Una nueva ingeniería institucional con roles claros, transparencia y acceso a información, seguridad jurídica, cambios en los contratos, nueva política de precios y gestión de mercados, y equilibrio fiscal entre Estado-empresa son los seis pilares de la propuesta de Fundación Jubileo para cambiar la Ley de Hidrocarburos.
Bolivia atraviesa la peor crisis energética de su historia. Desde hace 10 años, la producción de hidrocarburos está en caída, resultado de una política sectorial rentista, estatista y centrada en el gas natural; sumada a una deficiente gestión pública de 20 años. Esta situación ha llevado a que el país tenga que importar cada vez más hidrocarburos.
La crisis estructural del sector tiene su manifestación en el desabastecimiento de diésel y gasolina. Para cubrir la demanda interna, cada día se importan combustibles por cerca de 11 millones de dólares. Pero la situación podría conducir a la necesidad de importar GLP desde 2026 y gas natural desde 2028.
Institucionalización
YPFB asumió el rol de cabeza de sector que debería haber cumplido el Ministerio de Hidrocarburos y Energía; asimismo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos no tiene atribuciones en la ley para fiscalizar y controlar a YPFB. Existen inconsistencias entre la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 de 2005 y la Constitución Política del Estado vigente desde 2009.
Resulta fundamental realizar una reingeniería completa de la institucionalidad sectorial, definiendo roles claros para cada una de las entidades: Ministerio de Energía e Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH).
Transparencia
Pese al mandato de la Ley Nº 3740, que obligaba a YPFB a publicar semestralmente en su página web información referida a costos recuperables y diferentes variables que forman parte del cálculo de la retribución de las empresas petroleras y la participación de YPFB en las ganancias de los contratos de operación, las autoridades no dieron cumplimiento.
El Gobierno del expresidente Evo Morales se negó a publicar los contratos firmados en 2006, al igual que su sucesor, el ex presidente Luis Arce Catacora, cuya gestión se negó a publicar las adendas a los contratos de compra y venta de gas natural firmados tanto con Brasil como con Argentina. Por 20 años la transparencia y acceso a información pasó a depender de la buena o mala voluntad de la autoridad de turno.
La transparencia y acceso a la información pública debe ser un pilar fundamental de una nueva ley de hidrocarburos, con tres ejes principales: Incrementar y reforzar la transparencia de la gestión de los hidrocarburos; reconocer, garantizar y facilitar el acceso a la información para el pueblo boliviano; y establecer la obligatoriedad, con consecuencias en caso de incumplimiento.
Reservas
La última información oficial sobre certificación de reservas es de 2023. Al país le quedaban un total de 5,3 trillones de metros cúbicos de gas natural, de las que 4,5 TCF eran probadas. Y quedaban 107 millones de barriles de petróleo, de los cuales 93,7 eran reservas probadas. Hay que considerar que en ningún lugar del mundo se recupera el cien por ciento de las reservas.
Para incentivar inversiones en exploración y explotación es imprescindible otorgar seguridad jurídica a los operadores hidrocarburíferos, pero de un modo que contemple las garantías para el ordenamiento territorial de cada región y el resguardo de parques y áreas protegidas.
Producción
La caída de reservas por falta de exploración derivó en la consecuente caída de producción. La nueva ley debe establecer cambios en los contratos, con la obligación de reponer las reservas consumidas.
Asimismo, se propone incorporar cláusulas de equilibrio en los contratos de exploración y explotación, por las cuales, si algún aspecto jurídico es modificado y tiene un impacto negativo en la compañía petrolera, la cláusula establece que otro cambio será realizado para que esa empresa petrolera pueda volver al equilibrio económico inicial.
También debe establecerse la obligación de promover el contenido local mediante procesos de contratación de bienes producidos localmente, servicios y personal que fomenten los emprendimientos y el esfuerzo de la población donde se ubica el proyecto hidrocarburífero, siempre que cumpla con estándares de calidad requeridos.
Precios y mercados
Los tres principales mercados del gas natural boliviano fueron el interno, Brasil y Argentina. El consumo interno ha estado en crecimiento, con un precio de venta de 1,3 dólares el millón de BTU; valor muy bajo respecto a precios de exportación que hoy bordean los 6 dólares por millón de BTU. El contrato con Brasil acabará el 2027 y el país ya perdió el mercado de Argentina, a mediados de 2024.
Bolivia pasó de ser exportador neto de hidrocarburos a país importador. El déficit comercial entre exportaciones e importaciones del sector es de -1.235 millones de dólares a septiembre 2025, cifra desfavorable para el país, más aún en un contexto de falta de dólares e insostenibilidad de la subvención de precios para el consumo interno.
La próxima ley de hidrocarburos debe establecer una nueva política de precios que, en el caso del mercado interno, es una condición previa para avanzar en el desarrollo de mercados y de fuentes renovables.
Durante los últimos 23 años, Bolivia se limitó a la exportación de gas natural a Brasil y Argentina, el país debe buscar nuevos mercados en la región; así como el desarrollo de proyectos que anteriormente fueron desechados, como el de exportación de Gas Natural Líquido (GNL) desde un puerto en el Pacífico.
Equilibrio Estado-empresa
Como resultado de la Ley de Hidrocarburos 3058 y normas conexas, Bolivia recibió 46.000 millones de dólares, entre 2005-2024, por concepto de renta hidrocarburífera para el Estado, equivalentes a 82% del monto generado por el sector en ese periodo. Ese monto fue administrado tanto por el Gobierno central, como por gobernaciones, municipalidades, universidades y otros beneficiarios.
Ajustar el régimen fiscal es una necesidad para equilibrar la relación Estado-empresa y dar sostenibilidad al sector. El año 2023 el Estado boliviano se quedó con 92% de la renta hidrocarburífera dejando apenas 8% para las empresas petroleras, lo cual hace muy poco atractivo el sector para la inversión.
La nueva ley de hidrocarburos también deberá establecer lineamientos básicos sobre el uso de la renta hidrocarburífera en el marco del régimen autonómico vigente en el país, promoviendo fondos de desarrollo productivo y, fondos de ahorro y estabilización para el ámbito subnacional, con el objetivo de disminuir la dependencia fiscal y económica de la explotación de hidrocarburos, así como aminorar los efectos de las variaciones en los ingresos fiscales debido a cambios en los precios de comercialización o producción de hidrocarburos.
Bolivia necesita una nueva política energética, y una hoja de ruta de largo plazo, en la que la ley de hidrocarburos es uno de sus componentes esenciales.
