Muchas experiencias de empresas del Estado y privadas muestran que las cooperativas que ingresan a un área, poco a poco, se expanden y copan todo el espacio posible. Dejar que se haga actividad minera en el Madidi es firmar su destrucción.
El año pasado, llamó la atención la movilización de las cooperativas auríferas pidiendo pagar impuestos. Fue algo nunca visto. Después de varias horas de “negociación” en las que ellas planteaban pagar un impuesto de 4.5% sobre el valor del oro, el gobierno les sacó un 0.3% más, para llegar, finalmente a 4.8%.
¿Por qué, desde el punto de vista de los intereses de las cooperativas, este retorno a lo que fue la regalía del 7% si ya habían logrado la rebaja al 2.5% (1.5% en muchos casos)?
Las regalías van directamente, a las gobernaciones y a los municipios. El gobierno nacional sólo retiene un pequeño porcentaje de esas regalías, mientras los gobiernos subnacionales no logren la aceptación gubernamental de su sistema informático que evite la intermediación del SIN. Por el contrario, el impuesto va completamente a la administración central.
Después de la movilización, las cooperativas vuelven a pagar lo que depositaban antes de la reducción con que se beneficiaron; pero los departamentos son despojados de la compensación que les corresponde. Ahora es la administración central que maneja la mayor parte de esos recursos que debían financiar los proyectos locales.
Sin embargo, esto no será efectivo mientras no se ratifique el acuerdo con una ley. Para presionar a la Asamblea Legislativa con el fin de que apruebe esa norma lo más rápidamente posible, se hizo toda la puesta en escena de la negociación del reglamento de la ley del oro. En varias ocasiones se escuchó a los dirigentes del subsector que aceptarían el reglamento si se aprobaba la ley de sus impuestos.
Se aprobó el reglamento; pero no la ley. Las organizaciones de las cooperativas auríferas han manifestado que no venderán oro al Banco Central mientras no se apruebe esa ley. Por tanto, pese a haber la ley del oro y su reglamento, el Banco Central no informó de la compra del primer gramo de oro de las cooperativas.
De aprobarse esa norma que piden las cooperativas, se rompería el esquema universal de impuestos que simplificó la compleja estructura que existía en el país. Volviendo a la idea inicial, ¿por qué las cooperativas auríferas están tan interesadas en transferir los recursos que debían ir a los departamentos y municipios, a la administración central?
Lo que parece claro es que no habrá venta de oro extraído por las cooperativas, al Banco Central. Salvo que los acuerdos políticos sean más importantes que los intereses económicos y la comercializadora Banco Central equilibre las diferencias que tiene con las otras comercializadoras.
Mientras tanto, en la primera mitad del 2023, la cantidad de oro explotada y registrada bate récords. El Boletín estadístico del Ministerio de Minería y Metalurgia que, en el primer trimestre, se había registrado 14.4 toneladas de oro. El año pasado, el mismo informe presenta un peso de 11.9 toneladas. El INE, por su parte, refleja la misma cantidad y, hasta mayo indica que se han exportado 23 toneladas. Habrá que esperar la evolución de esta producción en lo que resta del año.
No obstante, diversos investigadores se han lanzado a la Amazonía para verificar el extraordinario daño que está provocando la explotación del oro, que ya ha salido del río para destruir la selva. Ni áreas reservadas, ni la posición de las comunidades originarias, ni el clamor de la opinión pública frenan el avance de la minería aurífera.
El pedido de rezonificación del Madidi es un pedido para destruir el parque. Muchas experiencias de empresas del Estado y privadas muestran que las cooperativas que ingresan a un área, poco a poco, se expanden y copan todo el espacio posible. Dejar que se haga actividad minera en el Madidi es firmar su destrucción.
Casi el 100% de la explotación aurífera del año 2022 ha sido registrada a nombre de cooperativas; pero los testimonios de líderes originarios, de investigadores e investigadoras, de organizaciones nacionales e internacionales muestran que son empresas privadas las que están llevando a cabo la extracción del oro.
Todavía estamos a tiempo de agarrar las riendas de este caballo que corre desbocado. Se puede descentralizar el control que está en manos de SENARECOM, se puede hacer que las organizaciones obtengan su licencia ambiental, se puede definir una nueva escala de regalías y presionar para que todos paguen los impuestos que corresponden, se puede hacer que la COMIBOL instale plantas modernas y ecológicas para procesar los preconcentrados de oro de las cooperativas, se puede centralizar la comercialización.
Reflexionar sobre las causas por las cuales las cooperativas quieren contribuir a la administración central en lugar de a los municipios y departamentos, ayudará a descubrir la trama que no se percibe y que enmascara el accionar de varios actores involucrados.
Por Héctor Córdoba, Analista e investigador del sector minero en Fundación Jubileo
