Un experto en energía advirtió que la subvención al gas para generación eléctrica en Bolivia es insostenible; urge nivelar precios, diversificar matriz y aplicar subastas energéticas.
El 19 de octubre, Bolivia acudirá a un histórico balotaje para definir a sus nuevas autoridades ejecutivas. Sin embargo, mientras la atención ciudadana está puesta en la elección presidencial, los desafíos estructurales del país no esperan. “El nuevo gobierno tendrá que actuar de inmediato, porque la coyuntura energética y económica es crítica. No hay margen para seguir postergando decisiones”, advirtió el director de la Cámara Boliviana de Electricidad (CBE), Gastón Acebey.
Según el especialista en energía, lo lógico sería que, hasta el 8 de noviembre —fecha de posesión del nuevo Gobierno—, ya se hayan conformado comisiones legislativas y técnicas para encarar los temas más urgentes de la crisis económica. Entre ellos, destaca uno neurálgico: el futuro de la subvención al gas natural utilizado en la generación eléctrica, una medida que, por el agotamiento de las reservas de hidrocarburos y el peso fiscal que representa, “tiene los días contados”.
Acebey explicó que el sector eléctrico representa prácticamente la mitad del consumo interno de gas natural. Mantener los precios artificialmente bajos para este uso ha permitido tarifas eléctricas estables, pero a costa de una creciente presión financiera para el Estado.
Hoy, la matriz energética boliviana se sostiene en un 66% de termoeléctricas, 24% de hidroelectricidad y apenas un 10% de renovables no convencionales. Esta estructura, aseguró, es insostenible en un contexto de reservas decrecientes y precios internacionales crecientes.
El experto advirtió que no basta con medidas económicas. Bolivia debe revisar el Plan de Expansión heredado, fortalecer la institucionalidad de empresas estatales como ENDE, la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) y el CNDC, además de actualizar la normativa vigente.
La Ley de Electricidad, que data de los años 90, está desfasada frente a la realidad nacional y mundial. “Una modernización legal es clave para garantizar seguridad jurídica, incentivar inversiones y ordenar el mercado”, subrayó.
Inversiones
El gobierno saliente planteó un plan ambicioso: que la generación renovable represente el 65% al 2030 y 75% al 2050. La meta se sustenta en el desarrollo de 9 proyectos hidroeléctricos, 12 solares, 10 eólicos y 1 geotérmico.
No obstante, un informe reciente de la CAF revela diferencias con los montos de inversión y adiciones de potencia declarados oficialmente. Aun así, Acebey coincide en que la dirección es correcta: “Si no nivelamos el precio del gas para termoeléctricas, terminaremos importando este combustible a precios internacionales, con un impacto fiscal y tarifario insostenible”.
Una medida inicial, según Acebey, sería incrementar el precio del gas natural para generación al 50% del precio de exportación: de 1,30 USD/MPC a 3,25 USD/MPC. Con ello se avanzaría hacia una mayor sostenibilidad sin necesidad inmediata de modificar la Ley de Hidrocarburos.
El Anuario 2024 de la AETN muestra que las inyecciones de energía alcanzaron los 11.343 GWh/año, con transacciones por 187,6 millones de USD en energía, 189,4 millones en potencia y 34,7 millones en sobrecostos por renovables.
En la práctica, el costo medio de generación es de 36,3 USD/MWh, fuertemente influenciado por el gas subvencionado. “Con esos precios, las energías renovables no pueden competir en igualdad de condiciones”, enfatizó el especialista.
La tarifa eléctrica promedio que pagan los consumidores regulados se compone de: 30% generación, 18% transmisión, 34% distribución y 18% impuestos. Esto significa que cualquier incremento en el precio del gas natural tendría un impacto reducido en la tarifa final. “Hablamos de apenas una sexta parte del ajuste. Con una estructura adecuada, podríamos alcanzar márgenes de 55-60 USD/MWh en generación, suficientes para abrir el camino a subastas de energía”, explicó.
Subastas
En la región, casi todos los países —excepto Bolivia, Paraguay, Trinidad y Tobago y Venezuela— ya aplican mecanismos de subastas de energía para contratar proyectos renovables a gran escala.
Este modelo fomenta la competencia y la transparencia, al tiempo que garantiza contratos de largo plazo para inversores. Para Acebey, su aplicación en Bolivia no solo es factible, sino urgente: “Con preparación institucional y seguridad jurídica, podríamos implementarlo rápidamente, atrayendo inversiones y promoviendo energías limpias”.
