Ahuyentar las inversiones y el capital privado, principalmente el internacional, parece ser una materia de especialidad que, con carácter obligatorio, todos los bolivianos debemos aprobar. Este es un tema que se viene tratando en nuestro país desde el 6 de agosto de 1825. Ejemplos bastan y sobran si nos remitimos a la lectura de nuestra historia.

Sin necesidad de hacer una lectura en una retrospectiva tan larga, veamos lo que está pasando desde hace cinco meses en el sector de los hidrocarburos.  El 1° de mayo, show mediático incluido, se “nacionalizan” los hidrocarburos bajo el rótulo del D.S.28701, que es una aplicación de la ley 3058 promulgada durante el gobierno de Carlos D. Mesa, con imposiciones que hacen incomprensible todo el proceso, pues su interpretación va desde la confiscación de los activos de las empresas (exigencia de algunos sectores), hasta una simple renegociación de las condiciones de los contratos sucritos con el estado.

A partir de mayo, se inició un proceso de negociación, para determinar si se encuentra puntos de convergencia entre las pretensiones del gobierno, las exigencias de algunos sectores nacionales  y los intereses de las petroleras. En el ínterin  pasa el tiempo y pasan las oportunidades para el país, puesto que mientras empujamos a las empresas a aceptar condiciones que las llevan a pensar una y otra vez si verdaderamente vale la pena permanecer en Bolivia, otros países les abren las puertas  y celebran la firma de acuerdos de inversión en el sector petrolero.

Prueba fehaciente de ello nos la da Perú, país hermano que no se cansa de saludar el arribo de empresas que puedan triplicar el potencial de Camisea en su vasta geografía. Que mejor ejemplo  para imitar, que lo sucedido en Bolivia, con el vertiginoso crecimiento de sus reservas de gas que, incluso, llegaron a los 54,9 trillones de pies cúbicos en 2003, merced a grandes inversiones amparadas en leyes que garantizaban el capital invertido. Por otra parte, hoy todos reconocen que las condiciones tributarias con que se cerraron los contratos no fueron de las más ventajosas para el país, pero la pregunta que flota en el ambiente al respecto de este punto, es si no hubiera sido suficiente ajustar estas condiciones, en vez de soltar el péndulo nuevamente, en este proceso nacionalizador que no encuentra su norte.

La  política que hoy aplica Perú, en un clima de estabilidad, parece ser un anzuelo perfecto para el capital extranjero. No en vano, con inversión externa, están construyendo la primera planta de licuefacción de América del Sur para exportar gas natural, porque seguros están nuestros vecinos que Petrobras, Repsol YPF, Pluspetrol, etc., descubrirán nuevas reservas que se sumarán a los actuales 13 TCFs  que tienen y conviertan al Perú en un actor de primera línea.

Humillados como lo fueron en 1879 por Chile, durante la Guerra del Pacífico, los peruanos dejan de lado los resentimientos históricos y hablan de integración energética con su vecino del sur, que también construye una planta en la costa central, pero de regasificación, para importar gas que puede provenir de cualquier lugar del mundo, pero si a la hora de revisar las cifras llega del Perú, mucho mejor.

Lo propio ocurre en la minería, donde el capital extranjero aterriza en el Perú, motivado por  una política de promoción a la inversión extranjera. Tan solo es de esperar, que este auge de inversión, sea acompañado de una adecuada política económica, que permita el crecimiento parejo y continuado del país.

Mientras tanto, nosotros enriquecemos el idioma español con nuevos términos: la guerra del gas, la guerra del estaño, la guerra de…