La Ley 1604 quedó obsoleta frente a la CPE 2009, la transición energética y la creciente demanda. Una nueva normativa debe garantizar universalidad, sostenibilidad, inversión y diversificación con renovables, asegurando seguridad energética, institucionalidad y desarrollo a largo plazo.
Los próximos cambios políticos, económicos y sociales que acontecerán en Bolivia, otorgan la necesidad de nuevos estudios relacionados con marcos legales y regulatorios, dijo Luis Adolfo Ormachea, abogado con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico boliviano.
Es por ello, que la regulación del sector eléctrico, constituye un fundamento importante para el análisis del sector, añadió.
Uno de los elementos importantes en la legislación aplicable al sector eléctrico, está referido con el ordenamiento jurídico mediante el cual se delimitan las actividades de las instituciones que participan en las distintas operaciones para la explotación y aprovechamiento de la energía en sus distintas formas, así como en la prestación de servicios públicos, considerando, los deberes y derechos de los usuarios de las fuentes energéticas, indicó.
A partir de la promulgación de la Constitución Política (CPE) l en 2009 y con el cambio de visión y concepto de la utilización, beneficio y cobertura del sector eléctrico propuestos por el Gobierno instalado en el año 2006, se establecieron ciertas prioridades del sector y una nueva visión del rol del sector eléctrico.
Entre estos, se define el Acceso Universal al Servicio de Electricidad como un derecho fundamental de las personas. Asimismo, se responsabiliza al Estado en todos sus niveles de gobierno, para que la provisión del servicio responda a principios de universalidad, responsabilidad y accesibilidad. En esto, las tarifas equitativas y la ampliación de la cobertura necesaria, con participación y control social, mediante la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), fueron y son los elementos básicos que soportan la nueva visión de Estado en materia eléctrica, explicó.
Actualmente, dijo que Bolivia se enfrenta a una serie de desafíos en su sector energético, lo que hace que una nueva Ley de Electricidad sea una necesidad apremiante. La Ley promulgada el 21 de diciembre de 1994 (Ley 1604), fue un hito en la reforma del sector, permitiendo la privatización y la introducción de competencia; sin embargo, no abordó adecuadamente los desafíos y oportunidades que presenta el sector eléctrico moderno, incluyendo el crecimiento de la demanda, la incorporación de energías renovables, y la necesidad de atraer inversión privada, remarcó.
El régimen de la Ley de Electricidad Nº 1604, tuvo su desarrollo hasta la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), el año 2009, siendo objeto de modificaciones y ajustes para su adaptación a la nueva CPE, cuyo texto constitucional incorpora un acápite específico sobre energía y entre sus más relevantes modificaciones se le otorga la universalización del servicio básico de electricidad, cambio de la matriz energética, la calidad de derecho fundamental, el acceso al servicio público de suministro de electricidad, se reconoce la participación del Estado en la Industria Eléctrica, se promueve el uso de recursos naturales renovables y se extinguen las Concesiones en la Industria Eléctrica, señaló.
El Decreto Supremo Nº 29894, de febrero de 2009, determina la nueva estructura organizativa del Órgano Ejecutivo, en el marco de lo establecido por la CPE, disponiendo entre otros, la extinción de las Superintendencias y que sus competencias y atribuciones sean asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa, aclaró Ormachea.
Recordó que el Decreto Supremo 0071 de abril de 2009, crea las Autoridades de Fiscalización y Control Social en los sectores de: Transportes y Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad; Bosques y Tierra; Pensiones; y Empresas y se determina su estructura organizativa, definiendo competencias y atribuciones.
Esta norma, dijo que deberá incluir mecanismos de incentivo para la instalación de plantas de generación con fuentes de energía alternativa, así como su promoción en la investigación y producción compatible con la conservación del medio ambiente, desplazando la generación de combustibles fósiles por energía más limpia y económicamente más conveniente para el país.
Esta Ley debe asegurar el aprovechamiento de fuentes de energías renovables, a fin de cambiar la matriz energética, a una más resiliente y diversificada, en consideración del gran potencial que tiene el país en recursos naturales y su uso sustentable a través de un acompañamiento de la normativa ambiental para el sector eléctrico. Esto implica una visión de país pensada a largo plazo, así como seguridad energética, soberanía e independencia, añadió el experto.
De esta manera se permitirá consolidar la institucionalidad de las entidades del sector eléctrico, teniendo un órgano ejecutivo que dirige el desarrollo del sector, un centro planificador con alcance técnico científico, operadores que inviertan en infraestructura eléctrica eficiente y una entidad fiscalizadora independiente con recursos humanos especializados que regule, controle y supervise las actividades de la industria eléctrica con autonomía de gestión.
Sin una reforma legal, dijo que Bolivia podría enfrentar un deterioro en la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la capacidad de satisfacer la creciente demanda eléctrica de su población y economía. La discusión y aprobación de una nueva ley son pasos importantes de una nueva administración gubernamental para garantizar un futuro energético sostenible y eficiente para el país.
Todo lo enunciado obviamente, debe considerar principalmente la revisión de la Constitución Política del Estado vigente que en su calidad de norma suprema, prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico y la posición del Estado en relación a la Industria Eléctrica, su uso y aprovechamiento de la energía incluyendo su impacto en el medio ambiente y el papel que representa en el desarrollo económico e industrial del país, ya que todo acto legislativo que no mantenga conformidad con sus preceptos, carecerá de eficacia jurídica.
