Los contratos de largo plazo previstos para proyectos renovables enfrentarán un riesgo cambiario debido al contexto económico, situación que podría desincentivar inversiones extranjeras.
El Gobierno nacional anunció formalmente el proceso para aprobar una Nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables, una propuesta que busca transformar el modelo energético boliviano, abrir el sector a la inversión privada y acelerar la transición hacia fuentes renovables. Sin embargo, especialistas advierten que el éxito de la norma dependerá de factores económicos, regulatorios y técnicos que todavía no han sido resueltos.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías entregó el proyecto de ley al Ministerio de la Presidencia, dando inicio a un proceso que incluirá la evaluación de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), el Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE), el debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la socialización con distintos sectores de la sociedad civil.
Desde el Gobierno se plantea la iniciativa como un “paso decisivo” para modernizar el sistema eléctrico nacional y superar las limitaciones estructurales acumuladas durante décadas. Según la explicación oficial, el actual modelo, concentrado principalmente en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), habría generado ineficiencias, limitado la inversión privada y deteriorado la calidad del servicio.
La propuesta mantiene a ENDE como actor central del sistema, aunque bajo un esquema de competencia con operadores privados. Entre los principales pilares de la ley se encuentran la apertura de la generación, transmisión y distribución eléctrica a inversiones privadas; la creación de una Entidad Reguladora de Energía (ERE) independiente; la implementación de subastas públicas para definir precios y contratos; y el impulso a proyectos de energías renovables como solar, eólica y biomasa.
Además, el Ejecutivo plantea convertir a Bolivia en un “hub energético regional”, fortaleciendo la interconexión eléctrica con países vecinos y ampliando la capacidad nacional de generación.
No obstante, el analista eléctrico, Oswaldo Irusta, considera que la apertura anunciada podría enfrentar algunos obstáculos. A su juicio, las actuales condiciones macroeconómicas y regulatorias del país dificultan que el mercado eléctrico se vuelva realmente atractivo para capitales privados internacionales.
“El problema no es solamente abrir el mercado en el papel. Una política pública sectorial requiere estabilidad y previsibilidad para funcionar”, señaló Irusta.
El especialista sostiene que los contratos de largo plazo previstos para proyectos renovables enfrentarán un alto riesgo cambiario debido al contexto económico nacional, situación que podría desincentivar inversiones extranjeras.
Irusta también cuestionó el alcance de la independencia regulatoria planteada por el Gobierno. Aunque la nueva ley contempla la creación de una Entidad Reguladora de Energía autónoma, advierte que persiste un problema estructural: la existencia de recursos jerárquicos ante el Ministerio, instancia que —según afirma— compromete la imparcialidad regulatoria y genera incertidumbre jurídica.
“El inversionista necesita garantías reales. Mientras el regulador siga subordinado políticamente en la práctica, la seguridad jurídica continuará siendo frágil”, afirmó.
Otro de los puntos de debate es la capacidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para integrar grandes volúmenes de energía renovable. El Gobierno proyecta ampliar la generación solar y eólica, principalmente en el altiplano boliviano.
Sin embargo, Irusta advierte que una concentración excesiva de generación solar en el suroeste del país podría afectar la estabilidad del sistema eléctrico.
Según sus estimaciones, hasta 2035 podrían incorporarse alrededor de 900 megavatios solares en regiones como Oruro y Potosí. Sin una expansión paralela de las líneas de transmisión, existiría el riesgo de sobrecargas y recortes obligatorios de generación para evitar fallas en el sistema.
El analista también alertó sobre la vulnerabilidad climática de una matriz excesivamente concentrada en energía solar. Explicó que fenómenos meteorológicos como frentes nubosos densos podrían provocar caídas abruptas de generación en cuestión de minutos, mientras el país aún carece de centrales termoeléctricas suficientemente flexibles para responder rápidamente a esas variaciones.
En ese contexto, señaló que Bolivia necesitará incorporar sistemas de almacenamiento de energía en baterías de gran escala (BESS), aunque observó que estas soluciones todavía no están contempladas de forma concreta en el Plan Eléctrico Referencial.
Las subastas eléctricas propuestas por la nueva ley también generan cuestionamientos. Para el Gobierno, estos mecanismos permitirán mejorar la competencia y garantizar precios eficientes para los consumidores.
No obstante, Irusta sostiene que el mantenimiento del gas subsidiado para generación termoeléctrica distorsionará el mercado y podría derivar en un sistema de precios segmentados.
