Mientras, por un lado, el Gobierno pide a las petroleras inversiones para incrementar la producción de gas y así poder cumplir con el mercado interno y las exportaciones a Brasil y la Argentina, por otro alienta una mayor incertidumbre sobre el sector con medidas que, por su carácter arbitrario e intransigente, generan una mayor sensación de inseguridad jurídica sobre nuestro país.

El atropello a CLHB y a ENTEL, el pasado 1º de mayo, encontró su corolario con la intervención de Transredes el 2 de junio.

Ajenos al diálogo y sin medir las consecuencias que podría traer al país, en un escenario de arbitrajes, porque sí, los habrá, el Gobierno haciendo gala nuevamente de un show mediático, uniformados de por medio, llegó con todo el gabinete ministerial hasta las instalaciones de Transredes para dar por nacionalizada la empresa transportadora de hidrocarburos que, a nuestro juicio es un modelo de administración empresarial privada.

Que era propósito de la actual administración gubernamental llegar a un entendimiento con CLHB y Transredes, amen de ENTEL, tal como sucedió con las también capitalizadas Chaco y Andina, no queda la menor duda, pero creemos que la impaciencia rebasó los límites de la tolerancia para dar paso a la precipitación arbitraria, propia de quienes, por su manifiesta incapacidad de negociar, recurren al uso de la fuerza o al intervencionismo, que es lo que paso con Transredes y CLHB, para asumir el control de una empresa.

Nadie le va a regalar un dólar a este Gobierno, y se lo van a cobrar centavo a centavo, así aduzca que “las capitalizadas ganaron miles de millones de dólares, es hora de que estos recursos sean para los bolivianos”, no señores, porque al momento de llegar a dirimir la situación de las mismas ante árbitros internacionales, esta perorata que la escuchamos todos los días no tendrá el más mínimo valor.

Es una lástima que el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, con sus pros y sus contras, no haya culminado de manera impecable, en la mesa de negociación, con acuerdos recíprocos firmados en el hall del Palacio de Gobierno, como sucedió con Andina, por ejemplo. O en el nivel de entendimiento logrado con Petrobras.

Esperemos que no caigan sobre nuestras cabezas cifras millonarias, productos de fallos arbitrales, que nos tengan endeudados por muchas décadas. Ojo que no somos agoreros ni presagiadotes de malas noticias, pero creemos que las cosas no se están haciendo bien.

Mientras tanto, sigamos escuchando a las autoridades de turno clamar por más inversiones.