Por Dante N. Pino Archondo

Ahora podemos entender mejor, el contenido de la política hidrocarburífera que lleva a cabo el Gobierno del MAS. Recordemos que sus declaraciones y acciones realizadas desde el 1ero de mayo pasado, estuvieron remarcando la decisión soberana y digna para refundar YPFB y hacer de esta empresa el motor del desarrollo hidrocarburífero con su correlato de industrialización.

Le dieron atribuciones únicas, para efectuar operaciones descartando la posibilidad de operar bajo contratos de operación u asociación con el sector petrolero, que la ley 3058 prevé como posible. Pues bien, han transcurrido tres meses y más allá de fotos para los medios, reuniones con promesas de inversiones millonarias, actos de presencia para remarcar la presencia de YPFB en representación del Estado, y amenazas, ¡cuando no! de descubrir supuestas ilegalidades de las empresas capitalizadas en el sector, lo cierto es que la cúpula directiva de YPFB, con asesor ideológico por medio, no ha dado un paso serio y responsable en dirección a encabezar los negocios del sector.

No conocemos el avance de las negociaciones para la suscripción de los nuevos contratos para operar, no conocemos que inversiones reales, no imaginarias, se están llevando a cabo, cuales los resultados de la toma estatal de las refinerías y distribuidoras de gasolina, que nuevos campos se están licitando y cuales las empresas que los requieren, porqué causa se han paralizado las negociaciones con Petrobras, para modificar el precio del gas, cuanto y como se invertirá en los actuales campos de producción gasífera para incrementar volúmenes de exportación y facilitar procesos de industrialización. Nada de esto tenemos en mesa, con proyectos serios, con cifras trabajadas y capitales dispuestos a hacerlos realidad.

Lo que si conocemos es la decisión de la Superintendencia de Hidrocarburos, cuyo funcionario fue impuesto por el señor Ministro del ramo, por ser su amigo de confianza, lo que nos libra de cualquier sospecha de animadversión personal, étnica o política, frenando una venta irregular de crudo al Brasil, remitiendo la documentación al Ministerio Público, (no a la Contraloría General de la Republica) lo que equivale a imputación de delito, por parte de este Superintendente, por la suscripción de un contrato de compra - venta para la exportación diaria de 2 mil barriles de petróleo.

La operación de comercialización tiene como intermediaria a la empresa Iberoamericana Trading SRL, que como vemos es una sociedad mercantil de responsabilidad limitada y que de acuerdo a la Resolución No 1014/2006 habría incurrido juntamente con el Presidente de YPFB Jorge Alvarado, “en indicios en la comisión de infracciones al ordenamiento jurídico vigente”

Llama la atención que el Presidente de YPFB no conozca la Resolución señalada pero sí confirme la suscripción del contrato (La Razón A12 26/07/06) que siendo uno de los enemigos de asociaciones con empresas privadas y declarado defensor del monopolio absoluto del Estado para que YPFB sea el único operador en la cadena productiva, haya suscrito o autorizado la suscripción de este contrato.

En la consabida actitud del Gobierno sobre casos de sospecha de delitos y más aún de una imputación seria como la efectuada por el Superintendente, amigo del Ministro de Hidrocarburos, debía procederse a la inmediata suspensión, cuando menos, del Presidente de YPFB, y alto dirigente del MAS. ¿Será que se obrará en este caso, como en los otros, que sin la presentación de prueba contundente, como en este caso, sufrieron el rigor de la mano dura para no tolerar casos de corrupción?