Balance de Mayo a Mayo

Hace un poco más de un año la industria petrolera fue sorprendida con el anuncio de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. El proceso de nacionalización fue iniciado el 1° de Mayo del 2006, con un Decreto Supremo, fue leído por el Presidente de la República en las instalaciones de un campo petrolero, acompañado de las Fuerzas Armadas en traje de combate. Las cadenas de televisión difundieron esas dramáticas y rotundas imágenes que acompañaron la lectura del también rotundo Decreto Supremo, llamado Decreto Supremo de Nacionalización “Héroes del Chaco”.

El decreto nacionalizador comienza enunciando la recuperación de la propiedad, posesión y el control total y absoluto de los hidrocarburos en Bolivia.  Para este efecto dispone:

A partir de ese día, la entrega total de la producción de gas y petróleo a YPFB, que a su vez comercializará esta producción, definiendo precios y destinos, interno y externo, de esos hidrocarburos.

Las compañías que acepten lo dispuesto por el Decreto Supremo, tendrían 180 días para cambiar sus contratos.  Las que no lo hagan, deberán dejar de operar para que YPFB se haga cargo.  Por ese lapso de 180 días, los campos que produjeron un promedio de más de 100 millones de pies cúbicos por día el 2005, deberán tributar un 32% adicional destinado a YPFB, sumando en esa forma 82% de los ingresos para el Estado. El resto de los campos productores continuarán pagando el 50% conforme a la Ley de Hidrocarburos.

La contabilidad de todas las empresas petroleras sería auditada para establecer sus inversiones, costos de operación y ganancias. La información sería utilizada en la discusión de los nuevos contratos.

Se disponía que las acciones de las empresas Chaco S. A., Andina S. A. y Transredes S. A., que estaban en fideicomiso en los Fondos de Pensiones, sean transferidas gratuitamente a YPFB.

Se nacionalizaban el número de acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 de las empresas Chaco S. A., Andina S. A., Transredes S. A., Petrobrás Bolivia Refinación S. A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S. A., para que en esta forma YPFB esté presente en toda la cadena productiva del sector.

Un año después de la promulgación del decreto nacionalizador, no se lo ha cumplido en su totalidad, pero se han logrado avances sustantivos e irreversibles.

Las acciones que estaban en fideicomiso en los Fondos de Pensiones, fueron transferidas gratuitamente sin mayores dificultades. Así ahora YPFB es socia minoritaria en Andina S. A., Chaco S. A. y Transredes, S. A., tiene miembros en el Directorio de cada empresa y anuncia que en breve iniciará negociaciones para adquirir el 50% más 1 de las acciones y controlar esas dos empresas del upstream y Transredes S. A., la mayor transportadora de hidrocarburos líquidos y gas en el país.

En una negociación cargada de suspenso político, parecida a las que ha llevado a cabo Grazprom en otras partes del mundo, YPFB ha logrado el total de las acciones de las refinerías que eran propiedad de Petrobrás (Petrobrás Bolivia Refinación S. A.) en un precio razonable. YPFB vendió esas refinerías el 1999 en $US 104 millones y ahora las compra en mejores condiciones técnicas por $US 114 millones. El pago será en dos cuotas a corto plazo. No obstante un ultimátum del gobierno de Brasil, al finalizar la negociación, ambos gobiernos han expresado su complacencia.

El hecho más importante ha sido la firma de los nuevos contratos de exploración y producción con las compañías petroleras, con el teatralismo con el cual el gobierno acompaña este proceso. A la terminación exacta de los 180 días que otorgaba el decreto nacionalizador, las compañías firmaron sus nuevos contratos. La ceremonia en la que e estaban el Presidente y Vicepresidente del país, fue televisada hasta altas horas de la noche.

En gran resumen, los 71 contratos previos a la nacionalización, se convirtieron en 44, mediante la agrupación de algunas áreas. Los 44 contratos han sido firmados por las 14 empresas que estaban presentes antes de la nacionalización.

