Bolivia necesita reconstruir las condiciones económicas, contractuales e institucionales que permitan que la exploración vuelva a ser una alternativa competitiva.
La industria enfrenta una ecuación cada vez más difícil: la necesidad urgente de reponer reservas y elevar la producción coincide con un entorno que todavía no ofrece suficientes certezas para comprometer capital de largo plazo.
Para Iver Von Borries, director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), el desafío no pasa únicamente por aprobar una nueva normativa. Bolivia necesita reconstruir las condiciones económicas, contractuales e institucionales que permitan que la exploración vuelva a ser una alternativa competitiva frente a otros mercados de la región.
El primer requisito es la seguridad jurídica. Para el director de la Cámara, esta no puede reducirse a la existencia de leyes, sino que debe traducirse en señales consistentes del Estado y en la certeza de que los contratos serán respetados durante toda la vida de los proyectos.
En una actividad intensiva en capital, con inversiones que pueden extenderse durante décadas y con un elevado riesgo exploratorio, esa previsibilidad resulta determinante. Las empresas deben conocer de antemano cómo recuperarán sus inversiones, bajo qué reglas comercializarán su producción y cuáles serán las condiciones fiscales y regulatorias durante el desarrollo de los proyectos.
“El inversionista debe tener una probabilidad razonable de recuperar su inversión y obtener un retorno acorde con el riesgo asumido”, plantea Von Borries.
El segundo elemento es económico. La CBHE considera necesaria una revisión de la carga fiscal efectiva o government take, con el objetivo de lograr un equilibrio entre la renta que corresponde al Estado y una rentabilidad suficiente para atraer capital privado.
La discusión adquiere relevancia porque la exploración petrolera implica asumir riesgos elevados antes de conocer si un proyecto será comercialmente exitoso. Por ello, un régimen fiscal rígido puede convertir áreas con potencial geológico en oportunidades que no llegan a desarrollarse.
La propuesta del sector apunta a construir un sistema de incentivos que combine herramientas fiscales, contractuales y operativas. Entre ellas figuran incentivos específicos para la exploración, recuperación prioritaria de determinadas inversiones, depreciación acelerada, créditos o deducciones vinculados a la actividad exploratoria y condiciones especiales para áreas de frontera o de mayor riesgo.
También plantea facilitar el acceso a bienes y servicios destinados a la exploración y establecer reglas claras para la recuperación de costos.
La experiencia regional demuestra que la competencia por capital energético no se limita a las tasas impositivas. Argentina, por ejemplo, ha buscado atraer inversiones de gran escala mediante un esquema que incorpora beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios junto con estabilidad regulatoria. Brasil, por su parte, utiliza tratamientos especiales para determinados bienes vinculados a la exploración y producción.
La conclusión para Bolivia es que el incentivo no necesariamente debe traducirse en una exención tributaria. Puede ser, incluso, la certeza de que las condiciones que hicieron viable una inversión permanecerán vigentes una vez comprometido el capital.
Bon Vorries reconoce que existen señales positivas desde el Gobierno, como modificaciones al régimen de incentivos y esfuerzos para acelerar la contratación y reactivar la exploración. Sin embargo, considera que todavía no son suficientes para eliminar el riesgo país que perciben los inversionistas.
El sector identifica tres señales que serán determinantes para cambiar esa percepción: el respeto y cumplimiento efectivo de los contratos existentes; una mejora estructural de la rentabilidad de los nuevos proyectos; y un marco institucional estable y previsible.
En otras palabras, el mercado observará no solo qué dice una nueva ley, sino cómo actúa el Estado frente a las obligaciones ya asumidas.
Ese punto es especialmente sensible en un momento en que las empresas afiliadas a la CBHE reclaman al Gobierno obligaciones pendientes.
Para el sector, el cumplimiento de esos compromisos tiene una dimensión que excede la relación financiera entre empresas y Estado: afecta la confianza necesaria para atraer nuevas inversiones.
