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La energía, un bien común
El interés en torno al sector energético se
halla actualmente en un punto álgido y nos
implica de un modo u otro a todos:
ciudadanos, empresas y organismos
reguladores, entre otros. Se trata de un
debate enfocado sobre aspectos puntuales,
pero ahora nos vamos a permitir intentar
efectuar un análisis desde la globalidad
puesto que comprender esos temas concretos
que a todos nos afectan, pasa por una visión
global previa.
El sector energético constituye un tema de
interés principal para el conjunto de la
ciudadanía. En los últimos años ha
protagonizado cambios de gran relevancia,
que afectan tanto a la garantía de
suministro como al proceso de liberalización
iniciado en la década de los noventa.
Asimismo, la relación entre energía y cambio
climático, abre un nuevo ámbito de trabajo y
atención en cuanto que el sistema energético
no es ajeno al objetivo de avanzar hacia un
verdadero modelo de desarrollo sostenible.
Los responsables institucionales
(Administraciones y organismos reguladores)
deben garantizar el suministro energético,
cuyo primer objetivo es el acceso a la
energía por parte de toda la población,
condición necesaria para el desarrollo
económico y social de los países. Ese acceso
universal a la energía exige un marco de
competencia y funcionamiento eficiente del
sector, pero compatible con un desarrollo
sostenible. La energía y el cambio climático
establecen una relación binomial, que abre
un nuevo ámbito de estudio, y también de
responsabilidades a todas las instituciones
implicadas.
Las políticas energéticas deben velar por la
consecución de los objetivos relacionados
con la seguridad de suministro, competencia
y desarrollo sostenible; y también para que
las empresas avancen, como inversores y
productores de energía con compromiso medio
ambiental.
El reto no es sencillo, puesto que reclama
una solución de equilibrio entre dos
objetivos igualmente importantes: el de la
libertad de mercado a través de la
competencia, en beneficio de los ciudadanos
y de su acceso a la energía; y el de la
sostenibilidad energética, mediante un mix
tecnológico que combine ahorro y eficiencia
energéticos, respeto hacia el medio ambiente
y seguridad en el suministro. Es en este
contexto, se convierten en protagonistas las
inversiones vinculadas a las energías
renovables, necesarias para cambiar
paulatinamente las matrices energéticas de
los distintos países y empezar a compensar
las emisiones contaminantes de efecto
invernadero.
El fomento de dichas inversiones es
responsabilidad de todos y no únicamente de
las empresas. Es necesario incorporar nuevas
medidas de carácter regulatorio, que amplíen
y revisen las tradicionales
responsabilidades y competencias de los
órganos reguladores del sector energético a
la vez que se plantea la necesidad de
trabajar en estrecha colaboración con todas
aquellas instituciones que tienen como
misión asegurar un desarrollo sostenible.
En la reunión celebrada en Madrid del 17 al
20 de junio de 2007, los reguladores
energéticos iberoamericanos, agrupados en la
Asociación Iberoamericana de Entidades
Reguladoras de la Energía (ARIAE), tuvieron
la oportunidad de intercambiar experiencias
y de poner en común los aspectos más
relevantes de la regulación y de los nuevos
ámbitos de análisis que deben abordar con
especial atención.
Los 23 organismos reguladores de ARIAE,
finalizaron la Reunión Anual con la firma de
la «Declaración de Madrid sobre la
Regulación del Sector Energético», un
documento que plantea los objetivos y
prioridades que presenta el panorama
energético global. Se trata de una carta de
intenciones cuyo valor se centra en la
aceptación voluntaria para lograr alcanzar
lo que, en nuestro juicio, son los dos
objetivos fundamentales e ineludibles para
todos aquellos que trabajan en el sector
energético: la seguridad del suministro y el
desarrollo sostenible. No ahorremos
esfuerzos en esta dirección y, de este modo,
colaboraremos con el desarrollo económico y
social de nuestras sociedades.
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