Varias personas nos preguntaron la razón de nuestro entusiasmo (Editorial 318) por la firma de los contratos entre el Estado y las empresas petroleras el pasado 28 de Octubre, cuando en virtud de estos contratos, las empresas van a recibir más que nunca antes, en términos monetarios, por cada MM de BTU exportados, lo que “convierte a este Gobierno en mayor protector de las transnacionales que los anteriores.”

Triste es comprobar las limitaciones para el análisis de algunos, que razonan solo desde un ángulo y no pueden contemplar el panorama desde una perspectiva completa, racional, justa y con visión de futuro, al nublarse su razonamiento y no ver que el Estado también recibirá más que nunca antes, por cada MM de BTU producidos.

Y es justamente este equilibrio, el que permitió el resultado que condujo a la firma de estos contratos, que permiten que ambas partes logren satisfacer sus expectativas y necesidades, brindando al Gobierno un importante triunfo político, a las empresas un escenario de seguridad jurídica largamente esperado y al Estado, una proyección de ingresos, como nunca se pensó antes.

Y si de aclarar posiciones se trata, enfatizaremos que no estamos hablando del éxito de la llamada  “nacionalización”, sino simplemente de los recursos que este proceso está proyectando para el Estado. Luego, con el tiempo, si estos recursos permiten un crecimiento del 5% o 6% anual, inducen la reactivación de otros sectores de la economía, permiten la generación de  empleos, motivan inversiones de importancia en el país y ayudan a combatir la extrema pobreza, podremos decir que este proceso fue exitoso. Mientras tanto, enunciamos tan solo el comienzo de una nueva etapa, superando uno de los periodos de mayor inseguridad jurídica e inestabilidad política de nuestra vida republicana. Esto no es poca cosa. Este, el motivo de nuestro entusiasmo.

Y también para aclarar posiciones, esta situación no se dio sólo por condicionamientos internos, sino también externos, pues si el precio del barril de petróleo hubiera permanecido en la franja de los $us 22 a 26 por barril y el gas natural mantenía su promedio de 2.5 $us por MM de BTU en el mercado norteamericano,  nada de lo logrado hubiera sido posible.
Esto nos lleva a la reflexión, que cada situación debe ser analizada en el contexto de las condiciones de contorno imperantes en el momento de su aplicación. Si estas cambian, cambia el alcance de su aplicación. Entonces para combatir la ya derogada Ley 1689 de 1966 y los contratos basados en esta Ley, hay que ver las condiciones imperantes en el país en esos años. Como resultado de esa Ley, se originó el ingreso al país de importantes inversiones, las que permitieron comprobar las inmensas reservas de gas que hoy ostentamos, en circunstancias que nadie apostaba por nosotros, iniciándose la construcción de una infraestructura de campo y transporte que cambió completamente al sector, viabilizando un proceso de exportación de importancia regional. En vez de atacar esta Ley, quizá fuese  más provechoso analizar la ineficiente fiscalización ejercida por el Estado, permitiendo en muchos casos desvirtuar, en complicidad, las bondades que esta ofrecía.

En esas circunstancias apareció Petrobrás, que apostó y abrió el mercado en Brasil. De ese accionar llegaron las otras empresas y se desarrolló la industria con los aciertos y las falencias presentadas. La aplicación de los impuestos al sector, mostraron las limitaciones conocidas, pero no es cierto afirmar que el modelo aplicado impedía que el Estado, tomara las medidas correctivas necesarias para revisar y ordenar estos impuestos. No fue necesaria la llamada guerra del gas ni los muertos que esta produjo. Las medidas correctivas, se pudieron haber logrado con una acción honesta por parte del Gobierno, actuando en función de los intereses de la nación, si la clase política hubiese actuado con total transparencia y las empresas comprendido la desproporción creada.

Como fuera, después de abrogar la Ley 1689 y superar los hechos de Octubre de 2003, se introdujo el IDH del 32 por ciento de la Ley 3058 de junio de 2005 y, luego, el impuesto del 32 por ciento adicional del DS 28701 de mayo del presente año, a los mega campos operados por Petrobrás que responden a la exportación al Brasil. Estos impuestos, sumados al 18 por ciento inicialmente contemplado, elevan desproporsionalmente la carga impositiva a las empresas volcando la torta, reservando un 18 por ciento a estas, y un 82 por ciento para el Estado, generando de esta manera, una situación de inviabilidad para realizar nuevas inversiones, además de forjarse un sentimiento de total inseguridad e incertidumbre en el sector.

Nivela la situación el alza constante de los  precios del petróleo, la creciente demanda de gas tanto en Brasil como en Argentina que compromete su seriedad por los compromisos incumplidos con Chile, dando al actual Gobierno Nacional,  el espacio adecuado para proponer salomónicas decisiones, ya en la recta final de las negociaciones de Octubre,  proponiendo una nivelación impositiva de 70 por ciento para el Estado y 30 por ciento para las Empresas, que con los precios actuales del gas de exportación, entregan a ambas partes, un rendimiento como nunca antes visto.

Y, justamente, este es el gran merito del Gobierno, al haber flexibilizado su posición, creando el marco legal esperado, viabilizando un importante incremento de la participación del Estado en el negocio del gas y dejando a las empresas, una participación importante, que les permitirá seguir realizando las inversiones necesarias para desarrollar el nuevo horizonte trazado para el sector. Crea además las condiciones para que YPFB pueda contar con los recursos para su crecimiento.

Hoy contamos con nuevos contratos en vías de ser ratificados por el Congreso Nacional, completando de esta manera, un contexto extraordinario de desarrollo y crecimiento del sector, que aportará en forma decisiva al  desarrollo nacional. Esperemos que las futuras condicionantes políticas ahuyenten nuevos nubarrones en el horizonte.

En estas condiciones, pierde importancia determinar si lo iniciado por este Gobierno es un cliché mediático o una nacionalización a la boliviana. Mejor es concentrarse en determinar el alcance de lo logrado y esperar que las inversiones requeridas  en el sector se materialicen pronto y definir, cuanto antes, el destino de estos recursos.

Se puede estar a favor o en contra del Gobierno, pero no se puede negar que la percepción de alivio y esperanza de la población en su conjunto, se incrementó a partir de la firma de los contratos con las empresas petroleras. Esperamos se sepa administrar este buen momento.