Mientras los principales titulares de los diferentes medios de comunicación del país, destacaban con grandes titulares el nacimiento de YPFB . Petroandina SAM, un hecho aislado, pero recurrente como nueva arma de presión de grupos marginales, anunciaba que un grupo de alrededor de 60 comunitarios avasallaban la estación de Compresión de Gas de Cerrillos, en Sucre, y apretaba “el botón rojo” dejando paralizadas las máquinas que comprimen gas en el sistema integrado de Transredes.

No sabemos si lo hicieron al influjo del alcohol u otro tipo de estimulante, porque claro, es inconcebible que seres pensantes, por lo menos pertenecientes a la especie humana, actúen sin medir las consecuencias que tamaño acto irracional puede provocar en un bien público que, por sus características de alta peligrosidad, puede convertirse en una bomba de un poder destructivo impredecible.

Según Transredes, estas acciones tendrán consecuencias negativas importantes en el suministro de gas para el occidente del país. Ante este anuncio, proveniente de una empresa que a lo largo de diez años se ha caracterizado por detentar márgenes de seguridad, avalados nacional e internacionalmente, debemos sentirnos poco más que desazonados. Es que no es la primera vez, recordemos los hechos de Yacuiba, donde otra estación de Transredes fue saqueada con una ferocidad cavernaria.

Lo más lamentable de todos estos hechos, reprochables desde todo punto de vista por atentar a un bien de servicio público, es que el reclamo, sea este político, cívico o sindical, sirve de trampolín para que delincuentes comunes, que a estas alturas deberían tener foto de frente y de perfil, aprovechen el pánico para desmantelar instalaciones que tienen un alto costo, técnico y económico, para la compañía propietaria de los mismos y, por ende, para el país, porque recordemos que el Estado, a través de YPFB, tiene una importantísima participación accionaria en Transredes..

Con justa, con merecida razón, la transportadora enfatizó su rechazo por hechos que son totalmente ajenos a la empresa, que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y de los lugareños. Además son perjudiciales ya que dichas instalaciones brindan un servicio público al transportar gas de y para los bolivianos.

Implacable debe ser la justicia con aquellos que promueven atentar contra la vida de honestos funcionarios, que, como los operadores de la Estación de Compresión de Gas de Cerrillos, trabajan resguardando un bien público que transporta la energía que a diario promueve el desarrollo del país.

Dolida e impotente, Transredes ha dicho: “Nuestras instalaciones continúan siendo la herramienta de presión de diferentes movimientos sociales. Nosotros venimos realizando muchas acciones para que “Nunca Más” vuelvan a darse estos hechos. Sin embargo, la situación continúa y nuestras estaciones siguen siendo avasalladas, poniendo en peligro vidas, perjudicando un servicio esencial y la imagen del país”.

El Gobierno y las autoridades departamentales son los llamados a poner fin a esta clase de abusos que, a título de demandas sociales, se han convertido en un mecanismo de chantaje propio, y lo decimos sin equivocarnos, de grupos terroristas, puesto que quienes atentan contra la vida y los bienes de servicio público tienen ese calificativo, acá o en el Congo.

Las demandas pueden ser justas, obligadas por la ineficiencia gubernamental o de las autoridades regionales, pero estas deben buscar otros escenarios para ser expresadas, de ninguna manera se las puede llevar a instalaciones que brindan un servicio de valor incalculable para el país.

Ojalá prime la cordura y “Nunca Más” se repitan estos hechos, indignos de pertenecer a una sociedad civilizada.

Cerrar Ventana