Los contratos, llamados Contratos de Operación, son una continuación de los anteriores de Riesgo Compartido. Las áreas no han sido cambiadas, la duración es por el número de áreas que restaba a cada una de ellas antes de la nacionalización.  Casi todos por más de 30 años.

El “timing” del gobierno para la firma de estos nuevos contratos fue perfecto. Diez días antes YPFB y ENARSA de la Argentina habían firmado un contrato de venta de gas boliviano por 20 años que se inició en Enero de 2007, por volúmenes crecientes hasta alcanzar 27.7 millones de metros cúbicos por día al 2010, hasta la finalización del contrato. Prácticamente otro contrato de exportación igual al que se tiene con Brasil en volúmenes y plazos. Mucho más conveniente en precios, porque la fórmula de precios, similar a la que se tiene con Brasil, tiene como base $US 5.-/MMBTU. Requerirá un esfuerzo boliviano muy menor al realizado para la exportación a Brasil. Las reservas están descubiertas, se precisa un tramo muy corto de gasoducto en Bolivia (± 40 Km.) para conectar con el gasoducto que ENARSA debe construir en la Argentina para que el gas recorra el noreste argentino antes de llegar a Buenos Aires, razón por la cual es denominado como el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).  Este contrato fue indudablemente el elemento que destrabó la tensa relación entre empresas petroleras y el estado boliviano.

El requerimiento de nuevos contratos diferentes a los que habían firmado en la década de los 90 data desde Mayo 2005 con la Ley 3058. Después de un enrevesado y conflictivo manejo de los documentos, los nuevos contratos han sido aprobados por el Congreso, con una ley por cada contrato. Esos documentos han sido protocolizados para tener validez legal. A esa fecha, también se eliminó el pago adicional del 32% para los megacampos de San Alberto y Sábalo, que afectaba a Petrobrás, Total y Repsol-Andina, por ser el consorcio que explota esos campos. Ahora todas las compañías petroleras tributan el 50% de los ingresos obtenidos por la venta de lo producido. El restante 50% será utilizado para devolver al productor todos sus costos incurridos para lograr la producción vendida, excepto el pago de impuestos. Se espera que esa devolución no absorba todo ese 50% restante y que todavía quede un saldo. Ese saldo será destinado para el pago de una utilidad a la empresa y otra a YPFB.

A partir de esa fecha, YPFB está recibiendo el total de la producción de cada operador, para su venta bajo los contratos de compra-venta existentes. En un período de 180 días, YPFB deberá celebrar nuevos contratos de venta y transporte para comercializar toda la producción.

Finalmente, a fines de Mayo, por Decreto Supremo, se le se le asignan 21 áreas con una superficie de 5.7 millones de hectáreas para que YPFB realice labores de exploración y posterior explotación, por sí sola o asociada con empresas de los estados con los que Bolivia tiene convenios de cooperación energética o con las compañías que hubieran desarrollado primero un programa de estudio para YPFB. Léase esto como Venezuela y PDVSA.

Como un gran resumen se puede concluir que el proceso de nacionalización no ha concluido y continúa en ejecución, para lograr el control “total y absoluto” de los hidrocarburos.

Para esto, falta la definición del control de los oleoductos, Chaco S. A. y Andina S. A.

Como Bolivia no es solo hidrocarburos, un breve vistazo al resto de las actividades. En Sucre está funcionando una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política. La minería es ahora el sector de mayor inversión privada directa. El año pasado ± 160 millones de dólares.  El gobierno está en negociación para nacionalizar la empresa de telecomunicaciones y finalmente, hace una semana, se ha declarado reserva fiscal a todo el territorio nacional para que toda actividad minera se realice en sociedad con Comibol, la empresa estatal.

Gran balance, continúa la marcha hacia el modelo del Capitalismo de Estado en Bolivia.