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Luis Carlos Kinn |
Introducción
Aunque pareciera imposible
en las actuales condiciones (un país importador de
diesel; altos precios internacionales del petróleo y un
gobierno fuertemente sustentado en el impuesto al
consumo de combustibles), existen soluciones para
disminuir y eliminar el gran problema que parece
venírsenos encima en un par de meses: la subida del
precio de los combustibles. Esta es la conclusión a
la que hemos llegado entre varios especialistas sobre el
tema.
En lo concreto proponemos
la implementación de una solución. que tiene dos etapas
interrelacionadas: una de aplicación inmediata y de
efecto parcial, y la otra, de efecto definitivo, a
mediano plazo.
Situación actual
¿Cuál es nuestra situación
actual en el tema de combustibles?. El Gobierno y la
balanza de pagos sufren de tres grandes males en este
sector: se tiene que subsidiar a la importación de
diesel (se le “paga” a los importadores para que
importen diesel); existe una fuga de divisas de cerca de
100 millones de dls. por año para la compra de ese
diesel (efecto inflacionario), y por ultimo -dado
que de acuerdo a la ley y los contratos vigentes el
precio del petróleo producido en Bolivia y destinado al
mercado interno es fijado según el que rige en el
mercado internacional- el Gobierno tiene que compensar,
vía créditos fiscales (o sea disminución de sus
ingresos) a las empresas productoras de petróleo,
para que estas vendan a un precio “subsidiado” a
las refinerías, precio menor que al internacional, y así
estas ultimas puedan vender a precios regulados el
diesel, la gasolina y otros carburantes que obtienen al
procesar el petróleo.
Sin duda, el Gobierno no
puede aguantar más esta continua y creciente merma de
sus magros fondos fiscales. Por ello ya se habla de una
gradual eliminación del subsidio a la importación del
diesel. Y este es otro de los bretes del Gobierno:
necesariamente se produciría un aumento de los precios
al consumidor, con los correspondientes efectos en la
canasta familiar y en los demás sectores de la economía,
lo cual terminaría en un recrudecimiento de las
tensiones sociales en este panorama ya de por si
borrascoso.
Solución
Pero no todo son malas
noticias. Existe una solución, cuyo proceso tiene dos
periodos en el tiempo, tal como se describe a
continuación.
Periodo 1: disminución parcial de la
dependencia.
Primer paso: tan
pronto entre en vigencia la nueva Ley de Hidrocarburos,
bajo nuevos contratos de producción compartida, el
Estado retiene, en especie, el 50% de todos los líquidos
que se produzcan en el país (petróleo y condensado),
correspondientes al 18% de regalías más el 32% del nuevo
impuesto.
El otro 50% el Estado le entrega a la empresa en pago
por su actividad, para que recupere su inversión, pague
sus operaciones y obtenga sus utilidades.
Segundo paso:
dado que con el 50% no es suficiente para cubrir las
necesidades de las refinerías, el Estado compra, vía
licitación periódica, el resto (cerca de un 25% más) a
las empresas, las cuales deben aprovisionar las
necesidades internas antes de exportar el balance.
Tercer paso:
el Estado entrega a las refinerías el petróleo para que
sea procesado; les paga un margen por el proceso; recibe
el diesel, la gasolina y los otros derivados –de los
cuales es propietario- y los comercializa en el mercado
interno, a precios determinados por el Estado, a
través del sistema actual de distribución mayorista y
minorista, quienes reciben un margen fijo por ello.
Resultado parcial:
el Estado tiene control del precio de la mayor parte del
petróleo producido en el país. Así se disminuye
notoriamente el efecto de la variación del precio
internacional del petróleo en los precios internos de
los derivados del mismo.
Periodo 2: disminución total de la
dependencia.
Primer paso:
en paralelo al Periodo 1, se inicia la construcción de
plantas de industrialización para la producción de
derivados, principalmente diesel y gasolina, a partir
del gas (plantas de GTL). Para ello se deben dar los
incentivos necesarios (no confundir con subsidios),
a las inversiones para esos proyectos.
Segundo paso:
el Estado, con parte del 50% que retiene de la
producción de gas, entrega gas a las plantas de GTL;
estas lo transforman en el diesel y la gasolina
necesarios para el mercado interno (también otros
carburantes); reciben un margen por ello; entregan los
productos al Estado, y este lo comercializa vía la
distribución mayorista y minorista.
Tercer paso:
la mayor parte de la producción de petróleo (incluyendo
el condensado), se destina a la exportación. Como se
venderá a precios altos, se obtendrán mayores ingresos
para el Estado y para las regiones productoras.
Una parte menor de la
producción se destina a las refinerías existentes, para
las necesidades de mezcla del mercado interno y para
servir como un “colchón” de regulación. También sus
productos podrán ser exportados a buenos precios.
Para evitar cualquier
disminución en las regalías departamentales, estas se
pagan con relación a los precios internacionales.
Conclusión
Mediante la implementación
de la solución descrita arriba, en sus dos periodos, al
lograr que toda la producción de diesel y gasolina para
consumo interno se haga en base al gas -una materia
prima barata y abundante en nuestro país- y no como
es el caso actual, en base al petróleo, se
elimina definitivamente el devastador riesgo que
los altos precios internacionales del petróleo
significan para nuestra economía actual y futura.
Y por si fuera poco:
también se inicia la industrialización del gas en
nuestro país, primero para el mercado interno,
pero inmediatamente eso abre las puertas para la
construcción de las grandes plantas de exportación de
diesel y gasolina en gran escala.
De esta manera transformamos
una debilidad en una fortaleza. Y lo mejor de todo:
se puede iniciar de inmediato y está en nuestras
manos.
Los únicos dos “peros”
a esta solución son:
1)
El posible contrabando de
combustibles a los países vecinos, puesto que tendremos
un precio interno mas bajo. Este es un mal menor pero
relativamente controlable; México y Venezuela lo hacen
hace muchísimos años.
2)
Esto es posible si y solo
si el Estado dispone libremente de la producción de
los hidrocarburos de la manera descrita arriba, y pueda
así fijar el precio de los combustibles en función de
políticas de Estado. Eso sólo es posible –fuera de
cualquier connotación política- si el Estado
recupera la propiedad de la producción de los
hidrocarburos, y dicha producción se realiza mediante
los nuevos contratos de producción compartida. Bajo los
actuales contratos de riesgo compartido -que confieren
la propiedad de la producción a las empresas- no hay
como el Estado pueda disponer de una parte de la misma;
le ponga el precio en función de políticas internas y no
en función del precio internacional, e implemente la
solución propuesta arriba.
Seguramente que las empresas productoras -dado el gran
beneficio que esta solución puede traer para los
bolivianos, y dado que indirectamente calmaría las
aguas y permitiría la estabilidad definitiva de sus
actividades bajo rentabilidades aceptables- también
estarán dispuestas a poner el hombro.
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