Llegando a sus 200 años, Bolivia enfrenta la oportunidad de consolidar un legado eléctrico que no solo garantice energía, sino que también sea un motor de desarrollo económico, competitividad internacional y sostenibilidad ambiental. El camino implica diversificar la matriz.
A pocos días de haberse celebrado el Bicentenario de Bolivia, el sector eléctrico se presenta como uno de los pilares más sólidos de los servicios públicos del país. Con un 96% de cobertura nacional a 2024, los indicadores de continuidad y calidad del suministro se mantienen dentro de los límites normativos, un logro que, según el analista eléctrico Oswaldo Irusta, es resultado de más de un siglo de esfuerzos combinados entre el Estado y la inversión privada, cuyo punto de partida se remonta a la iniciativa minera privada de 1887.
No obstante, pese a que el acceso universal a la energía aún enfrenta brechas significativas, Bolivia destaca por una estructura institucional y un marco legal desarrollados. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema enfrenta riesgos en el corto y mediano plazo debido a su alta dependencia del gas natural, que actualmente abastece cerca del 67% de la generación eléctrica. La eventual necesidad de importar este combustible no solo plantea desafíos económicos, sino también estratégicos para la seguridad energética del país.
El reto de diversificar la matriz energética
Irusta enfatizó que, frente a los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, Bolivia debe acelerar la incorporación de energías renovables, con prioridad en plantas solares y en la descentralización de la producción eléctrica. Para lograrlo, identifica dos acciones urgentes: establecer precios reales del gas natural destinado a la generación y desarrollar un marco legal que facilite asociaciones público-privadas, respetando las disposiciones constitucionales.
Coincidiendo en el diagnóstico, Franz Zuna, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Santa Cruz, advierte que el legado del sector, a 200 años de vida independiente, está marcado por una matriz que depende en un 70% de combustibles fósiles, altamente contaminantes y cada vez más limitados. Para él, la meta estratégica debe ser reducir esa dependencia a un 30% o menos, garantizando así una matriz sostenible para las generaciones futuras.
Zuna plantea que el país debe rescatar su potencial hidroeléctrico, suficiente —asegura— para cubrir la demanda interna. Además, propone fortalecer las fuentes renovables alternativas como la solar y la eólica, que, combinadas con grandes proyectos hidráulicos, permitirían no solo garantizar el suministro interno sino también generar excedentes exportables.
Reformas
Tanto Irusta como Zuna coinciden en que la atracción de inversión privada será clave para transformar la matriz energética. En este punto, Zuna sugiere la implementación de sistemas de financiamiento con tarifas bajas que permitan a los consumidores convertirse en microgeneradores, integrando al sistema redes inteligentes y almacenamiento energético. Irusta, por su parte, subraya la necesidad de revisar y actualizar el marco legal vigente para agilizar la operación del mercado eléctrico mayorista, transparentar la formación de precios y tarifas, e incorporar de forma más decidida la generación distribuida.
Ambos expertos señalan que la independencia técnica y administrativa de las instituciones reguladoras y operadoras del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es fundamental para garantizar transparencia, confianza e inversión. Esto implica dotarlas de mecanismos claros de rendición de cuentas y supervisión.
Exportación de energía
La exportación de electricidad surge como una posibilidad atractiva, pero con limitaciones. Irusta advierte que la Constitución prioriza el abastecimiento nacional, por lo que solo los excedentes pueden destinarse al mercado externo, siempre que exista un interés común y beneficios mutuos. También recalca que la competitividad dependerá de contar con fuentes primarias de energía a precios que permitan competir, una ventaja que Bolivia tuvo en el pasado pero que actualmente se ha debilitado.
Zuna coincide en que la viabilidad de la exportación pasa por reducir costos de generación. Propone que grandes hidroeléctricas podrían abastecer tanto la demanda interna como la exportación a mercados como Brasil, siempre que se logren acuerdos bilaterales y se asegure un precio competitivo.
El desarrollo eléctrico en Bolivia tiene raíces profundas. Desde la instalación de las primeras plantas impulsadas por la minería en el siglo XIX, hasta la consolidación de un sistema interconectado que cubre casi todo el territorio, el sector ha experimentado hitos importantes, incluyendo la nacionalización de activos estratégicos y la incorporación de fuentes renovables en la última década.
Sin embargo, el peso del gas natural en la matriz —según estimaciones del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en 2024 la generación a gas representaba el 67% del total— plantea un dilema en el marco de la transición energética global. A esto se suma la presión de compromisos internacionales y la necesidad de cumplir con metas de descarbonización sin sacrificar la seguridad del suministro.
Desafíos
De cara al nuevo ciclo político que acompañará al Bicentenario, los especialistas coinciden en que el próximo gobierno deberá asumir decisiones estratégicas para:
n Consolidar una matriz eléctrica más limpia y eficiente.
n Incentivar la inversión privada y las asociaciones público-privadas en energías renovables.
n Reforzar la independencia y capacidad técnica de las instituciones del sector.
n Asegurar la competitividad de la energía boliviana en el mercado de exportación.
En palabras de Zuna, “tenemos el potencial hidráulico, solar y eólico para ser no solo autosuficientes, sino también exportadores; el reto es convertir ese potencial en proyectos concretos”. Irusta complementa que la clave estará en modernizar el marco legal y en adoptar políticas tarifarias que reflejen los costos reales de producción, incentivando así un uso eficiente y sostenible de los recursos.
