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Winston
Estremadoiro |
No se necesita ser
yatiri para vaticinar lo que se viene en el Poder
Judicial, sentenciaba un amigo que me adjuntó un
despacho de
Human Rights Watch,
centinela de los derechos humanos, en la que se evalúan
atentados a la separación de poderes y a la autonomía
del Poder Judicial, perpetrados en la Venezuela de Hugo
Chávez. Fue oportuno aporte en virtud del ataque del
Presidente Evo Morales en la inauguración del año
judicial, que exacerbara la leyenda negra que tiñe la
labor de los juzgadores.
Ya vendrán entidades y estudiosos a ponderar
post mortem lo que pudiera suceder con la
democracia y la vigencia de derechos fundamentales en
Bolivia. Mi oficio es adelantarme a tales situaciones.
Alertar de su peligro en variadas formas: sardónica a
veces, divertida otras; alguna grave como un revólver
apuntando al pecho. Casi siempre entretenidas, que
pienso que es el estilo más didáctico, porque mal haría
en adoptar tono fúnebre así a veces la temática lo
imponga o el ánimo me predisponga.
Aparte del escaso talento para cumplir la impronta que
pretendo dar a mis notas, hoy me asiste no tanto ser
juez, pero sí parte del sacrificado gremio
jurisdiccional. En efecto, me declaro sufrido príncipe
consorte de una jueza, magíster en formación profesional
y hoy sacrificada magistrada de carrera, a la que
extraño en esa hora del alba en que tordos y gorriones
trinan requiebros y el amor conyugal es más dulce,
ocupada que está estudiando expedientes que se trae a
casa, en la diaria servidumbre de plazos procesales que
la agobian.
Salgo pues al frente de la falacia de achacar la retardación
de justicia a la flojera de jueces y magistrados. Me
apoya el discurso de la presidenta de la Corte Superior
de Distrito de Cochabamba, en ocasión de inaugurar el
Año Judicial 2007: María del Carmen Ponce de Rocha dejó
clara evidencia de que la mentada mora judicial se debe
al insuficiente número de jueces y vocales.
Es prueba de que los bolivianos somos pleitistas, el ingreso
de 202 causas por día hábil, para sólo 122 jueces y
magistrados en el distrito judicial de Cochabamba,
avalancha que apuesto se repite en las urbes más
populosas del país. Solo en el área civil, 5 vocales han
atendido más de 223 causas en 2006, acelerando el plazo
judicial de 3 días para estudiar cada proceso, muchos de
varios cuerpos de extensión, debido a la combinación de
chicanería jurídica y verborrea que muchos abogados
confunden con efectiva erudición procesal. Semejante
carga requeriría 16 magistrados trabajando sin domingos
ni feriados a lo largo del año. Aún así, han resuelto el
96.4% de las causas en movimiento.
La mora judicial se debe en gran parte a que el
nombramiento de ministros del Poder Judicial se debate
en una guerra boba en el Congreso. Si bien tal trámite
inhibe que el gobierno de turno soslaye la separación de
poderes y la autonomía del estamento judicial que prevé
la Constitución, copar el Poder Judicial y hacerlo
lacayo de sus caprichos es un objetivo de siempre de la
alta “política” criolla, al que no se sustrae el
gobierno actual. Porque si de opositor en otros tiempos,
Evo Morales corcoveó el intento de Carlos Mesa de cortar
el nudo gordiano con la espada de nombramientos por
decreto, una vez presidente de la nación incurrió en la
misma práctica artificiosa, cuyo fin no es acelerar la
administración de justicia, sino servirse de ella para
sus fines.
El propósito actual parece ser el afán totalitario de un
gobierno que viene siguiendo a pie juntillas un libreto
digitado en Caracas. Como en Venezuela, se asedia en
Bolivia la separación de poderes.
Allí y aquí, la Constitución salvaguarda la autonomía de
los poderes del Estado, exigiendo la mayoría de 2/3 para
aprobar la modificación de leyes que rigen su estructura
y funcionamiento. Asamblea Nacional allí, Asamblea
Constituyente aquí, ambas violan la salvaguardia
constitucional al aprobar por mayoría absoluta. Como
allí, aquí se manipularán cambios sustantivos al texto
de la Constitución, fusionando artículos para evitar
debates plenarios sobre cada uno de ellos. Como allí,
con el nombramiento a dedo de ministros de la Corte
Suprema, aquí se ha iniciado el copamiento del Poder
Judicial. Como allí, so pretexto de aliviar la pesada
carga procesal, aquí se repetirán argucias de aumentar
ministros de la Corte Suprema, pero con adláteres del
régimen elegidos por mayoría simple. Como allí, el poder
para purgar la Corte Suprema de Justicia será otro
eslabón para gobernar a capricho; aquí se manifestará a
través de mecanismos oclocráticos, como el anunciado
poder ciudadano, con facultades para acosar, suspender y
remover a los respondones.
Un aspecto de la variante evista del experimento
populista chavista es la llamada justicia comunitaria.
Yo conozco suficiente campo boliviano para ensalzar el
rol moderador que tienen ancianos y autoridades nativas,
al que las comunidades conceden fueros, respetando sus
determinaciones. Pero, ¿qué más racista que una justicia
comunitaria que excluirá a sabe Dios cuántos bolivianos
del principio universal de la igualdad ante la ley? Si
se expulsa de la comunidad indígena a un asesino penado
antes con resarcimiento de Bs 1.000 y una vaca, ¿será la
hoguera y un chancho, sin derecho al chicharrón -que
sería el perla-, si reincide en Punata?
El meollo del tema es que los atentados se perpetran
luego de perforar la sabia norma democrática de los 2/3
para la aprobación, sea en la Asamblea Constituyente o
en el Congreso, de cambios que pareciendo inofensivos,
son una avanzadilla de poder totalitario de caciques y
feudos políticos que atentan contra la democracia. Tanto
mayor la razón para no aflojar en la defensa de los 2/3,
que significan apego a la ley y a la Constitución, y que
hoy se encuentra bajo el fuego nutrido de autoritarismos
de nuevo cuño.
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