Bolivia enfrenta una crisis energética por falta de planificación y escasa transparencia. Riesgo de colapso eléctrico y alimentario exige certificar, diversificar y reponer reservas.
La crisis energética que atraviesa Bolivia refleja la estrecha interdependencia entre el sector de hidrocarburos y el de la electricidad, pilares fundamentales del desarrollo nacional. Ambos requieren coordinación eficiente en la ejecución de proyectos, provisión de información oportuna y control riguroso para garantizar el suministro de energía. Sin embargo, el país enfrenta un escenario marcado por el agotamiento de reservas, la incertidumbre sobre volúmenes reales disponibles y una preocupante falta de planificación estatal, advirtió Jaime De La Zerda, analista y consultor energético.
La producción de gas natural y petróleo presenta un acelerado decaimiento. A ello se suman el peso de las subvenciones y los elevados costos de importación de gasolina, diésel y GLP, generando un desajuste estructural entre oferta y demanda. Según De La Zerda, la situación se agrava por la falta de transparencia de YPFB respecto a medidas inmediatas y por la ausencia de datos claros sobre reservas probadas desarrolladas, no desarrolladas, probables y posibles.
El gas natural abastece cerca del 70% de la generación termoeléctrica nacional. La falta de este recurso amenaza con derivar en un colapso energético de consecuencias críticas. Proyecciones muestran déficits crecientes en la cobertura de la demanda eléctrica, especialmente si no se asegura el suministro continuo de gas. Sin información confiable del sector hidrocarburos, la planificación de la operación del sistema eléctrico nacional interconectado (SIN) carece de bases para programar y garantizar un suministro seguro, confiable y de mínimo costo de la operación a mediano y largo plazo.
Certificaciones
La Ley 3740 de 2007 obliga a YPFB a contratar anualmente consultoras para certificar reservas y entregar resultados en marzo del año siguiente. Sin embargo, recién en 2023 después de cinco años de la última consultoría, se contrataron servicios para certificar 2022 y 2023, con resultados entregados en 2024. Para De La Zerda, este incumplimiento resta utilidad a la información, que debería ser anual y actualizada para ajustar la programación de producción y garantizar reposición de reservas.
De mantenerse la actual declinación, Bolivia no podrá cubrir con producción propia la totalidad del mercado interno a partir de 2028. La opción inmediata que sería importar gas desde Argentina, estaría supeditada a que el gasoducto que actualmente alimenta el Norte Argentino desde los campos de Vaca Muerta y adicionalmente abastece los requerimientos de gas al Brasil a través del gasoducto Juana Azurduy de Padilla (27 MMm3/día), tenga capacidad suficiente.
La otra alternativa sería importar del Brasil siempre y cuando este país disponga de excedentes de gas, lo que implicaría que no necesitaría importar gas de la Argentina. Estas alternativas podrían requerir ampliar la infraestructura de transporte, generando mayor dependencia externa.
La falta de diésel y gasolina afecta directamente la producción agrícola e industrial. Según De La Zerda, traer gasolina en lugar de diésel en plena siembra y zafra evidencia problemas graves de planificación. El impacto inmediato es menor producción de alimentos y riesgo de inflación.
La dependencia del gas como insumo exportador, fuente de divisas y motor eléctrico convierte la crisis hidrocarburífera en amenaza transversal a la economía y la vida cotidiana.
Otro punto crítico es la poca claridad sobre la entrada en producción de nuevos pozos. Si pertenecen a campos ya explotados, no implican ampliación de reservas. Tampoco se detalla si las cifras oficiales incluyen volúmenes realmente disponibles o simples estimaciones.
De La Zerda indicó que la falta de datos certeros es “una falta de respeto hacia la ciudadanía”, pues en plena crisis lo mínimo sería informar con detalle la situación de cada campo y la proyección de producción.
La situación ya muestra signos de crisis: colas para acceder a carburantes, escasez de diésel en plena campaña agrícola y un sistema eléctrico dependiente de un recurso en declinación. Si no se adoptan medidas inmediatas, Bolivia enfrentará un colapso energético y alimentario.
La combinación de reservas reducidas, ausencia de planificación y retrasos en certificaciones crea un escenario de incertidumbre que erosiona la confianza pública y empresarial, debilitando la competitividad y el desarrollo.
El consultor concluyó que es vital actualizar el marco regulatorio, garantizar certificaciones anuales transparentes y establecer un sistema de información confiable que permita coordinar hidrocarburos y electricidad.
