 |
|
Luis Carlos Kinn |
A un año
de la realización del Referéndum del gas, es necesario
hacer un balance para saber donde estamos, pues a partir
de él, nuestro país ha sufrido marcados eventos
sociales, políticos y económicos.
El
Referéndum marca un punto de profundo cambio en un
sector tan importante y estratégico en nuestro país
como es el sector de hidrocarburos: dio lugar a
desarrollar una Política de Estado en el manejo de los
hidrocarburos, la cual se ha iniciado con la nueva Ley
de Hidrocarburos (aun con sus limitaciones y excesos,
perfectibles ambos), y que debe tomar en cuenta la
interrelación de la energía con las demás áreas
económicas, sociales, geopolíticas y de desarrollo
sostenible del país. Dicha interrelación se sustenta en
tres aspectos centrales:
1.La
energía es un insumo esencial para nuestra economía:
la calidad de vida de la población y la productividad
industrial requieren un suministro de energía confiable,
seguro, y a precios internos competitivos y de fomento.
Esto es especialmente critico con el diesel.
2.La
energía incide directamente en la seguridad de nuestro
país:
interrupciones en el transporte o el suministro, o
fenómenos de inestabilidad en los precios de los
energéticos pueden originar procesos recesivos que
impacten en la economía y en la seguridad de nuestro
país.
3.La
energía afecta la calidad del medio ambiente:
la producción y el consumo de energía tienen impactos
ambientales, que incluyen contaminación de aire y agua,
disposición de residuos, emisiones de gases de
invernadero, alteración de ecosistemas, y otros.
Precisamente, a raíz del Referéndum, la nueva Ley de
Hidrocarburos incluye elementos que dan una mayor
presencia del Estado en las decisiones y actividades del
sector, en atención a los puntos listados arriba. Desde
que se promulgó dicha Ley hace dos meses, se pueden
listar ya dos resultados concretos:
1.Los
ingresos fiscales por la producción de hidrocarburos
prácticamente se han duplicado (322 millones adicionales
por año);
2.Los
proyectos de transformación del gas a diesel han entrado
en etapas avanzadas de concreción: uno ya está en etapa
de ingeniería financiera; otro en etapa de ingeniería
técnica; y un tercero en etapa de estudio de
factibilidad. Nuestro futuro tiene un mejor talante:
lograremos nuestra independencia energética, pues en
pocos años más tendremos diesel propio -se eliminará la
importación- y lo tendremos en las cantidades y en los
precios necesarios para un desarrollo sostenible en
nuestro país.
Se está
iniciando la era de la industrialización del gas en
nuestro país.
Otro
fruto del Referéndum es que ya se tienen las bases
legales para que la nueva versión de YPFB sea el
estandarte del desarrollo del país en el siglo XXI, si
se encuentran las maneras de blindarlo contra la
injerencia política. Otro gran desafío es lograr un
cambio de paradigma: dirigir el nuevo YPFB a una
actividad operativa prioritariamente orientada a lo que
más tenemos (el gas); orientada a lo que más necesita el
país en materia de combustibles (la producción de
diesel); orientada a la actividad que mayores beneficios
deje a todo el país, (la industrialización del gas); y
orientada a la actividad que tiene el mayor potencial de
crecimiento y de exportación: la exportación de
productos energéticos con valor agregado. En paralelo
también la exploración de nuevas áreas, en sociedad con
socios que corran el riesgo de inversión, será otra de
las actividades que ya puede efectuar el nuevo YPFB.
Por otro
lado, bajo una mejor presencia estatal, pronto se
reinicia la inversión privada en el sector petrolero,
pues se están retomando los contactos y negociaciones
para la construcción del gasoducto del noreste
argentino, y para alimentarlo hay que perforar los
nuevos pozos que producirán desde Bolivia 20 millones de
metros cúbicos por día. También el proyecto del Polo
Petroquímico en la frontera con Brasil también se está
reactivando, según lo anunciado por al Agencia Nacional
de Petróleo del Brasil.
Sin duda
tales cambios profundos, en parte movidos por motivos
políticos, también han conllevado ciertos errores y
excesos. Se debe entrar en una etapa de acomodo final.
Uno de estos temas es el impositivo: todavía no esta
claro que tan cerca del 50% está el balance final de
regalías e impuestos, con pago adicional del IU, con el
descuento del CEDEIM, etc. Es necesario abrir con
completa transparencia la negociación de este punto para
que el balance final sea 50% neto para cada lado.
En
resumen, el Referéndum del gas, a un año de su
realización, aun con una nueva ley imperfecta que debe
ser mejorada a través de conversaciones y negociaciones
de buena fe, ha permitido avances de trascendental
importancia para nuestro futuro y, luego de los ajustes
finales, permite ver un horizonte de mayor estabilidad
en el sector de hidrocarburos, y por ende, en todo el
país. |
