Edición 358 - 20/08/2007

 

Opinión

Sobre el uso racional de la energía

 

>> Por: Osvaldo Calcagno

     Energía & Negocios

Leímos últimamente que en nuestro país la relación actual entre el crecimiento porcentual del consumo energético y del PBI es de 1,3 lo cual nos ha llenado de vergüenza en momentos en que los países industrializados ya han alcanzado o tienen como meta alcanzar una relación de 0,8. No hacemos nada coherente sobre ello. De allí nuestra vergüenza como argentinos.

El consumo residencial doméstico, aproximadamente 1/3 del abastecimiento total, deja muy contenta a nuestra amiga doña Rosa porque la energía es muy barata en Argentina y por lo tanto su cuenta energética, mensual o bimestral, es baja. El transporte es responsable de otro tercio del consumo y por el mismo motivo, su costo, don Juan está satisfecho por ello.

El tercio que falta es el de la industria, donde sucede lo mismo con los precios y don Roberto, el dueño de la fábrica, que dispone de equipamiento obsoleto y energéticamente ineficiente, opta por no reemplazar el que tiene por otro más moderno ahorrando de efectuar una inversión que repagará a muy largo plazo. Ese es el cuadro energético actual, muy simplificado.

El bajo precio final de los productos usados en los tres casos, sean los energéticos utilizados subproductos de petróleo, gas natural o electricidad son el común denominador. Ello es relevante en este momento en que sufrimos problemas de falta de productos y cargamos con la expectativa de abastecerlos importándolos a precios internacionales. El tema no es soluble a corto plazo pero ¡cuánto combustible y dinero podríamos ahorrar usando los recursos eficientemente y prestando seria atención al asunto!

El precio de cada producto se compone de dos partes: la retención y el impuesto. La primera debe responder a una adecuada retribución al explorador, al productor, al transportista, el refinador, el trasformador y el comercializador de cada producto.

El impuesto debe ser tal que tienda a los fines de política energética, contribuya al bienestar general e incite a la correcta y eficiente utilización del recurso. El mercado establece los primeros, las retenciones. El Estado usa su potestad y vela por la correcta fijación del impuesto dentro de los principios arriba enunciados. Siempre debe recordarse que hay un precio final para lo que hay y no para lo que no.

El sistema hoy aplicado, donde el Estado en definitiva establece los valores para los dos, en medio de un sistema muy complicado de retenciones y subsidios no es claro y es injusto. Todos pagan, directamente o indirectamente por estos subsidios, utilicen o no el energético. Puede establecerlos temporariamente, pero en la actualidad el tiempo pasado desde los sucesos del 2001 y la volatilización de los mercados petroleros son ya lapsos demasiado largos y es hora de que ambos sean abandonados. Ya no tiene sentido seguir conviviendo con ellos.

Respecto a la retención decíamos que ella ha de fijarse por los actores para un mercado de abundancia. Dar las bases para ese mercado es una de las funciones del Estado. Otra función es la fijación del impuesto en lo cual debe ser cauto. La Ley 17319 de Hidrocarburos establece en su Artículo 6º principios dentro de los cuales el Estado puede intervenir en cualquier etapa, por excepción.

La ley de Impuesto a los Combustibles, Ley 17597, fijaba inicial y claramente destino para esos impuestos, en su mayor parte para energías renovables, para caminos, etc. El tiempo pasado desde su sanción amerita la consideración de nuevos aspectos, como los que aquí tratamos. Bueno sería revisar ambos cuerpos legales muy serenamente y actualizarlos.

El camino hacia una correcta y eficiente utilización de los recursos ha de ser largo y los resultados presumiblemente graduales. Ese camino incluye la fijación de correctos impuestos, la creación de la conciencia popular sobre el tema en la casa y en la escuela. La reforma de la Secretaría de Energía nacional, convirtiéndola de lo que es hoy, un ente administrativo más, en el fijador de las políticas energéticas del Estado.

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