Por: Daniela Cid Mayorga, Luciano Alarcón

AméricaEconomía

Las cifras son elocuentes. Petróleos Mexicanos, Pemex (Nº 1 en el ranking de AméricaEconomía), Petróleos de Venezuela, PDVSA (Nº2) y Petróleos de Brasil, Petrobras (Nº3) -las tres compañías que desde hace quince años vienen liderando ininterrumpidamente el Ranking de las 500 Mayores Empresas de AméricaEconomía- sumaron el año pasado ventas por nada menos que $US 230.142 millones, más que los PIB de Argentina y Chile, por ejemplo.

No sólo eso. La facturación de las tres gigantes sumadas superó en $US 54.798 la registrada en 2004, un fiel reflejo de los altos precios del petróleo en el mercado internacional. Sin embargo, estos números están lejos de quitar a Pemex, PDVSA y -algo menos- Petrobras del centro de los debates. ¿La razón? Por un lado, para algunos analistas las grandes petroleras de la región siguen escondiendo ineficiencias que les harán difícil la tarea de seguir creciendo en el mediano y largo plazo en un negocio cada vez más limitado a los peces grandes. Por el otro, hay cada vez más voces que se alzan pidiendo meter mano en la llamada renta petrolera como forma de paliar las dramáticas condiciones sociales en las que viven millones de brasileños, mexicanos y venezolanos.

Ambos -los que piden mayor autonomía para las empresas y quienes abogan por mayor intervención estatal- deberán seguir esperando. Mientras las grandes petroleras de la región sigan beneficiándose de los altos precios del petróleo como lo hicieron durante 2005, lo más probable es que las empresas no realicen grandes cambios a sus modelos de gestión y hagan caso omiso a las presiones en uno y otro sentido.

México es un ejemplo paradigmático. Con una de las tasas de recaudación impositiva más bajas del mundo y una demorada reforma tributaria durmiendo en los cajones del Parlamento mexicano, Pemex sigue aportando buena parte de los ingresos fiscales. “Los ingresos petroleros del Fisco mexicano representan aproximadamente el 38,5% de las entradas totales del gobierno”, dice José Antonio Cerro, profesor e investigador del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana (UIA), en Ciudad de México.

CARGA PESADA
Guillermo Ortiz, gobernador del Banco Central de México, expuso hace unos meses el problema con cifras contundentes: de cada 100 pesos mexicanos que aporta Pemex al Fisco, sólo 10 se invierten en obras de infraestructura y los 90 restantes son utilizados para financiar gasto corriente federal. La falta de inversiones termina, como siempre, pasando la factura. Durante 2005 México exportó petróleo crudo por casi $US 31.900 millones, pero debió importar gasolina por $US 4.430 millones. Sin un caudal de inversiones que aseguren una suficiente capacidad de refinación, el país está obligado a importar derivados del petróleo a un precio más alto que el que muestran sus exportaciones de crudo.

Con esa carga sobre sus espaldas, no sorprende que durante el año pasado Pemex haya multiplicado sus pérdidas a $US 7.077,8 millones, cinco veces más que en 2004.

Al menos un paliativo a esa pesada carga podría provenir de otro proyecto que duerme en el Congreso mexicano y que busca que Pemex comience a pagar impuestos sobre la base de sus ganancias en lugar de hacerlo sobre la base de su gasto corriente, como lo hace en la actualidad, lo que le obliga a endeudarse para financiar su carga tributaria.