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Hugo De La Fuente, ex Superintendente de Hidrocarburos:
“Evo debe elevar a rango de Ley
el Decreto de Nacionalización”
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Hugo de la Fuente, ex Superintendente de Hidrocarburos |
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El
ex Superintendente de Hidrocarburos propone también la urgencia de
prestar “blindaje” jurídico para garantizar las inversiones. La
nacionalización exige una reglamentación jurídica propia, dice el
consultor internacional.
Energy Press >> La Paz
Las
principales compañías petroleras que explotan hidrocarburos en
Bolivia anunciaron que este año pretenden hacer inversiones por
876,5 millones de dólares para el desarrollo de los campos de
petróleo y gas. Al respecto Energy Press conversó con el ex
Superinten-dente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, para conocer
sí el monto de la inversión anunciada, es suficiente para los planes
de exportación que tiene el país y la provisión, sin problemas, del
mercado interno.
De
inmediato la respuesta fue reflexiva: “…no es suficiente, pero
sirve…” afirmó La Fuente. El nivel de inversión que anunciaron las
compañías equivale a 17 pozos a un promedio de 50 millones de
dólares. Bolivia necesita más y el gobierno está consciente de esta
situación, comenta la ex autoridad.
Para el experto existe ahora más que nunca la necesidad y urgencia
de que el gobierno pueda brindar a las empresas “…garantías y
certidumbre política…” para que puedan, sin dudas de por medio,
realmente invertir lo que debe ser “…mayores recursos económicos,
montos apreciables y fondos suficientes para que el Estado pueda no
sólo cumplir con sus compromisos de exportación a Argentina y
Brasil, sino también, atender el mercado interno de gas natural,
principal problema que asfixió a la industria nacional durante la
gestión 2007…”, precisó.
¿Qué hacer entonces?
De
inicio elevar a rango de Ley el Decreto Supremo No. 28701 del 1 de
Mayo de 2006 por el cual el gobierno “Nacionalizó” los
hidrocarburos, por una razón fundamental.
El
decreto, desde su vigencia logró cambiar la política energética
establecida por la Ley de Hidrocarburos No. 3058, con la
nacionalización, existe y debemos reconocerlo, una nueva visión de
desarrollo del sector en el cual YPFB juega un papel decisivo.
Mientras que la Ley abre la posibilidad al capital privado nacional
o extranjero para participar del desarrollo del sector, el decreto
entrega sólo a YPFB la responsabilidad de hacerlo.
¿Por qué considera que es importante hacer lo que propone?
Actualmente las empresas petroleras, la inversión extranjera se
debate en una disyuntiva: Primero, aplicar la Ley de Hidrocarburos.
Segundo, echar mano al D.S. 28701. ¿qué hacer? El problema es
complejo y delicado, la situación contribuye a la incertidumbre y
abre dudas de fondo por lo que las compañías aún miran con prudencia
hacer grandes inversiones en el sector.
¿Qué sugiere?
Dos
caminos: promover desde el gobierno un acuerdo político para aprobar
una nueva Ley de Hidrocarburos y/o elevar a rango de Ley el D.S.
28701. Sólo de está manera el Estado podrá ofrecer a las empresas
petroleras un blindaje de seguridad y garantías para las inversiones
que necesitan hacer para desarrollar campos y acelerar trabajos de
exploración de nuevos yacimientos que necesita el Estado para subir
su nivel de producción de 40 MMmcd a por lo menos 70 MMmcd.
¿Bajo qué condiciones podría subir el D.S. a rango de Ley, tiene
alguna propuesta?
Sucede que con la Ley No. 3058 el gobierno abrió un tránsito para
tener el control absoluto de la cadena hidrocarburífera, objetivo
que se cumplió con el D.S. de nacionalización. La Ley de
Hidrocarburos señala que la comercialización (mercado interno y
exportación), está permitida también a los privados con autorización
de YPFB; sucede lo mismo con el transporte por ductos y distribución
de GN, refinación y almacenaje, actividades reguladas.
Con
el decreto, la comercialización (mercado interno y exportación)
corresponde a YPFB. La empresa estatal toma la mayoría accionaria en
Empresas de Transporte por ductos, distribución de GN, refinación y
almacenaje. Por lo tanto con la intervención del Estado el
transporte de hidrocarburos por ductos, almacenaje de
hidrocarburos, refinación, pasa a control absoluto de la empresa
estatal. La pregunta ahora es ¿Qué ha hecho YPFB para tener
realmente control y manejo de áreas estratégicas de la industria?
¿Tiene una respuesta?
La
realidad habla por sí misma. Independientemente de lo que sucede,
existe al frente varios desafíos para YPFB. Los enumero ahora:
Exportación de gas natural al Brasil (30 MMMCD); a Cuiba (2.5 MMMCD);
a la Argentina (27.5 MMMCD) ¿la inversión anunciada será
suficiente?, de antemano el gobierno reconoció que no podrá cumplir
con los compromisos de exportación y el presidente Evo Morales habla
de reunir a los Jefes de Estado de ambos países para “racionalizar
la distribución de gas”, habrá que esperar qué pasa.
Pero las tareas no terminan aquí. Además de la producción de gas,
YPFB tiene la responsabilidad de garantizar la provisión del
energético: para la explotación de los ricos yacimientos del Mutún
(8 MMMCD); y al mercado interno (5-6 MMMCD). ¿Habrá gas suficiente?,
el gobierno tiene la palabra.
¿Sobre estos antecedentes, percibe usted que el gobierno tiene una
política energética para hacer frente a estos desafíos?
Hasta ahora no existen señales en éste sentido. Toda ley requiere de
reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. El D.S. de
Nacionaliza-ción no establece criterios instrumentalizadores para
llevar a cabo la nacionalización, se carece de normatividad para
inversiones en infraestructura
La nacionalización ha dado inicio a nuevo modelo de desarrollo en
hidrocarburos. El Decreto precisa ser jerarquizado a Ley. Se
requiere reglamentación técnica. Ambos son requisitos para nuevas
inversiones en el sector.
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