Organizaciones indígenas peruanas junto con el Forest Peoples Program, organización internacional defensora de los derechos de los pueblos que viven en los bosques, publicaron el 30 de noviembre —en el marco de la XVII Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizó en Durban, Sudáfrica, del 28 de noviembre al 9 de diciembre— un informe que da cuenta de los impactos que están provocando los programas y proyectos del mecanismo Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) sobre los pueblos indígenas.
El objetivo de REDD es reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) que causan el calentamiento global. Su variante REDD+ supuestamente alienta la restauración forestal, el manejo sostenible de los bosques y otras actividades que ayudan a hacer los bosques saludables.
El informe, titulado “La realidad de REDD+ en Perú: Entre el dicho y el hecho… Análisis y alternativas de los pueblos indígenas amazónicos”, elaborado junto con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), afirma que los proyectos impulsados por instituciones privadas “conducen a la expansión de la piratería de carbono y agudizarán los conflictos por la tierra y los recursos”.
REDD forma parte de los mecanismos de desarrollo limpio incluidos en el Protocolo de Kioto sobre cambio climático y que permiten a los países desarrollados invertir en proyectos de mitigación de GEI, como, por ejemplo, reducir emisiones en energía eléctrica, industrias contaminantes, transporte privado y público, y deforestación. Un bono de carbono es el derecho a enviar a la atmósfera una TM de CO2. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una empresa que tiene un límite de emisión de 100,000 TM de CO2 anuales, supera esa meta y emite 10,000 TM más, debe adquirir bonos de carbono equivalentes a ese exceso. A su vez, los proyectos que dejan de emitir GEI pueden obtener Certificados de Reducción de Emisiones (CER); cada CER representa una TM que se deja de emitir a la atmósfera y puede ser vendido en los mercados de bonos de carbono.
“Los promotores de proyectos REDD deambulan por la selva tratando de convencer a los pueblos indígenas y comunidades locales para que acepten acuerdos con la promesa de obtener millones de dólares a cambio de firmar el control por terceros de sus derechos a la tierra y el carbono de los bosques”, dice el informe. “Muchos acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad y se negocian sin supervisión independiente ni asesoramiento legal para las comunidades”.
Agrega que a pesar de que estos pueblos no dominan el español, se les pide firmar complejos contratos comerciales escritos en inglés y sujetos a leyes extranjeras.
Un líder indígena de la comunidad de Bélgica, en la frontera con Brasil, denunció que una de estas instituciones privadas les presentó “un fideicomiso donde la comunidad es obligada a entregar la administración (del territorio comunal) y acatar las decisiones del promotor del proyecto por un periodo de 30 años, sin permitir desarrollarnos como personas ni ejercer la libertad de decidir sobre nuestro territorio, ni siquiera planificar el futuro de nuestros hijos”.
Según Forest Peoples Program y las organizaciones nativas, unos 20 millones de Ha de territorios indígenas en la Amazonia peruana carecen de reconocimiento legal, lo cual viola las obligaciones internacionales del Estado peruano de reconocer y asegurar las tierras y bosques bajo posesión indígena. Esto ha sido aprovechado por las entidades privadas para presentar a las autoridades regionales y el Ministerio de Agricultura solicitudes formales de “concesiones de conservación” de bosques que se superponen con territorios indígenas cuyo reconocimiento está pendiente, creando las condiciones para un acaparamiento masivo de tierras.
El informe concluye señalando que “en lugar de despilfarrar el dinero en dudosos e inestables mercados de carbono, con una financiación modesta se podrían asegurar los derechos a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas y apoyar el manejo comunitario sustentable de los bosques”.
“Los enfoques basados en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas constituyen formas accesibles y probadas para la efectiva protección de los bosques, que no sólo reducirán las emisiones causadas por la deforestación y mantendrán el bosque en pie, sino también permitirán reducir la pobreza, asegurar la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad”, precisa.
