 |
|
Luis Carlos Kinn |
Entrevista con
Luis Carlos Kinn F., Vicepresidente Ejecutivo de GTL
Bolivia S.A.
EP:
Entendemos que el proyecto de GTL Bolivia estaba
estancado desde hace varios años, en espera de
incentivos legales para que el proyecto sea rentable.
Ahora bajo la nueva Ley de Hidrocarburos, cuál es la
situación?.
LCK:
Es correcto, nuestro proyecto para una planta de GTL de
10.000 BPD estuvo estancado prácticamente desde Marzo
del 2003, pues en dicha fecha terminamos el estudio de
ingeniería - realizado por la empresa Jacobs Engineering,
de Inglaterra, una de las empresas de ingeniería más
reconocidas del mundo- y dio resultados positivos en
cuanto a la factibilidad técnica del proyecto. Dicho
estudio se realizó entre el año 2002 y el 2003, en
Londres y EEUU, y contamos con el apoyo de coordinación
técnica de parte de la empresa francesa Total.
Si bien el proyecto era
técnicamente posible, no era rentable bajo la anterior
Ley de Hidrocarburos. Por ello el paso siguiente fue el
de lograr el marco legal necesario. Por ello
participamos proponiendo los incentivos y los cambios
necesarios para la industrialización del gas en la Ley
de Hidrocarburos, y por ende, para nuestro proyecto de
GTL.
EP:
¿Cuáles son esos incentivos y cambios legales?
LCK:
Antes de describir dichos cambios, es necesario remarcar
que la industrialización del gas requiere de grandes
montos de inversión, y como en Bolivia no tenemos esos
montos, la industrialización se debe hacer en base a la
inversión externa, ya sea privada o multilateral. Dicha
inversión necesita, como requisitos mínimos, dos
aspectos: en primer lugar que la operación sea rentable;
y en segundo lugar que la operación sea estable a largo
plazo, bajo un régimen impositivo que no cambie.
Precisamente en la nueva Ley
de Hidrocarburos ya se han incorporado los mecanismos
que aseguran esos dos mínimos requisitos: por un lado
cambios regulatorios e incentivos fiscales que
disminuyen los costos de capital y de operación y
aseguran una rentabilidad razonable para el
inversionista, y por otro un marco de seguridad
impositiva a la inversión durante 10 años como mínimo.
EP:
¿Como Ud. explica eso de la rentabilidad razonable para
el inversionista?
LCK:
Según la nueva ley, para tener acceso a los incentivos
económicos el inversionista debe presentar al Ministerio
de Hidrocarburos la factibilidad técnico-económica.
Entonces, antes de aprobar el proyecto y conceder los
incentivos, el Estado determina el nivel de rentabilidad
que se logrará bajo los incentivos. Este elemento da
transparencia a la relación entre el inversionista y el
Estado, así se evita el que el proyecto pueda – a
futuro- tener ganancias demasiado grandes mientras goza
de bajos impuestos e incentivos fiscales.
EP:
¿Y la seguridad impositiva por 10 años?.
LCK:
Tal como ya está funcionando en otros países, como en
Perú, según la nueva Ley el inversionista puede firmar
con el Estado un contrato de estabilidad jurídica e
impositiva. Dicho contrato da una estabilidad tributaria
a la inversión específica –no se cambian los impuestos-
durante 10 años. Si el Estado, en su potestad soberana,
cambia los impuestos, tal cambio no aplica a la
inversión específica bajo contrato. Adicionalmente,
como un elemento más para atraer a la inversión, bajo
este tipo de
contratos el inversionista
puede tomar un seguro a la inversión en país de alto
riesgo, en el MIGA (Banco Mundial), OPIC; u otros
organismos que dan este tipo de seguros, con un costo de
un 2% a 3% sobre la inversión. De esta manera el “riesgo
país” se reduce o se elimina. En Bolivia no existía
dicha opción. Ahora la tenemos.
EP:
Aun así se han creado dos factores que dificultan la
inversión extranjera en nuestro país: una percepción
generalizada de que las empresas petroleras no son
favorables para el país; y una imagen en el extranjero
muy mala para la inversión en nuestro país.
LCK:
Lamentablemente es cierto. Por ello, para asegurar este
tipo de proyectos, y de cualquier otro de inversión en
el sector, tenemos dos grandes desafíos por delante:
internamente, el de demostrar que las empresas, bajo las
nuevas reglas del juego (aun perfectibles para lograr
una situación ganar-ganar) y bajo mecanismos
transparentes, son necesarias; convenientes e
imprescindibles para nuestro país, y que necesitan
rentabilidad y seguridad. Externamente, necesitamos
convencer a las empresas y a la comunidad internacional
que en nuestro país se pueden crear las condiciones para
una inversión segura. Dos objetivos bastante difíciles,
pero no imposibles. Y debemos encararlos como
empresarios y como Gobierno.
EP:
Se ha escuchado que la planta de GTL ya no estará
ubicada en Santa Cruz, como se tenía planificado
inicialmente, y que se instalaría en Yacuiba.
LCK:
Bajo los elementos de la nueva Ley, estamos ahora en un
proceso de definición final de la ubicación de la
planta. Una de las más serias posibilidades es Yacuiba o
Villamontes. Pero eso todavía no esta definido, será el
resultado de un amplio estudio de sensibilidad que
estimamos terminar en dos meses más.
