Uno de los  temas que están pendientes de resolución -y que pueden estar influenciando las cosas que están pasando en el sector de hidrocarburos-  tiene que ver con una obligación que el Gobierno quiere imponer a las empresas exportadoras de gas: que provean gas al mercado interno en el mismo porcentaje que les corresponde en la  exportación.

Es decir, por ejemplo, si una empresa X tiene asignado un cupo del 20% del total que Bolivia exporta, también dicha empresa X deberá aceptar un cupo  del 20% del total que se destina al mercado interno. El mercado interno deja menores precios que la exportación, lo cual, en términos netamente económicos - y de corto plazo - hace que las principales empresas exportadoras no quieran proveer los mencionados porcentajes al mercado interno. Hasta hace poco, las empresas como Chaco y Andina eran las que principalmente “bailaban con la fea”, es decir, se hacían cargo del mercado interno, pues no podían aumentar su cupo en la exportación, controlada por Petrobrás al tener el “take or pay” (derecho de uso) del gasoducto al Brasil.

¿Cuál es el gran temor de las empresas?: la industrialización del gas va a hacer crecer el mercado interno; pues, el proceso de industrialización va a consumir mayores volúmenes de gas en las grandes plantas industriales que se van a ubicar en territorio nacional (Santa Cruz, Tarija, Puerto Suárez,…). Sin embargo, es importante anotar que dichas plantas, si bien pagarán menor precio por el gas, generarán impuestos adicionales que no son generados por el gas exportado, los cuales sumados a las regalías y al IDH,  darán mayores ingresos fiscales totales al Estado que lo genera la simple exportación, además de dar valor agregado a nuestro gas, generación de fuentes de trabajo en la industria, transferencia de tecnología, y otras ventajas que produce la industrialización y que sería largo de enumerar.

Ese es el crecimiento que no quieren las empresas, pues genera menores ganancias para ellas, aunque todavía serían ganancias razonables en términos comparativos con otros países.

Otro de los argumentos que se ha difundido por diferentes medios de comunicación - que han hecho mella no solo en un gran sector de la población sino también en altísimas autoridades del sector de hidrocarburos- es el de que no tenemos suficiente gas: “sólo hay suficiente para la exportación”, y que las reservas antes reportadas eran mentira, eran “infladas” por motivos de la bolsa de valores. Pero no hay ninguna empresa o comunicado oficial que le respalde. Mientras un estudio serio no demuestre lo contrario se debe poner en tela de juicio dichos rumores, más aun por los altos funcionarios de Gobierno.

En todo caso no debemos olvidar que:

• por un lado, cada nuevo pozo que se perfore en los campos ya conocidos, para cumplir con la exportación a la Argentina, directamente permitirá que se aumenten las reservas probadas, pues parte de las que ahora son “probables”, en base a la información que se obtendrá de los nuevos pozos de desarrollo, pasarán indefectiblemente a categoría de probadas.

• por otro lado tampoco hay que olvidar que recién se ha explorado el 10% del área con potencial de hidrocarburos en nuestro país, y que nuestra historia de producción gasifera recién está empezando.

No obstante, para el Estado, aquí el desafío es específico: o estamos con la industrialización que es el salto para Bolivia o nos quedamos en el pasado, simple exportadores de materias primas.

Este tema -de vital importancia para nuestro país y de mucho manejo político - durante el 2006 sólo hizo noticia cuando se anunció en Ayo Ayo un proyecto de dudosa seriedad.

Este nuevo enfoque se puede entender este bajo los puntos siguientes.

La industrialización del gas.- Primero se debe partir de la Ley 3058 para referirse con propiedad a la industrialización del gas. En el articulo 139 de dicha Ley se define: “Industrialización.- Son las actividades de transformación química de los hidrocarburos y los  procesos industriales y termoeléctricos que tienen por finalidad añadir valor agregado al Gas Natural: Petroquímica, Gas a Líquidos (GTL), producción de fertilizantes, úrea, amonio, metanol y otros.” . De la anterior definición legal todo proyecto de separación del gas en sus diferentes componentes, procesos físicos, no químicos, no son proyectos de industrialización, tal como la planta de separación de gas de Yacuiba, la cual se presentó -incorrectamente- como “la primera planta de industrialización' en el país. Si posteriormente otra planta transforma químicamente uno de dichos componentes en otro producto con valor agregado, esa planta sí es una planta de industrialización de acuerdo a la Ley 3058

El precio del gas bajo los nuevos contratos.- Cumpliendo con el DS 28701, YPFB y las empresas petroleras establecidas en Bolivia firmaron en octubre del 2006 los nuevos contratos (Contratos de Operación). El Estado y las empresas operadoras, aceptaron recíprocamente sus roles, tanto en lo operativo como también en lo económico: por un lado, el Estado pasa a ejercer su calidad de propietario de la producción de hidrocarburos, lo cual le permite, por ejemplo, decidir a que precio de vende el gas. Por otro lado, las empresas pasan a prestar el servicio de operación, con inversiones propias, pero bajo condiciones que aseguran: a) la venta de dicha producción; b) la devolución de todos sus gastos e inversiones, y c) parte de las utilidades del negocio. La fig. 1 muestra la forma establecida en los contratos bajo la cual las empresas recuperarán la totalidad de sus inversiones y gastos pasados, presentes y futuros, y participarán de las utilidades.

