Hace un par de semanas llegaba por la noche en avión a la Ciudad de México. Cuando me trasladaba por automóvil a mi alojamiento, grande fue mi sorpresa el ingresar a una ciudad en oscuras. No obstante el apagón, el tráfico vehicular era tan intenso como de costumbre. Las avenidas y autopistas por las que me conducían, por la falta de iluminación en las casas, calles y edificios, daba la sensación de estar circulando por un gigantesco túnel. Después de una hora de travesía del norte al sur de la ciudad, llegué a mi alojamiento donde fui recibido con velas y linternas. El apagón duró hasta las tres de la mañana. No es poca cosa un corte de electricidad de casi 8 horas para una ciudad de 20 millones de habitantes.

Al día siguiente esperaba que los medios de comunicación registren el corte, sus efectos y sus causas. Nuevamente otra gran sorpresa, ni una palabra al respecto. Todos los medios estaban llenos de titulares, declaraciones, suplementos, etc. debatiendo sobre el plan de reforma energética propuesta por el Ejecutivo al Congreso Nacional.

El 8 de abril pasado, el Ejecutivo hizo llegar al Congreso por medio de la Cámara de Senadores un diagnóstico de la industria petrolera mexicana, las modificaciones de cinco leyes reglamentarias de la Constitución Política del Estado y el proyecto de una nueva denominada Ley Orgánica de PEMEX. El conjunto de documentos presentado al Senado ha sido bautizado con EL PROYECTO DE REFORMA ENERGÉTICA DE LA NACIÓN.

Esa misma noche por televisión el Presidente dio un mensaje reforzando los argumentos, señalando la importancia y urgencia de lograr el desarrollo de las reservas que se estima yacen en yacimientos profundos en el Golfo de México en aguas territoriales, además de dotar a PEMEX de una nueva dinámica operativa permitiendo la participación privada sin vulnerar el principio constitucional establecido en el artículo 27 de la Ley de Leyes Mexicanas. Adicionalmente, anunció la emisión de Bonos de PEMEX a ser adquiridos por ciudadanos nacionales y Fondos de Pensiones que: “otorgarán a sus tenedores una contra prestación vinculada al desempeño del mismo”, precisando que se podrán contratar a partir de100 pesos mexicanos.

Entrando en ciertos detalles importantes, se propone legalizar y ampliar los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), que fueron puestos en efecto por el gobierno anterior para lograr inversión privada en la explotación de gas. Esto a la vez habilitará a PEMEX a suscribir Contratos de Servicios Ampliados que estarían encaminados, sobre todo, a trabajo en aguas profundas en el Golfo. Fuera de las aguas territoriales mexicanas, los trabajos en aguas profundas están siendo intensamente realizados por las grandes compañías petroleras del mundo, pudiendo citarse entre ellas a PETROBRAS que ya ha logrado un importante descubrimiento.

La reforma mantiene la prohibición de contratos de riesgo, especificándose que la remuneración a las empresas contratistas será siempre en efectivo y en ningún caso con porcentajes de la producción.

En caso de conflicto, los contratos suscritos con PEMEX gozarían de arbitraje internacional.

Retirando parcialmente la exclusividad de PEMEX en el desarrollo de las actividades petroleras, se propone que “sectores sociales y privados podrán transportar, almacenar y distribuir gas así como los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímica básica”. Traduciendo esto a nuestra realidad, esa disposición permitiría la existencia de la Compañía Logística Boliviana, cuyo manejo mayoritario o propiedad total deberíamos definir hasta fin de mes.

La proyectada Reforma precisa que PEMEX podrá contratar la refinación y que su producción sea tratada bajo la modalidad de “maquila” con el objeto de disminuir y si posible eliminar la actual importación de gasolinas. Este aspecto amarga a los mexicanos ya que, al mismo tiempo que PEMEX exporta 1.6 millones barriles de petróleo por día, también se ve obligada a importar cerca de 400,000 bpd de gasolinas para satisfacer la demanda.

Las reformas propuestas están siendo fuertemente criticadas por amplios sectores de la ciudadanía mexicana, calificándolas de “un agravio al pueblo” que no ha perdido su orgullo nacionalista en el manejo estatal de la industria petrolera. No obstante lo anterior, no llega a aceptar el hecho que la producción y reservas estén disminuyendo rápidamente y que con la producción presente les durarían nueve años. Dependiendo del ritmo de crecimiento del país esto significa alrededor de seis años. Asimismo sienten escalofríos al saber que ya se ha contratado la compra de gas liquificado (LNG) del Perú. Parecería que el famoso dicho que “el primer negocio del mundo es una compañía petrolera bien manejada y el segundo, una empresa petrolera mal manejada” está flotando en el subconsciente mexicano que se resiste aceptar un PEMEX en dificultades financieras con los actuales precios del petróleo de más de $US 100 por barril.

Ante esta realidad los mexicanos parecerían estar de acuerdo que el Estado Nacional succiona los ingresos de PEMEX dejando a la compañía escasos fondos de operación.

Las reformas propuestas debían ser tratadas en el “fast track legislativo”, similar a nuestro tratamiento de “por tiempo y materia”. El partido de gobierno (PAN) parecía tener la mayoría necesaria para su aprobación en una alianza circunstancial con uno de los partidos opositores, PRI. Frente a esta máquina legislativa, denunciando la existencia de compromisos con empresas privadas como REPSOL, con un fino instinto político, el Lic. López Obrador – perdedor de la muy discutida última elección – ha convocado a la resistencia a las medidas propuestas y pide un diálogo nacional. Para este efecto, grupos sociales de su partido (PRD) aglutinados en el Frente Amplio Progresista (FAP), han tomado las instalaciones del Congreso impidiendo que éste desarrolle sus labores al punto que ni siquiera actos protocolares puedan realizarse, como la sesión de honor a la visitante Primera Ministra de la India. (Parece Bolivia al revés, verdad?).

El oficialismo ha flexibilizado su posición y plantea un diálogo por 50 días. El PRD no acepta e insiste en el diálogo nacional sin fecha límite que podría desembocar en un referéndum. Al escribir estas líneas nuevamente sufro un corte de energía eléctrica. Estos cortes inexplicados parecerían premonitorios de que el problema energético mexicano va más allá de la reforma de PEMEX. Una pena que este maravilloso país por la intensidad del debate sobre PEMEX esté crispado cuando parece estar encaminado a mayores dificultades energéticas.