Septiembre de 2006     

Ing. Carlos Miranda

La puesta en escena el día de la promulgación del Decreto de Nacionalización de los hidrocarburos ha sido realmente espectacular. Las imágenes de altas autoridades portando cascos de trabajo, acompañados por efectivos de las Fuerzas Armadas, vestidos con trajes de combate y portando armas de guerra, todos ellos ocupando campos y otras instalaciones petroleras en el país, dieron varias vueltas al planeta. El mensaje fue contundente. El gobierno boliviano había tomado control de la industria petrolera en su país. Fue tan contundente, que ciudadanos cariocas reclamaron a su gobierno la defensa armada de las instalaciones de su amado Petrobrás, ocupadas por el ejército boliviano. Hasta hace unas semanas, muchos bolivianos también han debido pensar que el Estado tomó control de las instalaciones petroleras en el país. Se le estaba cumpliendo la promesa electoral de nacionalizar los hidrocarburos.

Pero la realidad es otra. Ese 1ro. de Mayo, nadie ocupó nada. La industria continuó y continúa funcionando igual que antes, con la misma gente, pagada por las mismas compañías y todos trabajando normalmente. Nada que ver con el 17 de octubre de 1969, cuando las instalaciones de Bolivian Gulf fueron tomadas, ocupadas y operadas por un contingente de profesionales de YPFB altamente calificados, que mantuvieron la industria operando normalmente. Se lo hizo sin fanfarria, ni televisión y muy pocos fotógrafos para registros históricos del hecho. No obstante que inmediatamente las exportaciones de petróleo fueron bloqueadas hasta que se arribó a una solución indemnizatoria con la empresa nacionalizada, en ningún momento, hasta hace un  par de semanas, YPFB requirió ayuda financiera del gobierno y menos del Banco Central de Bolivia.

La admisión pública por el gobierno e YPFB que para “participar en toda la cadena productiva” y ejercer el “control total y absoluto” de la industria, el ente estatal precisa 180 millones de dólares, ha dejado estupefacto al grueso de la gente que pensaba que con la nacionalización se evitaba que las empresas petroleras continúen “saqueando” el país.

Al mismo tiempo, las agencias de noticias que habían propalado la ocupación de las instalaciones petroleras difundieron con igual eficiencia la noticia que el Estado boliviano no podía ejercer control por falta de fondos. La noticia se prestó a muchas interpretaciones, pero mayormente recibió el dictamen que por lo visto los bolivianos no sabían a lo que se habían metido.
El gobierno (YPFB) ha publicado una especie de aclaración y una lista del destino de los $US 180 millones.

La cuenta adjunta a la confusa explicación parece la del Gran Capitán, en la cual para llegar a los 180 millones incluye una partida de 57 millones para pagos varios! Más adelante indica que si bien son 180 millones, solo precisa 90 porque ya tiene 90.  ¡Extraordinario! Parece que como el Mercado Camacho está al frente del edificio de YPFB, el sistema de hacer negocios del mercado se ha traspasado a YPFB. ¡Quién no ha escuchado en ese mercado este tipo de ofertas: “Comprame caballero, vale 20 pero te lo doy en 10”!

Pero de la mala explicación sale la verdad. El petróleo y gas que se producen pagan regalías, impuestos y contribuciones por mes anticipado. Esos hidrocarburos son trasladados al mercado por las compañías de transporte a las cuales se les debe pagar por el servicio, generalmente a los 15 días después de transcurrido el mes. Los hidrocarburos son entregados a los compradores, que por lo general tienen 30 a 45 días para pagar la factura. Una vez cerrado el círculo, quedará para las empresas algo menos del 50% y en otra cerca pero menos de 18%. YPFB aduce que necesita $US 180 millones para hacer esos pagos, “recuperar” la producción a boca de pozo y ejercer “control total y absoluto sobre la producción”.

De cándida a patética pasa la admisión que después de tres meses de nacionalizar, recién se den cuenta cómo había sido el negocio de comercializar la producción. Esa admisión se vuelve casi grotesca cuando se nos detalla el destino de los 180 millones supuestamente necesarios.

Un comentario - pregunta. ¿Asumiendo que los 180 millones son necesarios  y que como se admite se tiene 90 para controlar un negocio en el cual la producción es segura (al menos mientras sigan los que están), el transporte también y los compradores son serios, reunir los 90 restantes, no sería un problema elemental de financiamiento que puede solucionar cualquier economista, financista o administrador de empresas? Si no confían en los nacionales que pueden tener el estigma de “neoliberales”, estoy seguro que un par de profesionales noruegos solucionarían el problema en dos por tres. No en vano en la industria a los petroleros noruegos se los conoce como los “árabes de ojos azules”.

Comentario final que nos debe preocupar a todos, porque la nacionalización es un hecho político irreversible, cuyos beneficios y/o dificultades dependen del desempeño de YPFB. Todo lo anterior está mostrando que el ente estatal está escaso de personal experimentado y conocedor de la industria. Pero ojo. Lo anterior no debería ser utilizado para llenarse de personal. La cantidad no produce necesariamente calidad.  YPFB tenía ± 600 empleados antes de la Ley 3058. A fines del 2005 llegó a 1.000. ¿Cuántos tendrá ahora?