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La nociva práctica de los subsidios

En Argentina, desde el 1 de octubre, los combustibles vuelven a tener “reglas de mercado”. Bolivia es uno de los pocos países en la región que continúa implementando los subsidios, una medida que desincentivan la producción.

Apartir del 1 de octubre, el Gobierno argentino liberó los precios de los combustibles, en una “jugada” adelantada, ya que la medida se había anunciado para el 1 de enero de 2018. El Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, anunció que en los surtidores volverían a regir las reglas de mercado por primera vez en 16 años.

Bolivia, junto con Venezuela, son de los pocos países en la región que mantiene los subsidios a los carburantes. El analista energético, Francesco Zaratti, explicó que los subsidios aparecen en Bolivia cuando el incremento de precios altera el poder adquisitivo de los salarios o el costo de producción industrial.
“Después del Decreto Supremo 21060 hubo un período en el cual los precios de los combustibles se ajustaban periódica y gradualmente. Pero ese mecanismo fue abandonado en los gobiernos sucesivos, particularmente en la presidencia del general (Hugo) Bánzer, a fines de los ’90, lo que representó un error garrafal. Un subsidio como el del diésel importado representa una erogación directa de divisas del TGN cuyo monto es variable, dependiendo del precio internacional del diésel.
El otro subsidio hace que el Estado recaude menos, a cambio de objetivos sociales. Una pérdida directa para las regiones y el TGN es el impuestos IEHD que no se aplica a los combustibles subvencionados”, añadió.
Para el consultor en energías, Mauricio Medinaceli, quienes mayormente se benefician del subsidio al diésel oil y gasolina en Bolivia, son el sector del autotransporte y agroindustrial. “En el caso de los subsidios al GLP y gas natural, son las familias de clase media hacia arriba. Los más perjudicados son aquellas personas pobres que no consumen directamente estos productos y solo se benefician tangencialmente con menores costos de transporte. Ciertamente, la eliminación de subsidios podría liberar recursos para ayudar directamente a la gente más pobre”, afirmó.
Medinaceli identifica tres tipos de subsidios: el Tipo 1, donde la empresa tiene que cubrir sus costos y obtener algún beneficio, y el precio debería cubrir esos dos conceptos. “Pero si el Gobierno fija un precio por debajo de este nivel, el precio está por debajo de los costos de producción y no permite alcanzar un beneficio a la empresa. Este es el concepto de subsidio mas común que existe”, señaló.
En el subsidio Tipo 2, el precio al consumidor final cubre los costos como los beneficios. “Sin embargo, si el mismo producto tiene un precio internacional que está por encima del precio en el mercado doméstico, sería un subsidio costo de oportunidad”, agregó.
Al mismo tiempo, acotó que el subsidio Tipo 3 es aquel que en el primer año cubre los costos, cubre el beneficio y cubre un impuesto al consumidor, como el caso de la gasolina. “En el año 2 el Gobierno decide, para colaborar a la gente, bajar el impuesto al consumidor, de tal forma de tener un precio justamente más bajo. Entonces, a esto llamaríamos subsidio Tipo 3 porque el Gobierno deja de cobrar impuestos”.

EL GAS NATURAL
Mauricio Medinaceli asegura que en el caso del gas natural, aplican todos los tipos de subsidios, aunque el dato de los costos de producción -admitió- es difícil de conseguir, pero se puede inferir utilizando el total de costos recuperables que las empresas envían a YPFB, dividido entre el total de la producción.
De acuerdo con el análisis, por millón de BTU el año 2015, los costos de operación de las empresas, en promedio, estaban en el orden de 50 centavos de dólar, a lo que sumado los costos de capital o la amortización, se tendría 1,10 dólares por millón de BTU. El precio debe cubrir también las regalías del 18% y el IDH del 32%.
“Entonces, un precio que cubra todos estos cuatro conceptos estaría en el orden de 2,25 dólares, este sería el precio que el productor debería recibir”, precisó, a tiempo de mencionar que “en los hechos”, cuando los productores venden al mercado interno, en promedio reciben $us 0,57, lo que cubre los costos de operación, pero no cubre los costos de inversión y los impuestos.
Respecto a la disminución de la subvención del gas natural para el sector industrial, a través del Decreto Supremo No. 3278, Medinaceli consideró que no resuelve el problema del productor, porque sigue recibiendo los $us 0,57. “Le resuelve el problema a YPFB, quizá en su flujo de caja”, dijo. “Nuestro principal problema es justamente inversión en exploración y explotación para descubrir más gas. De nada sirve poder distribuir un gas que no se tiene y no se produce”, expresó el analista.

 

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez Fernández, afirmó hace algunos días que la decisión de disminuir la subvención de gas al sector industrial del país es una medida social que implica mayores recursos para el Estado boliviano. Según datos del INE la importación total de combustibles y lubricantes creció de 221,6 a $us 336,7 millones en 2016, influenciado principalmente por la importación de diésel.

 

No cubren  la cadena de costos

Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy Latin America subrayó que los subsidios generalizados en energía que se mantienen por largo plazo son generalmente perversos para las economías y las sociedades. “En primer lugar los subsidios benefician más a los que más economía tienen y más consumen energía y eso no es distribuir correctamente los recursos. En segundo lugar, no fomentan eficiencia energética y más bien el derroche. Tercero, no permite cubrir la cadena de costos y terminan en cortes y desabastecimientos. Este por ejemplo es el caso de Venezuela y de Argentina que por mantener precios bajos y subsidiados se han visto recortes y deficits en los suministros de energia.
Finalmente, fomentan el contrabando y benefician a países vecinos”, remarcó.

 

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