Al cabo de dos años, la actual administración no ha logrado implementar su concepción ideológica y política de “refundar” Bolivia implantando a la fuerza un Estado social - comunitario - indígena con predominio étnico de aimaras y quechuas. Tiene en su haber, una nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en condiciones muy particulares (ilegales según una corriente importante de juristas), y no aceptada por una gran parte de la ciudadanía. Son muy pocos en el país que conocen el texto de esta CPE, incluyendo a algunos de los constituyentes que la aprobaron.

En la otra banda del río, se parapeta la gente que piensa distinto (cada vez son más), que tienen una visión de vida y de país muy diferente a la anterior, que de un tiempo a esta parte, pregonan una forma diferente de administrar al Estado, que intentan mostrar, que la única forma de poder convivir en paz entre los diversos componentes de la ciudadanía boliviana, tan diversa, compleja y heterogénea, es bajo otros parámetros de administración del Estado, alejados de prácticas centralistas y de hegemonía de una región sobre otra. Cada uno en lo suyo, pero conservando la unidad del todo. Tienen en su haber los Estatutos Autonómicos que persiguen que las regiones se manejen en forma autónomas, empeñados en conseguir su legalidad de formulación definitiva. Estos estatutos son la concepción de contrapeso.

Hoy se busca los equilibrios para compatibilizar y encontrar los puntos de encuentro entre estas dos visiones de país, estos dos proyectos de poder. Este sueño será posible solo con un pacto social con amplio apoyo político y desprendimiento de intereses personales y grupales, que permita encontrar y cimentar las formulas adecuadas de coexistencia proyectando un solo país - ojala democrático y autonómico.

Esta pulseta debe definirse cuanto antes. Compartimos con que “la política debe constituirse en el principal instrumento para lograr materializar los anhelos de los bolivianos, pero para ello debe responder de manera integral y estratégica a las necesidades socio-económicas de todos y no constituirse simplemente, en un instrumento de poder a costa de postergar el progreso”.

Y esto es lo que nos está sucediendo. Hemos cerrado una gestión con un crecimiento del PIB del 3.8% bastante por debajo del 4.8% de la gestión anterior, lejos del 5.6% del promedio latinoamericano, y sin poder de comparación, con el 8.3% que sustentan nuestros vecinos argentinos o peruanos, todo esto en una coyuntura económica internacional excepcional, que no se había presentado en los últimos 30 años y que la estamos desaprovechando.

Para lograr un mayor crecimiento económico sostenido, y emprender una verdadera batalla contra la pobreza,  es imprescindible permitir y promover un nivel adecuado de inversiones tanto públicas como privadas, amén de otras - pero fundamentalmente -  creando el clima adecuado para poder trabajar en paz, evitando levantar un muro de  inseguridad y de  incertidumbre dentro y fuera del país. El Gobierno debe influir positivamente en los agentes que intervienen en la producción y en la inversión. En definitiva, menos política, más economía.