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CEDLA observa vulneración de derechos en financiamientos de China

Una de las características más complejas del financiamiento chino al proyecto de desarrollo del actual estado es la confidencialidad, contenida en una cláusula expresa en los contratos suscritos, que estaría obligando a Bolivia, como país prestatario, a mantener en reserva los términos y condiciones de los pactos crediticios, lo que ha devenido en vulneraciones a los derechos laborales y la normativa medioambiental, sostiene un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), publicado este jueves por el sitio plataformaenergetica.org.

“Esto ocurre no solo con Eximbank, el principal banco de ese país para la presencia china en Latinoamérica, por ejemplo, sino con la o las empresas que forman parte de la operación, con las que igualmente Bolivia mantendría en reserva las condiciones del contrato de ejecución del proyecto o de la obra”, advirtió la experta del CEDLA, Silvia Molina.

“Esta situación se repite de una y otra manera ¡y seguimos contratando estas empresas¡, nos preguntamos si no hay una especie de aceptación tácita a que estas vulneraciones se vayan dando”, expresó Molina en el programa Diálogos en corto circuito, un espacio semanal de información al servicio de los trabajadores, que el CEDLA transmite desde enero pasado por la Red Erbol.

La especialista del CEDLA recordó que, precisamente, un monitoreo de este Centro de Estudios desde 2015 hasta ahora, registra unas 250 denuncias en derechos laborales y ambientales que llegan a los ministerios pero que “son manejados más por temas culturales, con talleres, cuando en vulneración de derechos hay un accionar legal en el que el estado debe tomar acción concreta”.

Ello llevaría a la ciudadanía a entender sobre dichos contratos  “que cuando se los aprueba en la Asamblea Legislativa , los parlamentarios que los revisan en realidad no tienen acceso al contrato de financiamiento sino a algo así como una idea del mismo, una versión sólo referencial y no con montos,  no al detalle que se debería tener”, puntualiza el documento.

Lo peor ocurre en  los temas medioambientales donde se tiene “un cambio de las normas y reglamento de protección ambiental, a partir de mayo de 2018, que ha reducido tiempos y procesos de la legislación ambiental; ésta también sería una condición o lo que podríamos llamar el ‘licenciamiento ambiental express’ que se lo da automáticamente porque el financiamiento está aprobado de hecho, independiente de que se cumpla la norma y condiciones; de que  se fiscalice etc.”

Para la experta, “todo este relajamiento de las normas en derechos humanos, laborales y de todas las normas ambientales, que, a su vez, que tienen vínculo con aspectos sociales y relacionamiento con las poblaciones donde se realizan estos proyectos, probablemente tengan relación con el tema confidencialidad”.

De acuerdo con sus referencias, se tiene con el financiamiento chino un monto aproximado de 3.700 millones de dólares en deuda contratada, aunque la desembolsada es menor, unos 1.800 millones, debido a que se efectúa progresivamente, mientras que la acordada ascendería a unos 7.000 millones.

“En la confidencialidad podrían estar muchos otros más temas que no llegamos a entender, por ejemplo, por qué se da la vulneración de los derechos laborales”, agregó Molina, autora del informe La ruta de la presencia china en Bolivia. Financiamiento a proyectos de infraestructura y contratos ‘llave en mano’, publicado en Cuadernos de Coyuntura de Plataforma Energética/CEDLA

Si bien hay que tener en cuenta que la confidencialidad no se la puede dar en banca multilateral porque hay normas específicas y los contratos de financiamiento deben ser públicos, para el caso del financiamiento chino no se ve que el Legislativo lo apruebe según la Constitución y tampoco que haya un análisis de cada una de las cláusulas, advirtió asimismo Molina.

Mencionó las permanentes denuncias en la prensa ‒entre las últimas las referidas a la vía Rurrenabaque-Riberalta con una diferencia impresionante entre la ejecución financiera y la ejecución física de la obra; lo mismo que El Sillar, Cochabamba o la de Espino Boyuibe en Charagua‒ “que registran condiciones que no se dan en otros casos y eso está vinculado probablemente a la cláusula de confidencialidad”.

“Lo que está marcando este financiamiento chino es precisamente cambios en lo que se pueda hacer de hoy en adelante y que ya no se circunscriban a este sino se extiendan al ruso, de la india y hasta de la Corporación Andina de Fomento, que ya se están dando; es decir que no sabemos qué se está pactando por debajo”, previno.

De hecho, hay una flexibilización de la norma, mientras un aspecto también a destacar es el asunto de la ‘llave en mano’ y la forma de resolución de controversias, que igualmente incluyen cláusulas de confidencialidad.

“Lo que está también claro es que estamos en un proceso de mayor dependencia del financiamiento externo, en el que las decisiones estratégicas de las políticas públicas, inversiones, etc. no necesariamente se las toma en el país; es un proceso de dependencia del capital externo (no ya como en el pasado de la banca multilateral) sino que vamos tomándolo de banco bilaterales de las economía emergentes que van estableciendo una serie de condicionalidades que pueden ser diferentes o similares pero ya China nos muestra un comportamiento que va teniendo el país frente a los demás con el objetivo de atraer financiamiento e  inversiones; e decir nos estamos sometiendo y convirtiendo nuevamente en país dependiente de financiamiento y ese capital extranjero”

EL ESTUDIO

La caída de ahorro nacional y la necesidad de aumentar la inversión han llevado a acentuar una política de atracción de capitales de origen chino, destinados en general a la actividad extractiva mediante proyectos dominados por capital externo y atractivos para la banca internacional, instituciones financieras e inversión extranjera directa, sostiene Molina en su estudio que se encuentra libre para su descarga.

El resultado es que la política impulsada por el gobierno no es soberana y menos aún contra hegemónica, concluye la investigadora del CEDLA, Silvia Molina, en este trabajo de investigación en torno al derrotero de los financiamientos chinos a la infraestructura boliviana, principalmente de transporte y las secuelas de sus obras ‘llave en mano’.

Tal soporte ha estado acompañado por flexibilización de la normativa laboral, ambiental y de contratación pública o “licenciamiento automático de proyectos” cuando la decisión política de llevarlos a cabo ya fue adoptada.

Los contratos ‘llave en mano’, consecuencia de tal flexibilización, han cambiado los procesos de inversión pública, contratación y adjudicación, para abrir el país a la llegada de más de 60 empresas chinas, haciendo cuestionable el discurso del gigante asiático que, pese a afirmar que fomenta la cooperación Sur-Sur en realidad impone condicionalidades para beneficiar la internacionalización de sus transnacionales y promover las ganancias del capital asentado en China, lo que mantiene a Bolivia enmarcada en una economía primario exportadora.

(Plataforma Energética)

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