El Gobierno recibió ayer el pliego de cuatro puntos del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) sobre las demandas de la región por el litio, pero no solucionó el conflicto y dilató su respuesta hasta mañana (hoy miércoles). Mientras eso sucede, el paro en el departamento continúa.
El presidente de Comcipo, Marco Antonio Pumari, informó que la comitiva potosina no logró ningún resultado en su reunión con el presidente Evo Morales, a quien acusó de dilatar la problemática por el litio.
“Lamentablemente no se ha llegado a ningún resultado positivo de parte del Gobierno. Se ha presentado una nota indicando todas las observaciones que se tiene del Decreto Supremo 3738 (…), insisten en seguir dilatando esta problemática en el departamento potosino, indicando que hasta el día miércoles nos van a responder si se va a abrogar o no”, informó Pumari.
Potosí cumple hoy su noveno día de paro cívico. En la carta dirigida al Presidente, se le solicita la abrogación del Decreto Supremo 3738, sobre la base de cuatro observaciones en la norma.
La primera respecto al domicilio legal de la empresa mixta creada para la industrialización del litio, en La Paz. “Contraviene el artículo 371, párrafo II, de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el Código Tributario en su artículo 37, que señala que el domicilio legal de las empresas mineras se establecerá en la jurisdicción donde se realice la mayor explotación”, cita.
El segundo punto se refiere al artículo único de la Ley 928 de creación de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), respecto a que esa entidad “es responsable de realizar las actividades de toda la cadena productiva del litio”.
Empero, el decreto 3738 dice que “YLB compartirá con Acisa las actividades de operación y administración de los recursos avaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización”.
Se reclama que YLB no tendrá el control de toda la actividad, sólo del 51%, y Acisa del 49%.
En ese mismo punto se señala que el decreto “permite a Acisa el control total de la comercialización (exclusiva) del hidróxido de litio en Europa (Alemania)”.
El tercer punto se refiere a las regalías. “Se pretende hacer creer que las 30.000 toneladas al año de hidróxido de litio a ser obtenidas a partir de las salmuera residual por la empresa mixta YLB-Acisa contituyen productos industrializados, razón por la cual no pagarán regalías mineras durante 70 años”, objeta el documento de Comcipo.
El cuarto punto señala una contradicción con la Ley 928, que establece que la producción YLB se debe desarrollar con una participación al 100% estatal. “Para la producción de hidróxido de litio, Acisa usará su tecnología, que no será transferida a la empresa mixta”, reclamaron.
Esto, según Concipo, “va contra la búsqueda de la soberanía tecnológica del país”, ya que “ni siquiera se tiene evidencia de la existencia de dicha tecnología. Acisa dijo que realizará tales procesos por medio de K-Utec”.
El paro y bloqueos continúan
Pumari enfatizó que Comcipo y el Presidente “no quedaron en nada”, por lo que anunció que el paro y los bloqueos en la Villa Imperial continuarán.
La huelga de hambre instalada en La Paz fue levantada para que la dirigencia participe en el cabildo departamental. “Serán las bases las que tomen una determinación respecto a lo que ha sucedido con el Gobierno. Vamos a insistir en la abrogación por justicia al departamento y Bolivia”, declaró el dirigente potosino.
Gobierno promete Bs 500 mil para la Universidad Tomás Frías
El único logro alcanzado por Comcipo en la reunión con el Presidente fue que el Gobierno aceptó otorgar los 500 mil bolivianos solicitados por estudiantes de la Universidad Tomás Frías para investigación y una planta piloto de litio.
“Creemos que es importante apoyar las investigaciones y los trabajos que está haciendo la universidad y, en ese marco, se apoyará de inmediato con esta solicitud que ha presentado el representante de la Universidad Tomás Frías”, informó el canciller Diego Pary.
Representantes de la Universidad Autónoma Tomás Frías solicitaron al Gobierno medio millón de bolivianos, para llevar a cabo trabajos de investigación y la implementación de una planta piloto.
Sobre la demanda del comité, de abrogar el Decreto Supremo 3738, Pary sostuvo que el Gobierno no se cierra a esa posibilidad, pero primero deben evaluar las demandas.
“Si fuese necesario y pertinente trabajar en nuevos decretos supremos se realizará”, aseveró el canciller, respecto a la modificación o abrogación del decreto cuestionado.
(Página Siete)