EP:
¿La planta no es rentable en Santa Cruz?
LCK:
No es eso. La planta es rentable en Santa Cruz. También
es un poco más rentable en Yacuiba. De hecho, desde el
punto de vista de rentabilidad, hay varias posibles
ubicaciones en el país donde la planta es rentable, y
dicha rentabilidad no varía sensiblemente entre un lugar
y otro.
EP:
¿Cuáles son esas ubicaciones?
LCK:
Una planta de GTL de 10.000 BPD como la nuestra puede
tener una operación rentable en las siguientes
ubicaciones: Santa Cruz; Villamontes; Yacuiba; Puerto
Suárez; Puerto Busch; Cochabamba y El Alto.
Por ejemplo, si la planta
está ubicada en Santa Cruz, da una rentabilidad cercana
al 20% si la planta se ubica cerca de la boca del pozo,
si se ahorra el costo de transporte del gas (ya
permitido por la nueva Ley) y se usa gas producido en
Santa Cruz. Como una planta de este tamaño –10.000 BPD-
necesita sólo 0,75 TCF de reservas para 20 años de
operación, dichas reservas existen en Santa Cruz. Si se
usa gas transportado desde Tarija, todavía es rentable,
aunque un poco menos.
Lo mismo sería si la planta
se ubica en Puerto Suárez o Puerto Busch, y se alimenta
con gas producido en Santa Cruz, mejor aún si es del
Campo Río Grande, pues desde ahí se envía directamente a
Puerto por GTB y se ahorra en el transporte. Si bien en
estos casos la rentabilidad sería un poco menor que si
la planta estuviese en Santa Cruz, es aun atractiva. La
ventaja de este caso es de que la producción se puede
dedicar también 100% a la exportación, y aun es viable
económicamente. Y el gigante Brasil tomaría con extrema
facilidad dicha producción de diesel ecológico.
Algo similar existiría con
las ubicaciones de Yacuiba o Villamontes.
EP:
¿Y si la planta se ubica en Cochabamba o en El Alto?
LCK:
Según nuestros estudios económicos, si la planta se
ubica en las afueras de la ciudad de Cochabamba,
alimentándose con gas del Chapare, y la producción se
destina
parcialmente al mercado interno y parcialmente a la
exportación vía Arica, también la rentabilidad está
cercana al 20%.
Si el gas del Chapare se lo
transporta un poco más lejos, hasta El Alto, y ahí se
instala la planta de 10.000 BPD, y se dedica la
producción también al mercado interno y a la
exportación, la operación tendría una rentabilidad
aceptable.
EP:
Entonces, si la rentabilidad es buena en cualquiera de
las ubicaciones indicadas, ¿Qué factores decidirán la
ubicación final de la planta?.
LCK:
Otros factores que se están analizando, y de los cuales
dependerá la ubicación de la planta, dependen de dos
grandes factores: el análisis integral de riesgos en
cada una de las ubicaciones, que incluye las
posibilidades y los costos de controlar o mitigar dichos
riesgos, y de factores de políticas estatales y
regionales, pues es conveniente coordinar con el Estado
y con las regiones este tipo de consideraciones.
EP:
¿Y por que no tener varias plantas similares en
diferentes puntos del país?
LCK:
desde el punto de vista de rentabilidad y de mercados,
es posible. Y creemos que esta es una buena noticia para
el país, pues, por un lado, como las plantas pequeñas
(de 10.000 BPD) no requieren grandes cantidades de
reservas, y por otro, si bien el mercado interno de
diesel es limitado, el de exportación es prácticamente
ilimitado. Bajo una adecuada coordinación de mercados,
pueden funcionar en paralelo varias plantas de 10.000
BPD en diferentes ubicaciones del país. La nuestra será
una de ellas.
Por ejemplo, un escenario
muy factible de que funcionen tres plantas al mismo
tiempo y sean rentables sin excluir una a la otra sería:
una planta en Yacuiba que envíe el 50% de su producción
al mercado interno y 50% para exportación a la
Argentina. Otra en Puerto Suárez dedicada 100% a la
exportación al Brasil; y una tercera ubicada en
Cochabamba (o El Alto) que atienda 50% al mercado
interno y 50% para exportación vía Arica.
EP:
¿Y que en cuanto a las grandes plantas de GTL de 100.000
BPD?
LCK:
En base a la información de costos de las grandes
plantas de GTL que se están instalando en Qatar, también
hemos hecho el estudio económico para una planta de
100.000 BPD, pues será una segunda etapa en nuestro
desarrollo empresarial. Y es importante ver que para
estas plantas la ubicación tiene que ser cercana a los
grandes yacimientos de gas, pues cada una de ellas
consume 1000 millones de pies cúbicos por día (30
millones de MCD); y en función de la tecnología que se
utilice, se necesitan cerca de 7 TCF de reservas
probadas para asegurar 20 años de operación. Es
necesario resaltar el hecho de que estos grandes
proyectos se realizan sólo si cuentan con la seguridad
de provisión de gas a largo plazo, eso quiere decir
reservas probadas. Por ello veo a futuro una competencia
entre asegurar reservas probadas para la exportación de
gas y para los grandes proyectos de GTL.
|