El ultimo capitulo escrito la semana pasada con respecto a la nacionalización que tuvo como cierre de novela la suscripción de nuevos contratos entre el Estado boliviano, representado por YPFB, y las empresas petroleras que mantenían contratos con Bolivia en el campo de los hidrocarburos, es sencillamente alentador, pues definió para bien, una situación extremadamente complicada,  que de no mediar un justo equilibrio, entre las pretensiones de unos y las aspiraciones de otros, podría haber arrastrado al sector al desastre total, con consecuencias graves tanto para las empresas como para el país.

Los logros y avances de las negociaciones, que aún continúan, dentro del proceso de “nacionalización” que está impulsando el actual Gobierno, no pueden ser entendidas dentro de un análisis puntual y parcial, sino fundamentalmente dentro de un marco general, que permita visualizar el horizonte pleno del alcance de los acuerdos consensuados, que legalizan nuevos contratos que permiten el funcionamiento de las actividades del sector en las áreas de exploración y explotación, dentro de un nuevo modelo de relación contractual entre las empresas y el Estado, dando fin al régimen de concesiones petroleras y esquemas impositivos, que originaron el rechazo general de la población boliviana.

Sin duda que el catalizador más importante del desenlace de esta situación, fue la suscripción del contrato con la República Argentina, donde Bolivia se compromete en forma progresiva, a suministrar a ese mercado, 27.7 MMm3/dia de gas, por un periodo de 20 años, creando de esta manera un importante mercado a futuro, que permitirá desarrollar las operaciones de exploración y explotación con perspectivas firmes de realización.

Este hecho y la firma de los contratos mencionados, devuelve la certidumbre al sector, al país y a los inversionistas, permitiendo emitir un mensaje de trabajo, como no se lo hacia desde hace mucho tiempo. También es dable resaltar las buenas contribuciones que se entrega a nuestra estatal petrolera, para que pueda participar en el negocio petrolero en general, cumpliendo con las aspiraciones del pueblo boliviano.

Con esto, se crean las condiciones para viabilizar las importantes inversiones que se requieren para el desarrollo del sector, lo que no solo permitirá comprobar nuevas reservas, sino también industrializar nuestro gas en territorio nacional, amén de poder conquistar nuevos mercados, lo que se traducirá en nuevos empleos que se crean debido a los trabajos laterales y de apoyo a la actividad central.

En términos de reservas, los “indicios” de existencia de gas en territorio nacional, cuando se firmó el contrato de exportación a Brasil, eran mucho menores a los “indicios” actuales de reservas de gas para satisfacer nuevos mercados, y si escuchamos las voces de los expertos, el país cuenta con grandes y nuevas reservas de gas que son necesarias comprobar. Por esto, la empresa Total E & P Bolivie, se puso en primera fila aceptando y firmando su contrato, apostando en forma contundente y prioritaria la opción de trabajo y compromiso con el país. Segundo hecho catalizador, para contar hoy, con una situación que satisface a todos.

En términos de impuestos y regalías, el Estado boliviano ha consolidado una situación muy favorable a sus intereses, avanzando desde la  controvertida relación 18% Estado - 82% Empresas impuesta por la Ley 1689, pasando a un 50% Estado - 50% Empresas logrado con la Ley 3058 (17 Mayo 2005), a una pretensión de 82% Estado - 18 % Empresas según el decreto 27801 (1o de Mayo 2006), para aterrizar en una interesante nivelación de intereses, al consolidar en dos partes, la participación del Estado por renta petrolera, a saber: una porción fija del 50% Estado, más una porción variable del otro 50% para el Estado y las empresas, que dependerá de variables como recuperación, amortización y montos de inversión, además de cantidades de producción, satisfaciendo las  aspiraciones y pretensiones de ambas partes.

Salomónicas decisiones que viabilizaron el desenlace para bien (reiteramos),  de una muy delicada situación, que comprometen la fe del estado y el compromiso de las empresas, con el concurso y aporte del Ministro de Energía e Hidrocarburos, Carlos Villegas y el presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, cabezas responsables del Estado, de una dura y complicada negociación, que sienta las bases de un futuro promisorio para el sector y el país en su conjunto.