Plantean cinco prioridades: intervenir campos maduros, actualizar leyes, impulsar proyectos NOC, diversificar energías y crear reglas claras para atraer inversión privada.
El escenario energético internacional vuelve a poner sobre la mesa la pregunta: ¿qué condiciones necesita el país para atraer capital, recuperar producción y resolver con mayor rapidez sus problemas de abastecimiento de combustibles? Para Yaroslav Ruiz, ex presidente de la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE), la respuesta pasa por cinco acciones prioritarias que permitan recuperar la actividad hidrocarburífera y, al mismo tiempo, avanzar hacia una matriz energética más diversificada.
Su análisis toma como referencia los dos foros energéticos en los que participó recientemente y el debate generado por el acuerdo anunciado entre Estados Unidos y Venezuela para facilitar el acceso a recursos petroleros de ese país.
Rystad Energy, una empresa de investigación y análisis de inteligencia energética fundada en Noruega, que provee datos y consultoría global sobre petróleo, gas, energías renovables y transición climática; señaló que el acuerdo contempla nueve proyectos de rehabilitación de yacimientos existentes y ocho proyectos de nueva construcción. Los campos maduros representan una vía más rápida para recuperar producción debido a que ya cuentan con pozos, instalaciones e infraestructura.
Para Ruiz, esa experiencia plantea una primera prioridad para Bolivia: identificar pozos candidatos para campañas agresivas de intervención en campos maduros. La recuperación de producción existente permitiría aprovechar infraestructura disponible y acortar los tiempos frente a proyectos exploratorios de mayor duración.
La segunda prioridad apunta al marco normativo. Ruiz plantea acelerar, de manera transversal y paralela, la actualización de las leyes que regulan la inversión energética público-privada, entre ellas la Ley 767 de Promoción de Inversión en Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos 3058 y la Ley de Electricidad 1604, adecuándolas a las condiciones actuales del sector.
El tercer eje consiste en visualizar proyectos bajo esquemas NOC, tomando como referencia áreas estratégicas como los campos Miraflores y Montecristo. El objetivo es generar nuevos proyectos que permitan ampliar la actividad y movilizar inversiones.
La cuarta prioridad trasciende los hidrocarburos y plantea desarrollar energías emergentes, incluyendo proyectos eólicos, solares, geotérmicos, de biomasa, bioenergía, hidráulicos y de biocombustibles. Para Ruiz, diversificar la matriz resulta fundamental ante los desafíos actuales de abastecimiento energético.
Finalmente, propone establecer mesas técnicas público-privadas que permitan construir reglas claras para la inversión en el sector energético desde tres dimensiones: económica, jurídica y energética.
El caso venezolano también deja una lección sobre la importancia de las condiciones para atraer capital de largo plazo. Rystad advirtió que, además de términos fiscales competitivos, los inversionistas requieren certeza sobre el cumplimiento de los contratos en el tiempo.
Para Bolivia, Ruiz considera que la combinación de recuperación de campos maduros, actualización normativa, nuevos esquemas de inversión, diversificación energética y reglas claras puede constituir una hoja de ruta para enfrentar el desafío de los combustibles y crear condiciones para una nueva etapa de inversión energética.