Para que las inversiones y gastos sean devueltos, cada año las empresas deben presentar a aprobación de  YPFB un plan de trabajo que incluye las operaciones y las inversiones y gastos propuestas. Una vez aprobadas y ejecutados dichas inversiones y gastos se devuelven a las empresas, en montos que tienen un tope máximo variable para cada contrato: puede ir hasta un 30% del precio en boca de pozo en los casos de San Alberto y San Antonio; pasando hasta un 47.5 % en el caso de Margarita; y pueden llegar hasta un 50% en el caso de Itau, Incahuasi y los campos menores.

Para completar el marco general, se debe tener en cuenta que ahora los contratos gozan de una seguridad jurídica que no tenían antes: están siendo sido aprobados por el Poder Legislativo, tal como lo manda la Constitución Política del Estado.

Mercado interno.- La situación es menos buena cuando el mercado es el interno: la Ley 3058 le pone un techo de precio de máximo el 50% del gas de exportación.

El mercado interno se divide en Gas de Consumo (consumo en refinerías, generación termoeléctrica, gas por redes, industria y comercio) y Gas de Industrialización: gas utilizado como materia prima para su transformación química en otros productos con valor agregado.

Los volúmenes del Gas de Consumo son relativamente bajos y su crecimiento no es muy grande. Los volúmenes del Gas de Industrialización pueden mayores. He ahí el dilema: dejar que se inicie o no la tan ansiada industrialización del gas.

Si se hace un cálculo similar con un precio de 2.5 dls/1000 pc (rentable para una planta de GTL de 10,000 BPD), se verá que después de la rentencion para el Estado del 50%,  quedan para la empresa 1.25 dls/1000 pc. Teniendo en cuenta que este monto es mayor que los 0,58 dls/1000 pc que hubiesen quedado bajo las condiciones del pretendido proyecto Pacific LNG -cuyo precio  base en boca de pozo, propuesto por las empresas, era 0,70 dls/millar de pies cúbicos pagando 18% de regalías- se puede asumir la provisión de gas a la industrialización tipo GTL, a 2.5 dls/1000 pc, es un negocio rentable para la empresa productora.

Pero: ¿Cuál es la situación para el otro participante en este negocio, el Estado Boliviano?. Desde el punto de vista de regalías es más ventajosa la exportación que el mercado interno, pues las regalías se aplican directamente sobre el precio de venta, pero desde el punto de vista de ingresos fiscales totales, bajo la nueva política de que YPFB tenga el 51% de todo proyecto de industrialización, por ejemplo para una planta de GTL de 10.000 BPD, los ingresos totales para el Estado son mayores que los provenientes por la exportación, aun si el precio del gas que consume la planta es la mitad del de exportación, tal como se muestra en la fig. 2. Si bien los departamentos con altos ingresos por regalías tendrán un poco menos, la industrialización es  beneficiosa para el país en su conjunto, con la ventaja adicional que se puede instalar no solo en los departamentos productores, sino también en los no productores.

Aparte es este efecto directo de mayores ingresos fiscales vía industrialización que vía exportación (sin que sean incompatibles), también hay muchos otros efectos positivos para el país.

Subsidio al diesel importado: Para analizar el efecto que se tendría a futuro si no se incrementa la producción de diesel mediante la implementación de plantas de GTL,  se debe hacer un análisis de la demanda del mercado interno, como también de la producción para el  mencionado periodo.

El déficit de diesel  en el periodo comprendido en el 2006, y proyectado hasta el 2010 se muestra en la fig. 3.

Como se ve en el cuadro de la fig. 4, el Estado deberá soportar un efecto negativo de más de mil millones de dólares por la importación de diesel en los próximos 5 años.

Con todo lo anterior, sin incluir otras ventajas de la industrialización como desarrollo industrial, generación adicional de puestos de trabajo, transferencia de tecnología, desarrollo más equilibrado de las diferentes regiones del país: ¿es coherente con la actual etapa de cambios - entendiendo las necesidades de nuestro país, sabiendo que un desarrollo sostenible nos beneficia a todos - seguir postergando la industrialización del gas o seguir poniéndole trabas?. No lo es. Ni tampoco es saludable para la estabilidad económica y política en general.