De acuerdo con su análisis, mientras la generación térmica subsidiada tendría costos cercanos a 16 dólares por megavatio hora, los contratos renovables requerirían precios estimados entre 35 y 42 dólares por megavatio hora para ser financieramente viables.
Esto podría incrementar el costo promedio de compra de energía para las distribuidoras y generar presión sobre las tarifas eléctricas y los mecanismos de subsidio existentes.
“El consumidor boliviano ha vivido más de un cuarto de siglo bajo una ilusión de estabilidad tarifaria sostenida por subsidios”, afirmó Irusta, quien considera que el país deberá enfrentar tarde o temprano una discusión sobre eficiencia energética y sostenibilidad fiscal.
Mientras el Gobierno defiende la nueva ley como una herramienta clave para garantizar energía confiable, atraer inversiones y diversificar la matriz energética, el debate técnico comienza a centrarse en una pregunta de fondo: si Bolivia cuenta hoy con las condiciones institucionales, económicas y operativas para ejecutar una transición energética sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Una mirada propositiva al anteproyecto de la nueva ley
Por Oscar Siles, presidente de AEE Bolivia y consultor internacional
Con la finalidad de aportar propositivamente al cambio y mejora del sector eléctrico en el país, pude revisar el anteproyecto de la nueva ley de electricidad y energías renovables, analizar, comparar con otras legislaciones relacionadas y hacer algunas precisiones que considero son importantes para atraer inversiones privadas, tecnificar el sector y estar a la vanguardia de las energías renovables y verdes que cada vez cobran mayor relevancia a nivel global.
El anteproyecto puede ser leído por inversionistas extranjeros como una señal positiva de apertura y modernización del sector eléctrico boliviano, especialmente para proyectos de energías renovables, almacenamiento, transmisión asociada, comercialización, generación distribuida y servicios de flexibilidad. Su enfoque es consistente con tendencias regulatorias regionales y reconoce explícitamente la necesidad de atraer inversión pública, privada y mixta. Sin embargo, el atractivo real para inversión dependerá de tres condiciones críticas: independencia efectiva del regulador, reglamentación clara y bancable de subastas/contratos/mercado, y neutralidad competitiva entre empresas públicas y privadas. Algunas conclusiones:
n El mayor cambio es la ampliación del perímetro regulatorio: almacenamiento, comercialización, REDs, agregación, generación distribuida, electromovilidad, eficiencia energética y redes inteligentes pasan a tener reconocimiento legal.
n La creación del ERE es positiva, pero su independencia debe revisarse cuidadosamente. La tuición ministerial, la supervisión del Ministerio sobre el ERE (Ente de Regulación de Electricidad) y la resolución de recursos jerárquicos por el Ministerio pueden generar dudas para inversionistas y agentes regulados.
n El mecanismo de subastas y licitaciones es una fortaleza, alineada con Brasil, Chile, Panamá, República Dominicana y otros países, pero debe diseñarse con criterios de bancabilidad, garantías, asignación de riesgos y estabilidad contractual.
n El régimen tarifario mantiene lógica de eficiencia, pero el anteproyecto todavía no resuelve de forma suficiente la tensión entre tarifas equitativas, subsidios, universalización, sostenibilidad financiera e incorporación de renovables/almacenamiento.
Asimismo, este anteproyecto de ley puede ser mejorado en aras de aperturar las opciones de desarrollo eléctrico nacional, destacando las siguientes recomendaciones dentro el análisis realizado:
n Separar con mayor precisión los roles del Ministerio, ERE, Unidad de Planificación y CNDC. El Ministerio debe fijar política; la planificación debe ser técnica y transparente; el ERE debe regular y fiscalizar; el CNDC debe operar y liquidar sin sesgos.
n Regular la integración vertical pública con reglas más estrictas de neutralidad competitiva hacia el privado, incluyendo separación contable auditada, prohibición de subsidios cruzados, publicación de estados regulatorios por actividad y auditorías independientes.
n Fortalecer el diseño de subastas, definiendo criterios de tecnología, energía firme, potencia, almacenamiento, localización, conexión, garantías, penalidades, indexación, moneda contractual y tratamiento de riesgo de curtailment.
Como profesional boliviano, con toda la predisposición de apoyar en la mejora de esta nueva ley que será determinante para el sector los próximos años.
