Sin un cambio profundo en las reglas de juego, Bolivia seguirá perdiendo competitividad y oportunidades. A propósito del momento electoral, tres expertos convergen en la urgencia de modernizar el marco fiscal, contractual y regulatorio, y de abrir el sector a la innovación y a alianzas estratégicas que combinen soberanía con eficiencia.
Bolivia enfrenta un momento decisivo en su política energética. Tres especialistas —Mario Ballivián, abogado corporativo experto en hidrocarburos y energía, Hugo de la Fuente, exsuperintendente de Hidrocarburos y consultor; y Claudia López, abogada experta en temas energéticos— coinciden en que la Ley de Hidrocarburos 3058, junto con la Ley 767, restringe la inversión y ya no responde ni al contexto global ni a la realidad del mercado interno.
Ballivián y López sostienen que el régimen fiscal actual es uno de los principales obstáculos para atraer inversión, especialmente en exploración. El sistema fijo de regalías y participación estatal, sumado al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otros gravámenes, desincentiva proyectos de alto riesgo. Ballivián propone un régimen progresivo que reduzca la carga en las fases iniciales y aumente la participación estatal conforme crezca la producción. López coincide y añade la necesidad de regalías variables y beneficios temporales ligados a producción incremental.
De la Fuente, por su parte, es más contundente: califica de inviable el actual “Government Take” boliviano, que en promedio alcanza el 80% —llegando al 90% en algunos campos— frente al 55% de Argentina, 53% de Brasil y 45% de Perú. Su propuesta es reducirlo a cerca del 50%, ajustando la participación estatal según el tamaño de las reservas.
Contratos flexibles
Los tres coinciden en la urgencia de modificar los contratos para compartir riesgos y beneficios. Ballivián plantea contratos mixtos en los que Estado y empresa co-inviertan en exploración, especialmente en áreas no tradicionales. López añadió que se deben incorporar esquemas de participación en utilidades y asociaciones público-privadas más modernas, eliminando rigideces constitucionales como las del Art. 359. De la Fuente propone descartar el modelo de “costos recuperables”, que —según advierte— ha derivado en burocracia costosa y poco eficiente, y reemplazarlo por fórmulas automáticas basadas en unidades de trabajo.
Ballivián y López coinciden en que la estabilidad regulatoria es clave para atraer capital de largo plazo. Ballivián propone cláusulas de estabilidad, un ente regulador independiente y mecanismos de arbitraje internacional, hoy limitados por la Constitución. López profundiza en el problema, señalando que la falta de seguridad jurídica se agrava por un sistema judicial politizado, la eliminación del CIADI en 2007 y el blindaje estatista de la CPE. En su visión, antes de reformar leyes sectoriales es imprescindible institucionalizar entes reguladores y empresas estratégicas, garantizando mandatos técnicos y autonomía frente a la coyuntura partidaria.
De la Fuente difiere parcialmente: sostiene que no se puede lograr estabilidad solo con leyes, sino que es necesario modificar la Constitución para permitir condiciones estándar de inversión, incluyendo arbitraje internacional y reglas claras para la participación privada.
Por otro lado, los tres expertos coinciden en que el papel de YPFB debe redefinirse. López señala que hoy la estatal actúa como juez y parte, concentrando funciones operativas y regulatorias que generan discrecionalidad. Propone que se limite a tareas estratégicas y de planificación, dejando la operación a empresas privadas bajo contratos claros. Ballivián coincide en la necesidad de una autoridad reguladora independiente que supervise incluso a YPFB.
De la Fuente propone un cambio más radical: permitir que las empresas privadas tengan voz y voto en la administración y el directorio de YPFB, con derecho a veto en decisiones clave, para evitar inversiones políticamente motivadas y sobrecostos, como los que atribuye a la planta de urea en el Chapare y ampliaciones de refinerías subutilizadas.
Tecnología
En este punto, los tres comparten la visión de abrir el marco legal a nuevas tecnologías y energías alternativas. Ballivián propone normas que impulsen la adopción de inteligencia artificial, blockchain, hidrógeno verde, biogás y captura de carbono. De la Fuente sugiere incorporar reservorios no tradicionales, plantas de licuefacción y regasificación, biocombustibles y cualquier innovación futura, siempre con contratosv flexibles y fórmulas de reparto automático de beneficios.
López, en cambio, plantea una ruta más estructurada: una Ley de Energías Alternativas como norma marco, que unifique políticas dispersas, incluya incentivos fiscales y financieros, y esté alineada con la Agenda 2030. Advierte que los avances, como la hoja de ruta del hidrógeno verde, han quedado estancados por falta de reglamentación.
López introduce un punto adicional que sus colegas no desarrollan: la agilización de procesos de licenciamiento ambiental. Propone un fast-track de 90 a 120 días para proyectos estratégicos, con silencio administrativo positivo, y regulación clara de compensaciones sociales y consulta previa para reducir conflictos y dar seguridad jurídica.
Hidrocarburos: entre la urgencia y el cambio
El físico y analista Francesco Zaratti reflexionó sobre el legado que deja el sector hidrocarburos en Bolivia tras 200 años de explotación. Dijo que este legado se traduce en un sentimiento de frustración por las oportunidades perdidas, especialmente en el uso del gas natural, debido a una mezcla de populismo, incompetencia y corrupción. Además, el sector genera una gran incertidumbre sobre el futuro energético del país.
Para que el sector siga contribuyendo al desarrollo, Zaratti insistió en superar mitos como el rentismo y la demagogia. El rentismo ha limitado la diversificación económica, dependiendo excesivamente de regalías hidrocarburíferas. El analista propone que los hidrocarburos deben ser un sector más dentro de una economía plural que incluya minería, agroindustria, generación eléctrica renovable, turismo y producción no tradicional.
Sobre el modelo energético, Zaratti recomienda adoptar un esquema regional basado en un clima de negocios transparente y normativas claras que atraigan inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. Además, aboga por mercados externos para monetizar reservas y la eliminación de subsidios universales que distorsionan el mercado interno.
Finalmente, para evitar quedar fuera del mapa energético regional, señaló la urgencia de garantizar seguridad energética, optimizar el uso del gas, potenciar fuentes renovables y recuperar la confianza de inversores internacionales. Resalta la necesidad de restructurar empresas estatales como YPFB y YLB, con autoridades electas y control social, para asegurar un sector hidrocarburífero moderno y sostenible.
