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>> Por Francesco Zaratti
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La expresión latina “deus ex machina” se
utilizaba, en el mundo grecorromano, para
describir el final feliz de una historia,
gracias a la intervención extraordinaria de
una divinidad que bajaba del cielo (mediante
una máquina), para sacar de apuros al
protagonista de una obra teatral. Eso es
exactamente lo que acaba de pasar con el
Bonosol gracias al IDH.
Hace un par de meses, en un artículo
publicado en este mismo semanario
pronostiqué la inminente muerte del Bonosol,
a menos de una urgente terapia de choque que
el gobierno no ha tardado en aplicar. La
resolución 004/07de los Ministerios de
Hidrocarburos y Hacienda, en efecto, es
equivalente a un transplante de órganos -
para continuar con la metáfora utilizada en
el artículo citado- de modo que, más allá de
las interpretaciones políticas o interesadas
de la medida, lo que corresponde es un
análisis técnico.
En síntesis, la operación consiste en
traspasar fondos del IDH pagado por dos
empresas capitalizadas (Transredes no paga
IDH por no ser productora de hidrocarburos)
para cubrir el déficit del Bonosol en la
presente gestión. Las preguntas que suscita
la medida son: ¿hay compatibilidad de
órganos?, ¿la operación realizada es
éticamente aceptable?, ¿qué consecuencias
tendrá la medida para la vida futura del
paciente?
En primer lugar, si nos preguntamos si el
IDH es compatible con el Fondo de
Capitalización Colectiva (FCC), responsable
del pago del Bonosol, la respuesta es
negativa. El IDH es un impuesto (o, mejor
dicho, una regalía encubierta) que ya no
pertenece a la empresa petrolera ni a sus
accionistas, sino al Estado boliviano (TGN,
regiones, municipios y universidades). La
Ley de Hidrocarburos 3058 determina su
distribución, de modo que una resolución no
podría modificar la ley. Por otro lado, el
Bonosol se alimenta con las utilidades de
las empresas capitalizadas, algo muy
diferente de los impuestos. Por tanto
existiría una incompatibilidad entre las dos
fuentes de recursos, como si se
transplantara una pata de perro a un
caballo.
Para tratar de impedir el rechazo de órganos
y salvar la vida del Bonosol, el gobierno ha
admitido que el IDH tiene la culpa de que
las empresas petroleras capitalizadas no
hayan tenido utilidades y de que hayan
dejado de aportar al Bonosol, de modo que,
técnicamente, es como si se restituyera una
parte del IDH a las empresas para que éstas
pudieran entregar más dividendos al FCC.
Ahora bien, a parte de las implicaciones
contables, esta admisión es grave, porque
denigra al IDH y a la “nacionalización”,
como si ambos hubieran metido mano a los
bolsillos de los bonosolistas. Pero, más
grave aún, respalda la devolución de
impuestos (o regalías) para fines
particulares, aunque socialmente aceptables,
violando la ley.
A decir verdad, algo similar ya ha ocurrido
a partir de la firma de los nuevos
contratos: se ha devuelto a las empresas
productoras de campos marginales de líquidos
una parte del IDH mediante certificados de
créditos fiscales con el fin de que esas
operaciones petroleras no tuvieran pérdidas,
debido al pago del IDH, aunque no me queda
claro quién (TGN, YPFB o gobiernos locales)
está asumiendo el costo de esa operación.
Por tanto, la falla de la justificación
oficial radica en considerar bien cobrado
pero mal distribuido el IDH, cuando un
impuesto no puede ser distribuido fuera de
la ley y menos a un fondo “privado” como es
el FCC. Admito y comparto la preocupación
del gobierno para salvar un beneficio justo
para nuestros ancianos, pero la terapia del
transplante no parece ser la correcta, como
no es ético sacar un órgano de una persona
viva, sin su consentimiento, para tratar de
salvar la vida de un moribundo. En el fondo
se trata de un ejemplo del enredo conceptual
que sigue guiando a los autores de la
nacionalización de los hidrocarburos, desde
el momento en que no han considerado el
alcance de todos los factores involucrados .
Por otro lado, parecería que la resolución
mencionada se inventara una devolución de
utilidades a Chaco y Andina para justificar
el traspaso del IDH al FCC y así cargar
parte de la cuenta a los gobiernos locales.
En la práctica, las dos petroleras deberían
transferir mensualmente 72.5 millones de
bolivianos al FCC en lo que resta de este
año , que representa aproximadamente la
totalidad del IDH que pagan las dos
empresas. Cabe preguntarse: ¿con qué
criterio se atribuye ese déficit
exclusivamente a Chaco y Andina?
Pero hay algo más curioso. Se admite y
acepta que algunas empresas puedan
reinvertir, en lugar de distribuir, sus
utilidades, como ha sucedido con Andina y
Transredes, para enfrentar emergencias de
producción y transporte, ante la dificultad
de atraer nuevas inversiones, para luego
devolverles el IDH necesario para garantizar
el Bonosol. ¿Qué tiene que ver el IDH y sus
beneficiarios con esa concesión? ¿No se
estará “bicicleteando” dinero fiscal (IDH)
para que las petroleras capitalizadas
realicen inversiones? Sería otra estacada en
el corazón de la nacionalización.
Finalmente, encuentro, en las
justificaciones oficiales, una
interpretación sesgada del art. 6 de la Ley
3058 de Hidrocarburos y del art. 6 del DS
28701.
Es YPFB, y no el IDH, el “deus ex machina”
que debe salvar el Bonosol, en virtud a que
recibió, a título gratuito, las acciones de
las tres empresas petroleras capitalizadas,
acciones cuya venta debía servir para
sostener ese beneficio. Por tanto, el
camino más racional y legal de resolver el
problema sería que YPFB pague al FCC el
valor de las acciones recibidas o, en su
defecto, que “convenza” a las prefecturas,
municipios, universidades y TGN a comprar su
cuota parte de esas acciones con dineros del
IDH. Caso contrario, el resultado neto es
que YPFB se hace de las acciones, pero TGN,
prefecturas, municipios y universidades
pagan la cuenta. El mecanismo propuesto
daría un respiro de unos años al FCC,
período durante el cual debería aprobarse,
mediante ley, una modalidad más racional y
equitativa de la actual de pagar ese
beneficio.
Eutanasia para el Bonosol, PULSO, 17 de
agosto de 2007
Ver mi artículo “La navaja de Evo”, en La
Razón, 11 de mayo de 2006
De acuerdo al diario El Deber (6 de octubre
de 2007).
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