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Ing. Alvaro Ríos
R.
Secretario Ejecutivo
de OLADE |
Es por todos conocido, que las reformas impulsadas desde
finales de la década de los años ochenta y durante la
década de los años noventa, en la mayoría de los países
de América Latina y el Caribe, planteaban una serie de
medidas para gestar cambios estructurales,
principalmente en materia económica.
Recordemos que en
décadas pasadas, y en particular la de los setenta, los
sectores estratégicos de las economías Latinoamericanas,
incluyendo, por supuesto, el de la energía, se ceñían en
casi todos los países de la región, por las siguientes
características: 1) Predominaban las empresas estatales
y por ende las inversiones resultaban mayormente de
carácter publico 2) Integración vertical en los
segmentos de la industria eléctrica y de los
hidrocarburos, 3) Precios y tarifas estructurados entre
lo político y lo económico 4) Estados normadores,
reguladores y empresarios 5) Integración energética
subregional impulsada desde los gobiernos y con
inversión publica.
Los objetivos de las
reformas, por lo tanto, estaban dirigidos a: 1)
Estimulación de la competencia y apertura a inversiones
del sector privado 2) Privatizaciones y/o
capitalizaciones con transferencias de empresas publicas
al sector privado, 3) Desintegración vertical para tener
segmentos competitivos, 4) Tarifas y precios de mercado,
económicas y competitivas, 5) Creación de entes
reguladores autónomos e imparciales, 6) Estado
básicamente normador 7) Integración regional fomentada
mediante la actividad privada, con armonización de
marcos regulatorios subregionales.
Dentro de este contexto
de reformas, es atrayente analizar las razones que se
manifestaban para avanzar con las privatizaciones y
transferencias de empresas estatales al sector privado.
Una, de carácter conceptual, radicaba en que el estado
no debía ser empresario y que las actividades
productivas y de riesgo deberían estar íntegramente en
manos de sector privado. Otra, resultaba de la patética
evidencia que presentaban muchas (no todas por supuesto)
de las empresas estatales de energía en la región. Alto
endeudamiento, escasos recursos tecnológicos y
dificultad para enfrentar inversiones, resultado de un
manejo empresarial más político que económico. Es decir
que el estado fehacientemente demostraba que no era un
buen empresario.
Analizando lo
acontecido en este periodo de reformas, en relación a
las privatizaciones y transferencias de empresas de
energía en la región, se puede concluir que las mismas
no llegaron donde pretendía llegar, y se han perpetrado
a medias o no se han concretado en la mayoría de los
países.
Es mas, todo indica que
la tendencia actual es a renacer y robustecer las
empresas estatales de energía. Empero, otra marcada
tendencia de casi todos los países de la región, nos
señala también que se desea continuar captando
inversiones del sector privado. Por lo expuesto, el
reto, dentro de este nuevo escenario que se nos presenta
en el sector energía, es que norte se debe dar a las
empresas estatales de energía, para hacerlas sostenibles
en el tiempo.
Queda un solo camino,
tornarlas altamente competitivas y dinámicas para
competir y asociarse al capital privado. Para realizar
lo anterior, no queda más que dotarlas de un gobierno
corporativo, que les permita tener plena autonomía de
gestión en lo administrativo y financiero, para así
poder realizar inversiones de riesgo y apostar por la
recuperación de capital y rentabilidad sobre el mismo y
de toda su gestión. De no tomar este rumbo, en muy corto
plazo, todo el esfuerzo por refundarlas y potenciarlas
habrá sido fútil y probablemente observaremos otro ciclo
de privatizaciones.
Existen exitosos
ejemplos regionales y también internacionales de
empresas estatales de energía eficientes y competitivas,
que se han dado como alternativa a los procesos de
privatización. Analicemos y tomemos los mejores de estos
ejemplos y de acuerdo a la realidad de cada país,
estructuremos su funcionamiento en el largo plazo y no
volvamos a equivocarnos.
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