Nadie pretende que los problemas estructurales del país sean resueltos por un nuevo gobierno de la noche a la mañana, pero tampoco nadie puede sentirse satisfecho cuando estos no son atendidos  con la celeridad y seriedad que se requiere. La actual administración inició su gobierno implementando una serie de medidas que daban la sensación de que se adoptarían políticas en procura de lograr cambios importantes y de beneficio para toda la sociedad boliviana, en procura de acortar distancias entre nuestro ancestral subdesarrollo y la posibilidad de encarar un desarrollo sostenido.

La real posibilidad de avanzar en este cometido, pasa fundamentalmente por viabilizar el camino de la modernidad del país, lo que implica acceder al mercado internacional y agrandar nuestras fronteras. Sin embargo, lo hecho hasta ahora, en este primer periodo de gobierno, nos encierra más y más dentro de nuestras fronteras, añorando nuestro pasado con lamentos y no soñando nuestro futuro con realizaciones. Afortunadamente, no todo es así, y buena parte del país sigue en la intentona de gravitar económicamente cada vez más en el concierto regional y continental, buscando denominadores comunes de unión entre todos los bolivianos.

En el campo de la energía, materia central de nuestra diaria preocupación y atención, la nacionalización de los hidrocarburos se implementó, más por una necesidad de rédito político que de una proyección de política de gobierno a largo plazo. Aquí se actuó con una celeridad innecesaria, con un despliegue militar que dejó una imagen tremendamente negativa del país en el exterior, causando un irreparable daño en nuestras relaciones con uno de nuestros principales aliados y principal cliente de nuestras exportaciones de gas, proyectando hacia fuera una figura de confiscación y no una real adecuación de los contratos con las transnacionales, real contenido de esta medida gubernamental.

Para esto, el decreto de nacionalización establece fecha perentoria de obligatoriedad para que se firmen nuevos contratos con las transnacionales, que en la práctica tienen poca posibilidad de suscribirse en el plazo establecido, a pesar de la buena voluntad manifestada al respecto por las partes. De igual forma, la intención de refundar YPFB, no se puede dar y ya se anuncia, un nuevo plazo para estos fines, lo que nos parece muy acertado.

Los discursos y promesas, además de los anuncios de grandes proyectos, no pueden ocultar los graves problemas que se tendrán que afrontar, si no se encaran con celeridad y seriedad los proyectos necesarios para acompañar el crecimiento de la demanda de energía en todo el territorio nacional, fundamentalmente en generación de electricidad y transporte de gas. Poco a poco, el sistema nacional de gasoductos está llegando a su capacidad máxima de transporte, sin poder atender a futuro la creciente demanda en el país.

El cierre de la ecuación de la demanda/oferta, pasa por las condiciones que el gobierno pueda brindar al país, en términos de tranquilidad, seguridad y proyecciones de vida para todos. La inseguridad, incertidumbre y los discursos, no son elementos de apoyo para ninguna política de desarrollo. Esperamos cambios sustanciales a corto plazo, y fundamentalmente que el Gobierno tenga la grandeza de saber escuchar tantas voces que reclaman un cambio de actitud y de accionar.

En nuestro sector, sin inversiones de importancia, todo el sistema entrará en colapso, por lo que estas son de innegable importancia. Mirando solo al interior del país, estas inversiones no se materializarán. Es fundamental encontrar un equilibrio y conseguir que estas retornen en condiciones ventajosas. El estudio del pasadas actuaciones evitará que se comentan errores, los que deben ser superados y lograr nuevas proyecciones con las adecuaciones que los tiempos actuales permiten.

Con todo, y a pesar de todo, aún hay credibilidad por el  país, tanto interna como externamente. Pero también debemos ser conscientes que “hasta la paciencia tiene un límite”.