La conceptualización de la energía en la óptica del derecho debe comenzar desde el nivel constitucional. Sin pretender que la Constitución defina su concepto y manifestaciones, esta debe establecer un marco regulatorio lógico que sirva de referencia para la posterior estructuración de leyes y demás normativa otorgándole a la energía el grado de relevancia que el mundo actual necesita, indicó el jurista.
- Revisión de la actual
Ley de Electricidad.
El Sistema de Regulación Sectorial, principios y conceptos, funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista, el Comité Nacional de Despacho de Carga (normas operativas), regulación económica, política tarifaria, planificación, eficiencia energética, sistemas aislados y otros.
Es importante, que se identifique todos aquellos aspectos en los cuales la Ley N° 1604 haya logrado resultados positivos, a objeto de evaluar su continuidad sobre la base del nuevo modelo que sea determinado. - Identificar los aspectos que fueron ajustados por cambio de política energética.
La normativa vigente en Bolivia presenta vacíos que limitan la incorporación de innovaciones tecnológicas y nuevas tendencias en el sector eléctrico.
Aspectos como la generación distribuida, microgrids, redes inteligentes, electromovilidad, almacenamiento de energía, eficiencia energética, inteligencia artificial, robótica o blockchain aún no están contemplados plenamente en la legislación, dificultando un desarrollo integral y sostenible.
Estos avances, ya aplicados en la región y a nivel mundial, representan oportunidades para modernizar el sistema eléctrico boliviano y alinearlo con las exigencias de la transición energética.
El reto no se reduce a modernizar redes, sino a un cambio de visión que permita transitar hacia un modelo sostenible, eficiente y con políticas estables que consoliden la carbono neutralidad.
Este enfoque, vinculado a la industria 5.0, requiere institucionalidad sólida, planificación estratégica y el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas.
La coyuntura global de transición renovable coincide en Bolivia con limitaciones económicas, marcadas por escasez de divisas e inflación, que restringen inversiones en proyectos energéticos.
Ante ello, urge diseñar un marco regulatorio actualizado que brinde seguridad jurídica, fomente la inversión privada y pública y garantice la diversificación de la matriz energética. Solo así el país podrá superar rezagos, impulsar la innovación y asegurar un desarrollo sostenible de largo plazo. - Definir los principios, objetivos, alcance y premisas.
Los cuales delinearán el marco general y permitirán sentar las bases de la legislación que regirá la Industria Eléctrica en Bolivia. Se debe identificar aquellos aspectos del sistema vigente que, por sus buenos resultados, adecuadamente justificados, deban mantenerse.
Ormachea indicó que los principales argumentos que justifican una nueva ley son:
n Declive de las reservas de gas natural y la necesidad de una transición energética:
Bolivia ha dependido históricamente del gas natural para su generación eléctrica; sin embargo, sus reservas de gas están disminuyendo. Esto obliga al país a una “transición energética forzosa” hacia fuentes renovables. La ley actual no está diseñada para facilitar adecuadamente esta transición, ni para promover e integrar eficientemente un mayor porcentaje de energías renovables como la hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica y biomasa. Se necesita de un marco legal que incentive la inversión en estas tecnologías y la modernización de la red para su incorporación.
Una nueva ley podría establecer incentivos y marcos regulatorios para promover la generación distribuida y el uso de energías renovables, como la solar y la eólica, contribuyendo a la diversificación de la matriz energética y a la sostenibilidad.
n Marco regulatorio desactualizado y falta de institucionalidad:
Esto se manifiesta en pérdida de regulación y descoordinación institucional: Hay una falta de autonomía y transparencia de las entidades fiscalizadoras, lo que debilita la supervisión efectiva.
- Descoordinación entre instituciones: La falta de coordinación entre los diferentes actores (gobierno central, gobiernos subnacionales, AETN, etc.) obstaculiza la aplicación adecuada de políticas y el avance de proyectos estratégicos.
- Subsidios cruzados y distorsiones: La ley actual puede estar contribuyendo a esquemas de subsidios que no son sostenibles ni equitativos, y que pueden desincentivar la inversión privada en ciertas áreas.
- Modernización del Marco Regulatorio: La ley actual, necesita una actualización para reflejar los cambios tecnológicos y las nuevas tendencias en el sector eléctrico.
n Acceso a la electricidad en zonas rurales: A pesar de los esfuerzos y la existencia de obras para la expansión de cobertura eléctrica, el acceso a la electricidad en las zonas rurales de Bolivia sigue siendo un desafío. Pese al impulso mediante políticas estatales y programas específicos, la ley actual puede no estar abordando de manera efectiva las particularidades y necesidades de la electrificación rural, que a menudo requieren soluciones descentralizadas y basadas en energías renovables.
n Necesidad de atraer inversión y asegurar la sostenibilidad: El sector eléctrico boliviano requiere de inversiones significativas para su expansión y modernización, especialmente con la transición energética en marcha. Un marco regulatorio moderno claro y estable es fundamental para atraer inversión privada en el sector eléctrico, especialmente en proyectos de generación y transmisión, proporcionando mayor seguridad jurídica y atractivos para la inversión, tanto nacional como extranjera.
n Optimización del sector y eficiencia: Aunque las reformas de los años 90 buscaron la eficiencia y calidad del servicio, la ley actual no está maximizando la eficiencia y calidad operativa y económica del sector en el contexto actual, en beneficio del usuario final. Esto incluye la necesidad de una planificación integral a corto, mediano y largo plazo para abordar los desafíos energéticos.
n Competencia y transparencia: Una nueva ley podría promover la competencia en el mercado eléctrico y garantizar la transparencia en la fijación de precios y tarifas.
