Septiembre de 2006     

Ing. Carlos Miranda

El proceso para la firma de los contratos petroleros de exploración y explotación que reemplacen a los contratos de riesgo compartido, parece haberse iniciado firmemente.  Se ha publicado un calendario de reuniones con las compañías y una lista de las auditorias que se están realizando a ciertos campos y empresas.  Además, se indica oficialmente que se cumplirá con el plazo de 180 días para el cambio de contratos previstos en el Decreto Nacionalizador No. 28701.

Lo anterior está muy bien. El final de la época de incertidumbre parece cierto y cercano.  El gobierno de turno, desde que se adoptó el Agenda  de Octubre, ha sumido a la industria petrolera nacional en la incertidumbre, quitándole el ritmo pujante con el que se movía, situación que se fue agravando al punto tal que a la fecha estamos muy cerca del tope de nuestra capacidad productiva, que inclusive insinúa problemas a corto plazo para el abastecimiento interno.

La reactivación que podría producirse si las negociaciones son satisfactorias para el Estado y empresas, sería muy oportuna, ahora que se anuncia estar muy cercanos a firmar un contrato de suministro de gas a la Argentina por 27.5 MMm3/d por 20 años.  Cumplir ese compromiso significaría casi duplicar nuestra producción mientras se construye el gasoducto respectivo. Esa labor requerirá fuertes inversiones, gran capacidad organizativa y gerencial.

Pero, volvamos a los contratos.  Sobre el futuro gasoducto hablaremos cuando se conozca el contrato de venta con la Argentina.

Unas notas informativas.  YPFB reporta haber suscrito 71 contratos de riesgo compartido.  Eso no quiere decir 71 empresas.  Cada contrato es por un área específica y han sido suscritos con 17 empresas.  Algunas tienen varias áreas, otras agrupadas están en una o varias áreas.  En palabras simples, se tienen 71 áreas contratadas con 17 empresas solas y/o mezcladas entre sí.

Por otro lado, con la nacionalización, YPFB es socio minoritario de Chaco S. A. y Andina S. A.  Entre las dos han firmado 37 de los 71 contratos.  Como, según el D.S. 28701, YPFB debe llegar a tener el control accionario de esas empresas (todavía no se sabe cómo), se llegaría al punto que YPFB esté renegociando 37 contratos consigo misma.  Lo cual dejaría 34 áreas con contratos a ser renegociados.  Dentro de esos 34 contratos, existen 6 áreas en las que también están Chaco S. A. y Andina S. A., asociadas con otras empresas.

De todas maneras, todas las empresas, por cada área, han suscrito un contrato de adhesión después de haber ganado la misma en una licitación, de las que se efectuaban dos veces al año y ya no se realizan en los últimos dos años.  El contrato era el mismo para todas, no habiendo necesidad de ninguna negociación porque todas sus obligaciones y derechos estaban en la Ley 1689 (abolida).  Esta metodología transparente fue el fruto de experiencia desde los 70 y es la utilizada mundialmente.

Ahora bien, la Ley actual No. 3058 establece que los nuevos contratos a los que deben cambiarse los actuales, pueden ser de cualquiera de estas tres modalidades: Operación, Asociación o Producción compartida.  Sin entrar en detalles, el rasgo fundamental de todas ellas es que el Estado reconocería a la empresa una retribución por sus servicios, en dinero o en especie, y que esa retribución debe ser fruto de una negociación.

Con lo anterior se podía tener un inmenso número de alternativas de contratos.  Pero no.  Se nos informa que el gobierno está sometiendo a consideración de las empresas un solo tipo de contrato de operación.  Decisión correcta, uniformiza los contratos.  Ahora queda el espinoso tema de cómo establecer contrato por contrato la participación o remuneración que dará el Estado y no caer en criterios discrecionales, tan proclives a la corrupción.  Finalmente, queda que las empresas estén dispuestas a ser contratistas de YPFB, no socios y menos patrones, que nunca lo fueron.  Llegó la hora de la verdad.

Una acotación final.  En repetidas ocasiones las autoridades de gobierno han indicado que a partir del 1° de Noviembre se contará con nuevos contratos, cumpliendo con el plazo de 180 días señalado en el D.S. Nacionalizador.  Como este gobierno es tan amigo del simbolismo (Tiwanaku, milluchadas, etc.), me permito hacerle notar que los 180 días se cumplen el 28 de Octubre y no el 1° de Noviembre, que es el Día de Difuntos.  Mal día para iniciar cualquier emprendimiento.  ¡Kencha!