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Luis Carlos Kinn |
En el recientemente llevado a cabo “2do Foro de
Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo
Sostenible” en nuestra ciudad, organizado por CAINCO, el
BID y COBORSE, se expuso un concepto muy adecuado para
nuestros tiempos: “un sector privado responsable con el
resto de la sociedad y el medio ambiente es el motor del
crecimiento y el desarrollo económico sostenible”.
Sin pretender que las
empresas solucionen lo que es tarea del Gobierno y de
los bolivianos, ellas deberían analizar más a fondo ese
concepto y sus desempeños en Bolivia, y sopesar cual
realmente ha sido el impacto de sus inversiones y
operaciones en la realidad cotidiana de la mayoría de
los bolivianos, pues no se puede negar que las empresas
han participado en la estructuración del marco legal
para sus operaciones en Bolivia, en el establecimiento
de las leyes y de los reglamentos que rigieron el sector
desde 1996.
Los resultados son los
que cuentan, y para los bolivianos los resultados dichas
políticas y leyes no son satisfactorios. Esa es una de
las realidades que están motivando la necesidad de
cambios. Y los motivaría en cualquier país del mundo.
Por ello los cambios
que incluye la nueva Ley de Hidrocarburos son parte de
un cambio más amplio que se está dando en nuestro país,
y sería un error seguir oponiéndose a ellos de una
manera absoluta y seguir ignorando la realidad de los
bolivianos. Ya vimos los resultados de dicha actitud:
uno de ellos es que los impuestos y regalías fueran más
allá del 50% aprobado en el Referéndum.
Y será más
contraproducente a la imagen del sector y a su
relacionamiento con los bolivianos, si no hay cambios
también en el sector mismo, cambios que tengan que ver
con algunos actores visibles que representan a las
empresas -en su mayoría artífices de la actual
situación- y también cambios del enfoque corporativo en
cuanto a la real responsabilidad social de las empresas
petroleras en Bolivia.
Se debe hacer un
“borrón y cuenta nueva”, estableciendo y aceptando la
necesidad de transparencia en las relaciones, en la
actitud. Ya no se debe generar más desconfianza ni
descrédito para las empresas con actitudes soberbias;
declaraciones amenazantes, ni incurrir en acciones que
puedan ser descalificadas aún por los propios códigos
de ética establecidos en las casas matrices.
Los bolivianos y
nuestras instituciones necesitamos debemos ser más
respetados, como socios de largo aliento. Esa es la
actitud que generará confianza y estabilidad. Y ese es
el ambiente de negocios que todos necesitamos.
Y eso incluye el tema
de migrar o no migrar, y en que condiciones migrar. Y
lograr resultados satisfactorios para ambos lados no
pasa por negociaciones sólo con ejecutivos del Gobierno.
Se debe negociar también con los actores sociales, o por
lo menos analizar sus necesidades en un nuevo marco de
responsabilidad social de la empresa. Difícil tarea,
pero es una necesidad.
Recordemos que todo
partió de la Ley 1194 (Paz Zamora,1990), cuando los
hidrocarburos se explotaban por YPFB y también por las
empresas privadas. Estas últimas lo hacían bajo
contratos de Operación y Asociación. En ambos casos la
propiedad de los yacimientos de hidrocarburos y de la
producción de hidrocarburos que se obtenía en boca de
pozo, era del Estado. Las empresas entregaban el 100% de
su producción a YPFB, quien a su vez distribuía un 50% a
las regiones y al Estado, y el otro 50% para la empresa,
de libre disponibilidad y sin más impuestos.
Y tuvimos largos y
buenos años de actividad estable, aun con menores
mercados para el gas, y aún con precios internacionales
bajos.
Y por más vueltas que
le demos, la verdad en cuanto a los contratos la definió
el Tribunal Constitucional el 7 de Abril pasado:
• “Primero.- … para la
suscripción de los respectivos contratos de concesión
por parte del Estado, el órgano Ejecutivo deberá o debió
haber recabado la respectiva autorización y consiguiente
aprobación de los contratos por el órgano Legislativo,
conforme a lo previsto por el Art. 59º,5ta de la
Constitución.
• Segundo.-
Consiguientemente, el Poder Legislativo no está eximido
de cumplir con la atribución que le confiere el Artículo
59º.5ta de la Constitución, referido a la autorización y
aprobación que debe otorgar a los contratos relativos a
la explotación de las riquezas nacionales, ...”
No obstante, los
bolivianos necesitamos a las empresas petroleras, y
debemos flexibilizar ciertas posiciones extremas.
También las empresas.
Son tiempos de
cambios. Que sean buenos para todos.
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