La exploración requiere además una visión de largo plazo. Bolivia todavía dispone de áreas y oportunidades que podrían desarrollarse si mejora la ecuación económica. El reto, sostiene la Cámara, consiste en transformar el potencial geológico en reservas económicamente desarrollables y, posteriormente, en producción.
El tiempo juega en contra. La declinación de los campos existentes ha reducido progresivamente la producción nacional y, con ella, la capacidad de exportación y generación de divisas.
Por eso, la discusión sobre una nueva Ley de Hidrocarburos adquiere una dimensión estratégica. Para que sea efectiva, deberá traducirse en condiciones capaces de movilizar capital, tecnología y conocimiento.
Bolivia debe conseguir que el capital esté dispuesto a buscarlo. Y para ello, la señal más importante no será una promesa de inversión, sino la capacidad del país de ofrecer rentabilidad, estabilidad y confianza durante los próximos 20 o 30 años.
La deuda que también pesa sobre la inversión
A través de una carta, la CBHE señaló que el Estado tiene obligaciones pendientes que superan los $us 300 millones, afectando la liquidez de las compañías y elevando la percepción de riesgo sobre futuros proyectos.
Ante esta situación, solicitó una reunión urgente con el ministro del área, para abordar el pago de las obligaciones, el cumplimiento de los contratos y las medidas necesarias para recuperar la confianza empresarial.
Para el sector, el problema trasciende el monto adeudado. La principal preocupación es la previsibilidad financiera y contractual. Las inversiones hidrocarburíferas requieren grandes capitales y tienen retornos de largo plazo, por lo que las empresas necesitan certeza sobre las condiciones de pago y el respeto a los acuerdos establecidos.
La Cámara también cuestiona eventuales modificaciones a las condiciones pactadas, particularmente en aspectos vinculados con la moneda y las modalidades de pago. Cualquier cambio incrementa la incertidumbre y puede afectar la evaluación financiera de nuevos proyectos.
El escenario adquiere mayor relevancia mientras Bolivia busca atraer capital para incrementar la exploración y compensar la declinación de sus campos productores. Para los inversionistas, las condiciones futuras no se analizan de manera aislada: también pesan los antecedentes del Estado en el cumplimiento de sus compromisos vigentes.
En este contexto, la deuda superior a $us 300 millones representa una señal para el mercado. Resolverla permitiría mejorar la confianza y reducir la percepción de riesgo, mientras que prolongar los pagos podría encarecer el financiamiento y dificultar la llegada de capital.
Conforme expresó el director ejecutivo de la Cámara, Iver Von Borries, una nueva ley ya no es suficiente. Si bien reactivar la exploración debe convertirse en una prioridad nacional, honrar las obligaciones pendientes es una condición indispensable para reconstruir la confianza de los inversionistas.
CBHE cumple 40 años
Por otro lado, la institución cumplió este mes de agosto, cuatro décadas acompañando la transformación de la industria, desde el desarrollo de la actividad hidrocarburífera hasta la expansión del gas natural, el crecimiento de las exportaciones y una etapa de elevada generación de renta para el Estado. Según datos de la Cámara, desde 2006 la actividad hidrocarburífera generó aproximadamente $us 60.000 millones de renta petrolera.
El escenario actual es muy diferente. La producción de gas natural cayó desde el máximo histórico de 60,8 millones de metros cúbicos diarios (MMMCD) en 2014 hasta alrededor de 27 MMMCD.
En coincidencia con los distintos analistas del sector, la CBHE advirtió que Bolivia podría perder su autosuficiencia y convertirse en importador de gas natural entre 2028 y 2030 si no se adoptan medidas para revertir la tendencia.
El desafío exige inversiones de gran escala. Un pozo exploratorio puede demandar alrededor de $us 100 millones, mientras que solo dos o tres de cada diez perforaciones pueden resultar exitosas. En ese contexto, la Cámara plantea revisar la ecuación económica y encontrar un equilibrio entre la renta estatal y el retorno necesario para atraer capital.
De este modo, Bolivia debe recuperar reservas, atraer inversión, incorporar tecnología y avanzar hacia una matriz energética más diversificada.
