Irving Alcaraz creó la expresión “Bolivia hora cero”. En medio del
entusiasmo de la “Capitalización”, el ensayista ligaba el destino
económico boliviano al gas natural. Eran aquellos días de una
pequeña época de “plata dulce”, en la que dos gobiernos (Sánchez de
Lozada y Bánzer) desbarataron la industria petrolera, algo que pocas
naciones del mundo han hecho (Argentina con Menem). Treinta años
antes, otro ensayista, Sergio Almaraz, concluía su magnífico “El
Poder y la Caída” con una frase premonitoria: “ahora se trata de
salvar el gas”.
Este primero de mayo, el Presidente
Evo Morales, firmó el decreto de nacionalización de la segunda
reserva de gas más grande de Sudamérica. Se dio así cumplimiento al
Referéndum de julio del 2004 en el cual el pueblo boliviano decidió
en las urnas “salvar el gas”. Desde el Referéndum, Bolivia mandó
señales a la región y al mundo avisando que el poder de negociación
que antes no tenía, sería esta vez empleado para desarrollar al
país. Luego del Referéndum las negociaciones con los inversores,
para adecuar los contratos se entramparon, aunque en las
postrimerías del gobierno de Carlos Mesa, se aprobó la Ley 3058,
primer resultado del sacrificio de 57 ciudadanos en octubre del
2003.
Hoy, al devolver el control del más
estratégico de los sectores industriales al Estado, lo único que
está haciendo es ser coherente. Y probablemente se entre en
conflicto con intereses contrapuestos. El hecho es que sin gas,
petróleo y electricidad nuestra civilización deja simplemente de
funcionar y hoy en día, hay más inversores en hidrocarburos que
nunca en todo el mundo. De hecho, muchos de ellos están en contratos
de asociación parecidos a los que el decreto 28701 y la Ley 3058
proponen.
Bolivia tiene la llave para
asegurar el equilibrio energético del Cono Sur, en medio de una
escalada sin precedentes de precios de gas y petróleo, al punto que
por ese motivo, la Comisión de Energía de la Unión Europea (por las
empresas que invierten en toda la región) empezó a seguir de cerca
el proceso boliviano desde ayer. Las circunvalaciones de los países
vecinos para escapar al espectro de los apagones pasan casi todos
por el gas y la electricidad de Bolivia, o como alternativa, por
soluciones más costosas y complejas (GNL, Gasoducto Sudamericano).
Al nacionalizar el gas y petróleo,
el pueblo de Bolivia tiene el derecho de exigir que la nueva YPFB no
sea más una empresa secuestrada por militantes de los partidos
políticos, como lo fue en los años previos a la Capitalización.
Afortunadamente, YPFB fue más que una simple caja registradora de
excedentes del Estado y botín de piratas políticos. Fue uno de los
instrumentos con los que se integró el Oriente al Occidente del país
(mediante transferencia de recursos de la minera estatal Comibol),
convirtió al país en una de las primeras naciones de exportación de
gas natural del planeta (casi a la par de la estatal argelina
Sonatrach a fines de los 60) y realizó un extenso y valioso trabajo
de prospección geológica, servido en “bandeja de plata” al momento
de la Capitalización.
Partiendo de sus logros, la empresa estatal debe cumplir el rol de
acumuladora de capital para la economía boliviana y generar
proyectos (GTL, urea) y empleos. El sector de hidrocarburos es
intensivo en capital, aunque Shell apunte que por cada dólar
invertido en industrialización de gas y petróleo, se generan ocho
dólares adicionales y por lo tanto más empleos. El gas debe
industrializar a Bolivia con una matriz energética accesible a todos
los ciudadanos y empresas del país, asegurando su seguridad
energética (electricidad, GLP, diesel). Como corolario, permitirá
que se realicen proyectos estratégicos como la industrialización del
hierro del Mutún en Santa Cruz donde el gas y la electricidad
permiten llegar al acero. Luego habrá que sembrar los excedentes en
toda la economía.
Es por ello que existe esperanza entre los bolivianos. Eso sí, con
los pies sobre la tierra ya que además de hacer la tarea en casa,
volverán los “negros presagios” y otras presiones como las que se
vieron estos años. Es el precio que se asumiría por esta
nacionalización, la tercera en Bolivia (1937, 1969), y la primera en
el mundo en el siglo XXI. Finalmente, es el punto de partida para
que los dramas de la opulencia y caída de Potosí, el asalto al
salitre y al cobre del Litoral Boliviano, o los pulmones de los
mineros del estaño socavados por la copagira, sólo se encuentren en
libros de historia como recordatorio permanente.
• Christian Inchauste Sandoval es
representante Adjunto del BNP Paribas para el Cono Sur. Sus notas
reflejan su opinión personal.
