La Ley de Hidrocarburos 3058 estipulaba el retorno de YPFB en todas las fases de la cadena productiva de la industria petrolera.

Recogiendo el mandato de la ley, el D. S. Nacionalizador Nº 28701 parecía haber adoptado una lógica prudente para el desarrollo del sector. La actividad más cara y riesgosa de exploración quedaba encomendada fundamentalmente al capital privado por medio de los contratos por los próximos 30 años. Lo anterior no impedía a YPFB, que mediante su participación accionaria en Chaco y Andina, también incursione en estas actividades. La comercialización de la producción en el mercado interno y la exportación está reservada para YPFB.

La participación de YPFB en la refinación y transporte asociado debía ser en asociación con la inversión privada, mostrando nuevamente una lógica cauta.

Todo lo anterior parecía indicar que el gobierno estaba consciente que YPFB no estaba en condiciones de asumir operaciones de campo. La capitalización dejó la empresa estatal como una administradora de contratos de riesgo compartido y de la exportación de gas al Brasil.

Ese accionar prudente y cuidadoso fue modificado al recuperar el control de las refinerías. Las refinerías fueron compradas en su totalidad. Igualmente, la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB).

El haber ido más allá de lo que indicaba el Decreto Nacionalizador al haber adquirido el total de las refinerías, fue justificado, indicando que el negocio generaba suficiente utilidad para que en un año se compense el monto pagado. La compra del total de las acciones de la CLHB fue justificado por su bajo monto.

En el caso de Transredes, el seguir el D. S. 28701 tenía sus peculiaridades. Los fondos de pensiones tan solo controlaban el 33% de las acciones que fueron transferidas sin costo a YPFB. Accionistas individuales tenían el 13%, YPFB adquirió de esos pequeños accionistas el 10% de acciones. El 50% restante era propiedad de Shell y Ashmore. Esta última sucesora de Prisma, que a su vez fue sucesora de Enron.

De ese grupo, YPFB debía adquirir el 2% de acciones para contar con el 50% más uno que requería. Por los antecedentes de Ashmore, que no es una empresa petrolera, sino una inversora en países en desarrollo, especialista en comprar barato y vender caro, hacía anticipar que cualquier negociación sería difícil (Ashmore, La Razón, 5 de julio 2007).

Así fue efectivamente, llegó el 30 de Mayo sin que Ashmore acepte la oferta del gobierno. De ese modo, con el D. S. 29586, el 2 de Junio se nacionaliza el total de las acciones del grupo Shell-Ashmore. Este giro inesperado inclusive va acompañado de declaraciones que la empresa conspiraba contra el Gobierno. Sea como fuere, lo concreto es que YPFB tiene ahora la responsabilidad del manejo del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos en todo el país, además de la refinación y la distribución de productos también en todo el país.

Por lo anterior, parecería que nos estamos apartando del curso fijado en el D. S. 28701, en el que además de definir la exploración a contrato, establecemos la participación de YPFB en la refinación y transporte asociado con la inversión privada.

Lo anterior daría que pensar que se siente que YPFB ha recuperado su prestancia técnico-administrativa y financiera, y que puede acometer esas actividades sin la intervención del capital privado. Ese sentimiento de suficiencia probablemente deviene del manejo de las refinerías y de la CLHB sin la empresa privada, pero con el personal de la empresa capitalizadora desplazada. Ojo, personal heredado puede ser un personal transciente. Sus salarios están por encima de las normas estatales y esas diferencias anticipan serios problemas laborales.

Lo más peligroso es que ese falso sentido de suficiencia genere la tentación de continuar con las “nacionalizaciones”, para que YPFB intervenga en toda la cadena productiva.

Para cerrar el círculo nacionalizador, solo faltaría la “nacionalización” de las estaciones de servicio. Esa tentación puede ser hábilmente reforzada por las actuales estaciones que YPFB ha rehabilitado para su administración.

Si se planea cerrar el círculo con esa actividad, anticipo serios problemas. Las casi 400 estaciones de servicio son propiedad privada de pequeños empresarios nacionales, con una inversión que supera los 100 millones de dólares. Acá el mal uso del término nacionalización en vez de estatización, sería dramáticamente evidente. Todos los propietarios de las estaciones de servicio son bolivianos. Al “nacionalizar” esas instalaciones se estaría expropiándolas, para recrear la mayor fuente de corrupción que existió en YPFB, que tomó la decisión de privatizarlas antes que entrara en boga el término ”neoliberal”, que ahora es un estigma.