Edición 352 - 09/07/2007

 

Editorial

La energía, un bien común

El interés en torno al sector energético se halla actualmente en un punto álgido y nos implica de un modo u otro a todos: ciudadanos, empresas y organismos reguladores, entre otros. Se trata de un debate enfocado sobre aspectos puntuales, pero ahora nos vamos a permitir intentar efectuar un análisis desde la globalidad puesto que comprender esos temas concretos que a todos nos afectan, pasa por una visión global previa.

El sector energético constituye un tema de interés principal para el conjunto de la ciudadanía. En los últimos años ha protagonizado cambios de gran relevancia, que afectan tanto a la garantía de suministro como al proceso de liberalización iniciado en la década de los noventa. Asimismo, la relación entre energía y cambio climático, abre un nuevo ámbito de trabajo y atención en cuanto que el sistema energético no es ajeno al objetivo de avanzar hacia un verdadero modelo de desarrollo sostenible.

Los responsables institucionales (Administraciones y organismos reguladores) deben garantizar el suministro energético, cuyo primer objetivo es el acceso a la energía por parte de toda la población, condición necesaria para el desarrollo económico y social de los países. Ese acceso universal a la energía exige un marco de competencia y funcionamiento eficiente del sector, pero compatible con un desarrollo sostenible. La energía y el cambio climático establecen una relación binomial, que abre un nuevo ámbito de estudio, y también de responsabilidades a todas las instituciones implicadas.

Las políticas energéticas deben velar por la consecución de los objetivos relacionados con la seguridad de suministro, competencia y desarrollo sostenible; y también para que las empresas avancen, como inversores y productores de energía con compromiso medio ambiental.

El reto no es sencillo, puesto que reclama una solución de equilibrio entre dos objetivos igualmente importantes: el de la libertad de mercado a través de la competencia, en beneficio de los ciudadanos y de su acceso a la energía; y el de la sostenibilidad energética, mediante un mix tecnológico que combine ahorro y eficiencia energéticos, respeto hacia el medio ambiente y seguridad en el suministro. Es en este contexto, se convierten en protagonistas las inversiones vinculadas a las energías renovables, necesarias para cambiar paulatinamente las matrices energéticas de los distintos países y empezar a compensar las emisiones contaminantes de efecto invernadero.

El fomento de dichas inversiones es responsabilidad de todos y no únicamente de las empresas. Es necesario incorporar nuevas medidas de carácter regulatorio, que amplíen y revisen las tradicionales responsabilidades y competencias de los órganos reguladores del sector energético a la vez que se plantea la necesidad de trabajar en estrecha colaboración con todas aquellas instituciones que tienen como misión asegurar un desarrollo sostenible.

En la reunión celebrada en Madrid del 17 al 20 de junio de 2007, los reguladores energéticos iberoamericanos, agrupados en la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE), tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y de poner en común los aspectos más relevantes de la regulación y de los nuevos ámbitos de análisis que deben abordar con especial atención. 

Los 23 organismos reguladores de ARIAE, finalizaron la Reunión Anual con la firma de la «Declaración de Madrid sobre la Regulación del Sector Energético», un documento que plantea los objetivos y prioridades que presenta el panorama energético global. Se trata de una carta de intenciones cuyo valor se centra en la aceptación voluntaria para lograr alcanzar lo que, en nuestro juicio, son los dos objetivos fundamentales e ineludibles para todos aquellos que trabajan en el sector energético: la seguridad del suministro y el desarrollo sostenible. No ahorremos esfuerzos en esta dirección y, de este modo, colaboraremos con el desarrollo económico y social de nuestras sociedades.

 

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