Se proyecta un aumento en la demanda de carbonato de litio, especialmente para baterías, afectando agua, agricultura y turismo.
La demanda de carbonato de litio, impulsada por la creciente industria de baterías para vehículos eléctricos, promete un incremento sustancial. Para Bolivia, un país con vastas reservas de este recurso estratégico, este escenario presenta tanto oportunidades como desafíos. A medida que se vislumbra una mayor producción de litio, surge la necesidad de equilibrar los beneficios económicos con la preservación de otros sectores vitales como el turismo y la agricultura. Además, la distribución de los ingresos fiscales derivados de esta explotación y los riesgos asociados, como el uso intensivo de agua y la protección del Salar de Uyuni, configuran un complejo panorama que el país deberá gestionar con políticas regulatorias sólidas y equitativas.
En ese sentido, un estudio presentado recientemente por Oxfam Bolivia, elaborado por el economista y exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli abordó el impacto económico de los proyectos de litio en Bolivia, utilizando modelos micro y macroeconómicos.
“Si bien se espera que la demanda por carbonato de litio se incremente en el futuro, aún no está claro cómo Bolivia participará en su suministro. No obstante de ello, en caso de que se generen proyectos a gran escala es recomendable que las rentas de su explotación sean reinvertidas en fuentes de generación de empleo sostenibles (por ejemplo el turismo), así como también en salud y educación, tal como se hizo con el gas natural”, dijo el experto.
Medinaceli identificó como riesgo el deterioro de la actividad agrícola por el uso de agua; el daño al paisaje del salar de Uyuni, con el impacto negativo al sector turismo; el uso de la renta del litio para financiar gasto corriente del gobierno central y la invasión de las cooperativas mineras dentro el Salar de Uyuni. “En este sentido, se plantea que la explotación de este recurso sea realizada de forma ordenada y controlada, de tal manera que no afecte a otras industrias, agricultura y turismo”, añadió a tiempo de indicar que es necesario discutir los sistemas de coparticipación fiscal de la posible renta generada por el litio, permitiendo incrementar la participación de la región productora (Potosí) y añadiendo una cuota parte a las otras regiones del país.
Resaltó que la participación del Estado en el negocio del litio es a través de los impuestos sobre las utilidades vigentes en este momento, de hecho, dijo que se espera que más del 90% de dichos ingresos fiscales se destinen al Gobierno Central. Tal cosa no sucedió con los ingresos por impuestos aplicados a la explotación de gas natural, dado que la Ley de Hidrocarburos Nro 3058 estableció un sistema de coparticipación regional que permitió que todos los municipios y gobernaciones en Bolivia reciban parte de la renta gasífera. En el caso del litio no sucede ello, por este motivo, el impacto multiplicador por la explotación de este recurso (el litio) será mucho menor al observado en el gas natural, sobre todo, en la posibilidad de disminuir la pobreza, aseguró.
También, dijo que es prudente señalar que, de acuerdo con la legislación actual, el impacto sobre la economía boliviana de un proyecto de explotación de litio de 50,000 toneladas por año es mucho menor al que tuvo el gas natural. Los ingresos para el Estado boliviano serían 10 veces menores a los observados con el gas natural y, por otra parte, las exportaciones serían 6 veces menores a las observadas con dicho gas natural.
