A medida que sube el tono en la crítica por la forma de protestar de algunos sectores, estos agudizan el ingenio y perfeccionan sus métodos para hacer escuchar sus demandas. La semana pasada en Camiri, un grupo de ciudadanos, obedeciendo instrucciones de la dirigencia cívica y de un Comité de Huelga de esa ciudad, procedieron a bloquear la carretera Santa Cruz - Yacuiba en primera instancia y luego ocuparon las instalaciones de Transredes, obligando al cierre de las válvulas en la estación Choreti, vecina de esta ciudad, cortando el transporte de líquidos desde el centro productor a las refinerías del interior del país. El daño al transporte y a los productores de la región fue enorme, y el riesgo de graves accidentes producto de la toma de estaciones petroleras, como en este caso, es alarmante.

En la sede de gobierno, unos 20 mil mineros desfilaron por las calles paceñas haciendo estallar cachorros de dinamita, creando caos generalizado  en la población. Los cooperativistas mineros se abrieron paso por las atiborradas calles paceñas a dinamitazo limpio, aterrorizando a la gente con su proceder.

En ambos casos, los protagonistas de estas acciones lograron sus propósitos y obligaron a que el Gobierno atienda sus demandas. La prensa nacional registra comentarios de ambos hechos por parte del Gobierno. En el primer caso, el propio Presidente culpa a Transredes por realizar un acto de boicot en el cierre de las válvulas (¿?), y en el segundo, un parlamentario del oficialismo solicita la comprensión de la ciudadanía hacia los cooperativistas, pues esta es la forma tradicional de protesta de los mineros (¿?).

Estos hechos hacen que reflote la necesidad de participar del análisis y consecuencias de esta practica, que se esta convirtiendo en parte de nuestra forma natural de actuar, originando comentarios como el que esta forma de protestar es muy a ”la boliviana”. Nadie puede afirmar seriamente, que la ciudadanía no tiene derecho a la protesta. Esta, como tal, es una conquista que otorga la democracia. No existe autoridad que pueda prohibir este tipo de manifestaciones como marchas, huelgas, etc., que obliguen a las autoridades a que se escuchen los planteamientos de los que protestan.

Lo que no es permisible, es la protesta que viola las leyes, que amenaza la seguridad de personas inocentes, que contraviene los derechos de los demás, que atente contra las personas y que intimide a la población en general. Nos sumamos al termino de “criminal”  vertido por algunos medios de comunicación, al bloqueo irresponsable de carreteras que ocasionan millonarias perdidas económicas y enfrentamientos con heridos, al acto provocador de lanzar dinamitazos en las calles de la ciudad, o al cierre de válvulas que cortan las operaciones de suministro de gas o líquidos que atienden necesidades internas o compromisos de exportación.

Pero tan irresponsable como los hechos detallados, es la incapacidad de los Gobiernos de atender las necesidades de las grandes mayorías, sumidas en la desesperación de vivir, década tras década, su inalterable miseria y pobreza. Se preveía que esta administración, juntando habilidad política con apoyo ciudadano, podría dar vuelta a esta realidad. Hoy son más dudas que certezas, que esta apreciación pueda cumplirse.

En esta entrega nos limitaremos a insistir, que el Gobierno debe anticiparse a este tipo de protesta, que tanto daño hacen al país en su conjunto, dado que tiene gente de su confianza dentro de todos los movimientos sociales del país, quienes deben y pueden, encontrar los mecanismos pacíficos de protesta, para que sus voces y necesidades  sean escuchadas por el Gobierno. Lo contrario implicará, más temprano que tarde, que se tenga que vivir una ingobernabilidad que nos puede perjudicar mucho.

Dentro del sector, la “Cumbre Energética” que se llevó a cabo en Villa Montes y cuyos resultados desconocemos al momento de cierre de la presente edición, es un buen ejemplo de como las regiones o ciertos sectores, pueden plantear sus  requerimientos, y el Gobierno, despejar las demandas planteadas, atendiendo a estas, en función del bien común.