El Gobierno evalúa devolver los recursos destinados para el fondo a la exploración de hidrocarburos, vigente desde diciembre de 2015. Las regiones productoras señalan que el monto retenido desde ese mes hasta noviembre pasado alcanza los 449 millones de dólares.
“No vamos a decir que se anulará la Ley de Incentivos porque está cerca 2020, que era el tiempo para realizar estas inversiones. Lo que tenemos que hacer es ver si ese fondo fue y si será utilizado; de lo contrario, se tendrá que pensar en devolver a las regiones. Esa ley tomó recursos de las regiones, universidades y otros, es drástico, pero hay que pensar en devolverlo”, afirmó en entrevista con este medio el ministro de Hidrocarburos, Víctor Zamora.
En su opinión, el fondo está sin uso y muy pocas empresas accedieron a los recursos debido a que la reglamentación no permite la reposición donde no hubo éxito, por lo que se trata de temas que aún son transparentados para luego tomar una decisión.
Zamora agregó que la Ley de Promoción a la Exploración se aprobó cuando cayó el precio internacional del petróleo, que no superaba los 40 dólares el barril; por lo tanto, era para motivar a las petroleras. Al respecto, la nueva administración de esa cartera hace una auditoría para ver en qué medida tuvo efecto.
Carlos Delius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), afirmó a Página Siete que no es fácil establecer cuáles son las inversiones que fueron ejecutadas al amparo de la Ley 767, que creó el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.
“En mi opinión, este es un caso más de una enfermedad que padecemos los bolivianos, que creemos que con promulgar una ley se resuelven los problemas, cuando no es así. Tengo entendido que no funcionó por su mala reglamentación, hubo una ejecución de parte del Ministerio de Hidrocarburos que no fue capaz de generar confianza y tuvo efecto contrario”, indicó Delius.
Señaló que el ministro Zamora debe ordenar una auditoría al programa de incentivos y transparentar la información; en caso de que no haya cumplido su fin, corresponde la restitución.
Otro experto cercano al sector petrolero, que prefirió no ser citado, señaló que si bien se logró la participación de varias operadoras para diferentes campos, la reglamentación a la Ley 767 impidió a las empresas cobrar los beneficios económicos otorgados por su labor exploratoria.
“Uno de los argumentos era el supuesto incumplimiento del Plan Quinquenal de Inversión y otros requisitos requeridos. En este contexto, varias petroleras solicitaron al ministerio el pago de sus beneficios, pero aún no se han hecho efectivos”, indicó.
Acotó que en el caso que se considere la reposición a las entidades beneficiadas, debe pagarse a las operadoras porque son derechos consolidados.
El secretario de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, recordó que en reiteradas ocasiones se dijo que los recursos retenidos por el Ejecutivo eran una “confiscación” a las regiones productoras y entidades favorecidas con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
“La fase de exploración es una competencia de YPFB, pero decidieron sacar dinero que no les correspondía”, criticó. Dijo que a noviembre se retuvo 449 millones de dólares y que esperan la devolución de su aporte.
Sobre la retención
- Aprobación La Ley de Incentivos, del 11 de diciembre de 2015, reduce un 12% el Impuesto Directo a los Hidrocarburos a alcaldías, gobernaciones y universidades, Fondo Indígena, renta Dignidad y TGE, para crear un fondo de incentivo destinado a las petroleras.
- Acumulación De acuerdo con los cuadros de la Gobernación de Santa Cruz, a noviembre 2019 a los municipios se les quitó Bs 941 millones; gobernaciones, Bs 458 millones; universidades, Bs 132 millones; Fondo Indígena, Bs 94 millones; y otros, con un total de Bs 3.124 millones (gráfico).
(Página Siete)
