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Winston
Estremadoiro |
Cuidado con los ídolos de pies de barro, advierte el
precepto bíblico, porque carecen de base sólida y se
caen con un aguacero. El gobierno de Evo Morales
propulsó su ascensión y asienta su actual popularidad
sobre dos: la postura contra la corrupción y
nacionalizar los hidrocarburos.
Ha quedado claro que la primera es falsa deidad.
Diputados que venden visas a chinos fantasmas y la
alharaca de suspender a uno por abuso de influencia en
provecho propio (no del partido), desnuda que el
gobierno actual, como muchos anteriores, husmeó la
marmaja que da la coyuntura del abuso del poder
político. Lo prueba la arremetida contra el SNC, nido de
ratas que costó varios años institucionalizar nombrando
su director con un concurso de méritos. Hoy su cambio de
nombre revuelve aromas de podredumbre que revelan la
misma chola ratera de antes del Ing. Bakovic, pero con
otra pollera.
Lo ratifica la infección que expusiera la
Superintendencia de Hidrocarburos en YPFB, un
puchichi
infecto que Evo Morales y sus capos intentaron tapujar
cual si fuera un simple espinillo de adolescente. El
gobierno mostró la hilacha de que YPFB será otra vez
vaca lechera del abusivo de turno, cortando la cabeza de
los que sajaron la pústula y apretaron para que salga el
pus. Encima, degradan la entidad que supervisa el
correcto funcionamiento del sector para que sea un
saludo a la bandera.
Semejante conducta chueca permite apuntar al segundo
ídolo de pies de barro del gobierno: la nacionalización
de hidrocarburos. Dan náuseas tanto
culipandear con la farsa de nacionalizar. Hasta algunos
privatizadores de ayer la ensalzan, incapaces que son de
justificar posturas que en el pasado sostuvieron con
ahínco. Yo no me corro, pero quizá lo haga el ministro
de defensa que otrora la ensalzara, de que ayer me
sedujo la astucia del gringo presidente al capitalizar
las ineficientes empresas estatales, hasta que el
tufillo de corrupción de la letra fina del proceso se
hizo insoportable.
Pero tampoco se justifica ir de una capitalización
hedionda a una nacionalización trucha –y quizá podrida
también. Tan cacareada movida no existe, salvo para
hacer escarnio del ordenamiento legal de la nación, que
es vector de la enfermedad que tiene al país en virtual
cuarentena: la inseguridad jurídica. El Tribunal
Constitucional, máxima instancia de apelación hasta que
una Constituyente sin el freno de dos tercios de voto
invente el Consejo de Amautas, ratifica algo
incontestable: que un país se sostiene en una armazón
jurídica. A tal respecto se tiene la Ley
3058 de Hidrocarburos y el politiquero decreto ‘nacionalizador’.
Es dúo incongruente, aún anotando que los contratos de
capitalización no fueron refrendados por el Congreso.
Más aún, Bolivia no es excepción en
un mundo ordenado por acuerdos y contratos bilaterales y
multilaterales que tienen fuerza de ley. El ‘decreto de
nacionalización’ puede haber redituado al presidente un
show politiquero de toma militar de predios petroleros,
a expensas de resentir a países amigos. Su vigencia
dependerá de los
convenios bilaterales y multilaterales con Brasil,
España, Francia y Estados Unidos, cuyas empresas
petroleras están amparadas por tales acuerdos.
Ya no son tiempos de enviar cañoneras a sitiar puertos
para forzar cumplimientos, aparte de que Bolivia es
mediterránea. Ni un arbitraje internacional logrará lo
que pudo obtenerse de buenas maneras: mejorar los
términos de contratos con las petroleras, y dar impulso
a sus inversiones en toda la cadena productiva,
asociados con YPFB. En claro queda que los logros
politiqueros de la nacionalización son poca cosa,
comparados con que en los pleitos se perderá dinero,
porque los litigios no son gratuitos; tiempo, porque son
procesos largos que postergarán el desarrollo del
sector; y motivación, porque se rifó la imagen de
seguridad jurídica que incentiva las inversiones
extranjeras: tecnología y capital que Bolivia necesita.
Se han paralizado las inversiones en el sector y son más
de 30 las empresas energéticas que han cesado
operaciones en el país. ¿Qué disfraz se pondrá el país
si el arbitraje determina que pague las inversiones
realizadas, más daños y perjuicios?
¿Será que los que hoy gobiernan son tan levudos como
para no percibir estas repercusiones? No señor. El
meollo de la nacionalización es poner en bandeja las
reservas de gas y petróleo boliviano al padrino
venezolano. Hugo Chávez fue el padrino benevolente que
regaló millones de libre disponibilidad, para que el
ahijado boliviano fuera elegido y jugara al austero que
recorta sueldos para construir escuelas, que trae
médicos y alfabetizadores cubanos para curar ojos y
enseñar el abecé en rimas castristas. Sin embargo, Hugo
Chávez será duro patrón de una Bolivia cuyo presidente
Morales imita el libreto chavista para perpetuarse en el
poder, pero que dependerá de los millones del petróleo
venezolano para darse aires y subsistir. Porque de
mejorar la economía del país, hasta ahora nada.
Las reservas bolivianas de gas son la garantía de pago.
Permiten al dictador venezolano jugar a la geopolítica
mundial con su petróleo, y con nuestro gas también. ¿No
fue estúpido adherirnos al gasoducto que llevará gas
venezolano a los mercados naturales de Bolivia? Es
doblemente majadero alienar con hostigamientos a la
brasileña Petrobrás y a la española Repsol, mientras
Venezuela abre los brazos a sus inversiones que están
migrando a ese país. ¿No es triple zoncera que el
desarrollo de las reservas energéticas bolivianas se
vuelva el vagón de cola de una ineficiente PDVSA?
La clave de tanto desatino es que el padrino Chávez se
ha aprovechado de un ingenuo ahijado boliviano, para
torpedear su sector de hidrocarburos y ocupar el vacío
resultante. Es un salvador de la patria que pronto hasta
tropas militares nos mandará.
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