El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Candepe), Francisco Silva, aseguró que los integrantes de su gremio no están conformes con el proceso de compra y expropiación de gasolineras en las fronteras norte y sur, como dispuso el gobierno.

La compra está amparada en el Acuerdo Ministerial 252, que emitió el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables el pasado 9 de abril y que autoriza a la estatal EP Petroecuador a negociar el tema con los dueños de los establecimientos bajo la figura jurídica de “declaratoria de utilidad pública”.
El Ministerio informó que en el cordón del norte del Ecuador está prevista la adquisición de cinco estaciones en Carchi, una en Esmeraldas, una en Imbabura y seis en Sucumbíos; y que en el cordón del sur, siete en El Oro, ocho en Loja y tres en Zamora Chinchipe.

Silva opinó que la medida perjudicará al sector y no solucionará la problemática del contrabando, que es el argumento usado por el régimen para implementarla.

Explicó que las distribuidoras manejan el 45% del combustible y el otro 55%, sectores como el industrial naviero, aeronáutico y eléctrico.

Aseveró que las autoridades no ejercen el control necesario en esos ámbitos, por lo cual, advirtió, esta supuesta decisión para combatir el ilícito no dará el efecto esperado.

Silva calificó de equivocada la percepción de que la fuga se da por un mal manejo de las estaciones de servicios, ya que hay controles y hasta sanciones drásticas. “Por ejemplo, desde hace cinco años estábamos militarizadas”, remarcó.

El acuerdo ministerial establece que los objetivos de la disposición son abastecer de combustibles al mercado, contribuir al control del uso indebido de derivados de petróleo y combatir el contrabando.

Silva reconoció que el Estado tiene la facultad de expropiar cualquier bien si lo considera estratégico, pero aseveró que las condiciones de negociación no convencen a la Cámara. Además, dijo esperar que se pague un precio justo por la expropiación.