta ahí vamos bien. Ojala no se repita el
error cometido en la 3058. Lo importante, como es en
todo el mundo, es permitir a YPFB la posibilidad de
cambiar su organización interna en función de las
necesidades. Una ley fijando la organización, es una
camisa de fuerza, con el doble peligro que de acuerdo a
nuestra práctica política, la ley al detalle será
resultado de negociaciones partidarias y se terminará
con algo como la actual. Al Ejecutivo e YPFB se le han
facilitado contactos con Noruega y Holanda, sería bueno
que adapten al país lo que son las empresas estatales en
esos países.
La organización
racional de YPFB se podrá efectuar cuando terminen los
180 días previstos para la definición de los nuevos
contratos. En ese momento recién se sabrá cómo tendrá
YPFB que manejar la industria. Si todas deciden
marcharse, YPFB tendrá que asumir toda la
responsabilidad, directamente o con otras compañías
contratistas. Si algunas se quedan, y lo más probable
es que sean todas, las actividades de YPFB serían
menores en operaciones de campo. En ese momento, a la
luz de la realidad, y los planes de otra índole como la
mentada industrialización del gas, recién se podrá
definir una organización adecuada.
Lo anterior nos lleva a
la segunda parte del comunicado del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía del 11 de Julio pasado.
La noticia indica que
la “participación de YPFB en toda la cadena productiva
de los hidrocarburos, dispuesta por la Ley 3058 y el
Decreto 28701 y complementada por las Resoluciones
Ministeriales 184 y 185 del Ministerio de Hidrocarburos,
esta temporalmente suspendida, debido a la falta de
recursos económicos de la empresa estatal.” Y que “para
superar esta limitación, se gestiona ante el Banco
central un desembolso de 180 millones de dólares, con
los cuales YPFB operará en toda la cadena productiva.”
Esto último es
totalmente revelador. Pero primero unas breves líneas
para el hombre de la calle, describiendo esa críptica y
monumental frase: “participación plena en la cadena
productiva de los hidrocarburos”. Literalmente es
realmente una frase enorme cuando se refiere a la
industria petrolera que es tan vasta y variada. Pero
para efectos nuestros, la ley 3058 y D.S. 28701, quiere
decir en palabras simples que YPFB participe en la
exploración, la producción o extracción de los
hidrocarburos, su tratamiento separando líquidos, gases
y LPG, transporte por oleoductos y gasoductos, la
refinación del petróleo para obtener carburantes y la
venta de todos los productos antes mencionados, fijando
cantidades precios y destinos. Las diferentes empresas
realizan esas labores en su totalidad o por partes.
YPFB no tiene ni una
sola instalación, ni maquinaria propia para realizar
cualquiera de esas labores, salvo la Terminal de Arica
que recibe petróleo y lo embarca en barcos tanqueros y
que actualmente la tiene alquilada para su operación.
Como la nacionalización
actual, por definiciones repetidas muchísimas veces a
los máximos niveles, no implica confiscación o
expropiación de los activos de las compañías, la
participación de YPFB en “toda la cadena productiva”,
tendría que ser comprando y operando las instalaciones,
o haciendo un seguimiento documentario con ciertos
puntos de chequeo físico. Los 240 millones, más los 180
que se podrán pedir, no serían suficientes para comprar
todas las instalaciones de la cadena productiva en el
país y los $US 240 millones con los que cuenta son
demasiado para un seguimiento documentario hasta Octubre,
cuando se definirá cómo quedará conformada la industria.
Por tanto, es otra ligereza como la que se intentó al
tratar de destinar para YPFB solamente los ingresos de
la subida de precios de la Argentina, con la vaga
respuesta de ser necesarios para la “industrialización
del gas”.
Para cerrar, un último
pensamiento del hombre de la calle, que siempre ha
admirado al YPFB de antaño. YPFB fue creado el 1937 con
una asignación de 200.000 bolivianos de esa fecha. En
toda su historia, hasta la fecha no necesitó el auxilio
del Estado para funcionar, salvo en los 50's que fondos
de Comibol se canalizaron a YPFB, $US 50 millones, para
ejecutar el llamado “Plan Camiri” de modernización de
equipos. Propósito claramente definido que dio los
resultados más significativos de YPFB, gracias al “Plan
Camiri”, se logró el autoabastecimiento del país.
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