Por: Ing. Carlos Miranda Pacheco

Nuestro relacionamiento energético con Brasil es, como debe ser, variado, amplio, complejo y de largo alcance.
La información que prestó una delegación ministerial, presidida por nuestro canciller, al retorno de su viaje a Brasilia, en forma muy resumida nos habla sobre precios de gas del contrato entre Petrobrás y YPFB (GSA), el precio por el gas suministrado a Cuiaba, el polo gas químico en la frontera, una termoeléctrica en San Ignacio, compras de mayores cantidades de gas, y la transferencia de las refinerías. A esta larga lista deberíamos añadir cual será el futuro tratamiento del gasoducto Yacuiba - Rió Grande /GAS YRG), del gasoducto San Miguel - San Matías (GOB) y finalmente las presas sobre el Río Madera.  Eso es todo hasta la fecha, pero aparecerán otros proyectos o iniciativas.

Como se puede ver, mis afirmaciones iniciales no son exageradas o hiperbólicas.  Ratifican el concepto que sostengo desde tiempo atrás, que el relacionamiento energético boliviano-brasileño tiene un solo parangón en el mundo, la relación energética entre Canadá y EE.UU. de N.A.   Un país rico en recursos energéticos, colindando con una extensa frontera, con otro gran consumidor de energía.

De ese extenso menú, en esta ocasión me referiré a los precios de exportación a Cuiabá, que con insinuación al escándalo se indica que el precio de $US 1.09/MMBTU frente al de $US 4.02/MMBTU que es el actual del que se envía a Sao Paulo hubiera sido pactado por YPFB al amparo de la Ley 1689.  Asimismo, que en el marco de la nacionalización, el valor correcto debe cancelarse.

La provisión de gas a Cuiabá tiene una larga e interesante historia.  Cuiabá, que es el corazón soyero del Brasil, contemplaba con gran aflicción que en el planeamiento del Gasoducto Corumbá-Sao Paulo, no se incluía un ramal a Cuiabá y por otro lado, que Eletrobrás estaba reticente en ampliar su red nacional interconectada hasta esa ciudad.  En una reacción muy parecida a las que ahora vemos en nuestro país, basada en la organización federal del Brasil, en la década de los 90, llamó a una licitación internacional para la instalación escalonada de 800 MW de potencia en Cuiabá.  Tres postores se presentaron, Enron, El Paso Natural Gas y un grupo empresarial boliviano.  Lamentablemente la oferta boliviana fue desechada, aún siendo muy  conveniente porque planteaba generar en el Chapare, y a través de líneas de alta tensión abastecer Cuiabá.  Se la desecho porque el comprador, Cuiabá, quería tener sus plantas en su territorio y no depender de generación extranjera donde alguien, en algún momento, puede decidir bajar la palanca y dejar al comprador desamparado.  Esta es una lección que deberíamos asimilar para nuestro relacionamiento con Chile.  El norte de Chile necesita electricidad, pero generada en el norte chileno.  Un clima de confianza mutua muy grande deberá ser desarrollado para que el norte chileno esté dispuesto a importar electricidad de Bolivia, y nosotros para invertir en plantas eléctricas de exportación.

Pero continuemos con Cuiabá.  Enron ganó la licitación y para tal efecto, contrató reservas de YPF Argentina con una opción de 50% del volumen a Andina.  En esos tiempos a duras penas el país tenía las reservas necesarias para el contrato de YPFB con Petrobrás.

Cuando el año 2000, espectacularmente incrementamos reservas, el gobierno forzó a que el 100% de la provisión sea realizada por Andina.  Los precios fueron pactados por Andina, con las plantas termoeléctricas en Cuiabá, sin participación directa de YPFB ni de Petrobrás.  En esos tiempos los precios de exportación a Sao Paulo estaban alrededor de $US 1.-/MMBTU.
Para entonces, el gasoducto Río Grande-Puerto Suárez ya estaba construido, del cual se derivó un ramal de San Miguel a San Matías, por donde se realiza la exportación.  Ese gasoducto originalmente fue propiedad de Transredes, Enron y Shell, y actualmente es Shell y Prisma, y constituye un segundo gasoducto al Brasil, que en los planes nacionales brasileños está contemplado a ser extendido más hacia el este para conectar con la red de gasoductos que Petrobrás planea en ese país.
La Ley 3058 y el Decreto 28701 disponen que toda la producción a boca de pozo debe ser entregada a YPFB, por tanto, YPFB se deberá hacer cargo de esa exportación y es natural que plantee uniformizar precios con los que Petrobrás paga por el gas que va a Sao Paulo.  El pequeño gran problema es que el aumento de precio del gas boliviano implicará un aumento automático de los precios de la electricidad en Cuiabá.  Por otro lado, Cuiabá, no tiene un sustituto para el gas en sus plantas.

Un relacionamiento energético como el que tenemos con Brasil, requiere, como estamos viendo, decisiones prudentes y maduras de ambas partes.